ONG advierte sobre aumento de violencia de género en el país

La Comisión de Derechos Humanos y Ciudadanía (Codehciu), una ONG, en su reciente informe sobre el monitoreo de la violencia de género, instó al gobierno venezolano a crear espacios de acogida, capacitar a los agentes de justicia en derechos humanos, así como adoptar políticas de tolerancia cero en instituciones ante cualquier vulneración de niñas, adolescentes y mujeres.

Según monitoreo realizado entre septiembre de 2021 y abril de 2022, Codehciu registró 260 manifestaciones de violencia de género en siete municipios de Bolívar.

Asimismo, Caroní registró el índice más alto con unas 132 víctimas. Angostura del Orinoco ocupa el segundo lugar con 103; mientras que Gran Sabana tiene 10, ocupando el tercer lugar.

Datos sobre violencia de género

La ONG recopiló datos gracias al seguimiento realizado en los medios de comunicación, así como en las redes sociales y los casos presentados en las oficinas de la Codehciu.

Asimismo, la alerta se presentó luego de constatar un aumento drástico en los casos de violencia contra la mujer, en particular, en los primeros cuatro meses de este año.

Al menos 80 mujeres, niñas y adolescentes fueron víctimas de agresiones físicas, muchas con heridas graves y contusiones en el rostro por golpes y penetración con objetos cortantes.

La violencia psicológica más frecuente

El informe mostró que «el abuso emocional fue uno de los más comunes». Aunque alertó a unas 40 víctimas de violencia sexual, entre ellas 10 niñas y adolescentes de entre 1 y 14 años, en el estado Bolívar. Así como 5 feminicidios entre septiembre de 2021 y abril de 2022.

Uno de los casos destacados en el informe es el de Karla Rivero, de 21 años, quien fue asesinada por su pareja en septiembre del año pasado frente a sus familiares.

Ese mismo mes, la cabeza de Jersis Fernández, de 25 años, fue encontrada en un bolso. Un asesinato a manos de una banda criminal. Fernández dejó tres hijos menores.

Las otras víctimas fueron Yris del Carmen Lee Tang (55), Aixa Castellanos Baraja (57) y Vanessa Pérez (31).

Caso Monagas

Monagas, por su parte, durante el mismo período registró 24 víctimas de 32 actos de violencia de género, principalmente agresiones físicas (14). De igual forma, Codehciu ha registrado 3 feminicidios en este estado.

Uno de los casos es el de Laura Rodríguez, de 14 años, quien recibió un disparo en la cara por parte de un vecino. Según el informe de la ONG, “el cuerpo de otra adolescente de 15 años fue encontrado en las aguas del río Morichal el 14 de septiembre de 2021. La joven fue violada por Robert Alexander Aragol. Quien, junto con la hermana mayor de la víctima, la estrangularon, violaron y arrojaron su cuerpo al río para pretender ahogarse accidentalmente.

Inés María Tocuyo, es el tercer caso de feminicidio asesinado por un hombre con arma de fuego, mientras sostenía a su bebé en brazos.

Violencia de género en el Delta Amacuro

Durante ocho meses, Codehciu destacó 14 víctimas de 19 ataques por género en Delta Amacuro. Entre las parroquias se encuentran José Vidal Marcano, San Rafael y Monseñor Argimiro García de Espinoza, en Tucupita.

Irma García, una mujer indígena (warao) de 37 años, fue uno de los casos identificados por la organización en su informe. El cuerpo de esta mujer fue encontrado con signos de abuso sexual.

Ante problemas sociales y cifras alarmantes, la ONG dio recomendaciones al Estado para actuar en estos casos:

• Investigar las causas estructurales que llevan a las niñas, adolescentes y mujeres a ejercer la prostitución, el sexo de supervivencia o el sexo transaccional.
• Identificar las vulnerabilidades que hacen susceptibles a las niñas, adolescentes y mujeres a las redes internas y externas de trata.
• Brindar asistencia legal y psicológica gratuita a niñas y mujeres víctimas de la trata y crear albergues especiales para ellas.
• Incluir debidamente la perspectiva de género en los planes de estudios.
• Intensificar los esfuerzos para reducir la mortalidad materna.
• Modificar su legislación para despenalizar el aborto en casos de violación, incesto, riesgo para la salud de la madre y riesgo de malformaciones graves del feto. Eliminar las medidas punitivas para las mujeres que se someten a esta práctica y garantizar la disponibilidad de servicios de interrupción del embarazo.