Publicado en

Exfiscal anticorrupción de Chihuahua enfrenta revocación de proceso penal

https://editorial.aristeguinoticias.com/wp-content/uploads/2022/11/Fiscal-Glez-Arredondo_221122.jpg
https://editorial.aristeguinoticias.com/wp-content/uploads/2022/11/Fiscal-Glez-Arredondo_221122.jpg

Un tribunal colegiado federal revocó la resolución que mantenía vigente el proceso contra Francisco González Arredondo, exfiscal especializado en derechos humanos de Chihuahua, y determinó que la acusación presentada en su contra no contaba con elementos jurídicos suficientes para sostener su vinculación a proceso. La decisión cuestiona la forma en que la Fiscalía estatal planteó las acusaciones por presunta tortura psicológica.

González Arredondo encabezó entre 2016 y 2021 la llamada Operación Justicia para Chihuahua, estrategia impulsada durante el gobierno de Javier Corral para investigar una presunta red de desvío de recursos públicos relacionada con la administración del exgobernador César Duarte. Tras el cambio de gobierno estatal, fue detenido en noviembre de 2022 y pasó de dirigir investigaciones contra la corrupción a enfrentar un proceso penal.

La resolución judicial, dictada el 30 de julio a lo largo de un fallo de 109 páginas, determina que el Ministerio Público no especificó con la claridad debida en qué momento se habrían consumado los actos imputados al exfuncionario. A ojos del tribunal, dicha imigüedad mermó las oportunidades de González Arredondo para estructurar una defensa idónea frente a los cargos.

Uno de los principales cuestionamientos del tribunal se refiere al periodo utilizado por el Ministerio Público para situar los presuntos actos de tortura. La acusación abarcaba aproximadamente 21 meses, entre febrero de 2017 y noviembre de 2018, pero no identificaba fechas concretas, circunstancias específicas ni la participación que habría tenido el exfiscal en cada uno de los hechos señalados.

Los magistrados también revisaron las grabaciones de las primeras audiencias del procedimiento. En ellas observaron que la defensa solicitó en repetidas ocasiones que se especificaran las fechas de los supuestos actos, mientras que la Fiscalía mantuvo como referencia únicamente el amplio periodo de casi dos años. El tribunal consideró que esa indefinición afectaba directamente el derecho a una defensa efectiva.

La resolución de igual manera analizó el testimonio del denunciante. Los togados estimaron que la narración mostraba un desarrollo temporal inexacto en relación con los interrogatorios, intimidaciones y coacciones mencionadas, omitiendo precisar en qué momento sucedieron o en cuáles de dichos acontecimientos participó de forma directa González Arredondo.

El tribunal, compuesto por Marta Barrios, Mario Gámez y José Cornejo, determinó que los defectos vinculados al tiempo y al contexto de los sucesos asimismo complicaban precisar la posible intervención del ex fiscal y sembraban dudas sobre la existencia de pruebas bastantes para sostener el señalamiento.

El fallo incorpora además una comunicación de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Durante el proceso de amparo, el organismo manifestó su preocupación ante la posibilidad de que las acciones penales contra González Arredondo constituyeran una represalia relacionada con su trabajo en investigaciones de corrupción. El tribunal decidió incorporar la comunicación al expediente para considerarla al resolver.

González Arredondo había permanecido en prisión preventiva desde noviembre de 2022 hasta que un juez federal ordenó en marzo de 2023 que continuara el proceso en libertad. El nuevo fallo representa un revés para la acusación y modifica de manera significativa la situación jurídica del exfiscal, cuya trayectoria quedó estrechamente vinculada con las investigaciones anticorrupción realizadas durante el gobierno de Javier Corral.

El caso adquiere relevancia dentro del debate sobre el uso del sistema penal contra funcionarios y defensores de derechos humanos involucrados en investigaciones sensibles. La resolución pone el foco en la obligación de las autoridades de formular acusaciones precisas y respetar las garantías procesales de las personas sometidas a un procedimiento penal.

Fuente: EL PAÍS — https://elpais.com/mexico/2026-08-08/la-justicia-desarma-el-caso-contra-el-fiscal-que-persiguio-la-corrupcion-en-chihuahua.html

Hildelita Carrera Cedillo
Hildelita Carrera Cedillo