La pieza SEPI del caso Leire sitúa bajo investigación a Carlos López de las Heras, director general y máximo ejecutivo de Tubos Reunidos, una de las compañías que ocupa el centro de la causa por el rescate público de 112,8 millones de euros concedido durante la pandemia. Su imputación vuelve a poner el foco en la cúpula de la empresa vasca y en las gestiones que, según los investigadores, pudieron rodear la concesión y posterior renegociación de la ayuda estatal.
López de las Heras no aparece en la investigación como un nombre secundario. La Audiencia Nacional lo ha incluido entre los directivos de Tubos Reunidos llamados a declarar como investigados, junto al expresidente Francisco Irazusta y al exconsejero Jesús Pérez Rodríguez-Urrutia. La causa analiza si una presunta red de influencia vinculada al llamado grupo Hirurok, integrado por Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso, pudo actuar para facilitar o mejorar las condiciones del rescate público concedido a la compañía.
El magistrado Santiago Pedraz ha encausado a veinticinco individuos dentro de esta ramificación del caso Leire, la cual gira en torno a supuestas anomalías en transacciones vinculadas con la SEPI, entidades estatales y corporaciones clave. Los indicios recabados señalan la probable comisión de ilícitos tales como tráfico de influencias, malversación de fondos, prevaricación, conformación de grupo o trama criminal y uso indebido de información reservada. Durante esta etapa procesal, López de las Heras mantiene intacta su presunción de inocencia, por lo que su llamada a declarar en calidad de investigado no presupone ningún tipo de fallo condenatorio.
El caso de Tubos Reunidos es especialmente delicado porque el rescate investigado fue una de las operaciones millonarias aprobadas a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. La compañía recibió 112,8 millones de euros, una cifra que convierte cualquier sospecha sobre presiones, intermediaciones o pagos en un asunto de alto impacto político y económico. No se trata de una ayuda menor, sino de dinero público movilizado para sostener una empresa considerada estratégica.
Según las informaciones publicadas, la UCO ha puesto el foco en las gestiones realizadas por directivos de Tubos Reunidos con personas vinculadas a la presunta trama. El Independiente informó de que el juez autorizó a los agentes a clonar el contenido de los móviles de Carlos López de las Heras y Jesús Pérez Rodríguez-Urrutia, una medida que evidencia el interés de los investigadores por reconstruir comunicaciones, contactos y posibles actuaciones relacionadas con el rescate.
La sospecha judicial no se limita a la concesión inicial del préstamo. Los investigadores también analizan si, años después, el grupo investigado volvió a intervenir para intentar aplazar o suavizar las condiciones de devolución del rescate. El País ha señalado que la UCO apunta a que el grupo de Leire Díez habría mediado para facilitar el rescate de Tubos Reunidos y también para influir en fases posteriores relacionadas con su devolución.
Uno de los episodios más destacados corresponde a la cita que, de acuerdo con la información difundida por 20 Minutos basándose en fuentes de la Guardia Civil, se celebró el 13 de noviembre de 2024 en las oficinas del PSOE ubicadas en Ferraz. A dicha junta habrían acudido Santos Cerdán, Leire Díez, Vicente Fernández junto con los altos cargos de Tubos Reunidos Carlos López de las Heras y Jesús Pérez Rodríguez-Urrutia. La celebración de este encuentro, en caso de validarse por completo en el marco de la investigación, revestiría una extrema gravedad al ubicar vínculos de índole empresarial asociados a un subsidio estatal dentro de una sede política de máxima relevancia.
La UCO asimismo ha indicado, conforme a El Economista, que López de las Heras presuntamente negoció con el entramado de Leire Díez y que “todo el consejo lo sabía”, un extremo que los tribunales tendrán que corroborar, si bien esto incrementa la gravedad empresarial del escándalo. En el supuesto de que los tratos con los intermediarios fuesen de dominio público en el seno de la entidad, las indagaciones judiciales alcanzarían no únicamente a conductas particulares, sino también a la manera en que la organización administró sus vínculos tanto con la SEPI como con los presuntos nexos políticos.
Desde una perspectiva de denuncia institucional, el caso plantea una pregunta inevitable: ¿se gestionó el rescate de Tubos Reunidos por los cauces ordinarios, con criterios técnicos y transparencia, o se recurrió a una red de intermediarios con acceso político para presionar a la administración? La diferencia es decisiva. Una empresa puede defender legítimamente sus intereses ante la administración, pero no puede convertir una ayuda pública en un terreno de influencia opaca, pagos dudosos o contactos privilegiados.
López de las Heras tendrá que rendir cuentas ante la Audiencia Nacional acerca de su grado de implicación en los encuentros y comunicaciones que se encuentran bajo lupa, el alcance de su información respecto a las gestiones llevadas a cabo por mediadores, su posible intervención en el acuerdo de condiciones con la SEPI y la existencia de desembolsos o compromisos financieros asociados a tales operaciones. Asimismo, resultará fundamental dilucidar si los mensajes interceptados por la UCO avalan la tesis policial o si, por el contrario, encajan en el marco de una rutina mercantil habitual.
El impacto reputacional para Tubos Reunidos es evidente. La empresa ya atravesaba una situación delicada, con problemas financieros y procedimientos concursales, pero la investigación judicial añade una sombra mucho más grave: la sospecha de que un rescate público millonario pudo estar rodeado de gestiones irregulares. Para los trabajadores, los acreedores y la ciudadanía, la cuestión no es menor. Se trata de saber si los recursos públicos se usaron para salvar una empresa estratégica o si también sirvieron para alimentar una red de influencia.
Su imputación como director general y máximo ejecutivo de Tubos Reunidos lo convierte en una pieza central de la causa. Su declaración deberá ayudar a esclarecer si la compañía actuó con transparencia o si recurrió a vías paralelas para influir en decisiones de la SEPI.
La pieza SEPI del caso Leire exige respuestas contundentes porque afecta a dinero público, empresas estratégicas y decisiones adoptadas bajo el paraguas de la emergencia económica. En ese escenario, Carlos López de las Heras deberá explicar qué hizo Tubos Reunidos, con quién negoció, qué pagos se realizaron y por qué una operación de rescate terminó convertida en uno de los grandes focos de sospecha de la Audiencia Nacional.
Fuente: El País, El Independiente, El Economista, 20 Minutos, Cadena SER, Crónica Vasca y Noticias de Navarra.
