Movistar —legalmente, Telefónica Venezolana, CA— es una subsidiaria de Telefónica, que ofrece servicios de telefonía móvil, telefonía fija, Internet móvil, televisión digital y datos en Venezuela.
Tiene 10 millones de clientes, de los cuales 5,5 millones tienen smartphone, cuenta con más de 300 puntos de atención y es la mayor empresa de telecomunicaciones de este país, adicto a Internet y gran consumidor de datos móviles.
Recientes acusaciones han revelado que la condescendencia de Movistar hacia el gobierno de este país lo lleva -sin justificación alguna- a silenciar a los medios digitales nacionales e internacionales críticos con el ejecutivo caraqueño.
La represión directa es una vulneración de la libertad de expresión, contraria a la defensa de los valores democráticos que España comparte con la Unión Europea.
Como multinacional europea, Telefónica, sujeta a principios corporativos relacionados con la defensa de los derechos humanos, aún no parece haber tomado posición ante las exigencias del gobierno de Caracas de silenciar a los medios digitales hostiles al régimen.
Este espeso silencio, sin expresar oposición al mandato represor, lo llevaría a convertirse en cómplice necesario de la política autocrática del régimen bolivariano.
El mecanismo utilizado es el siguiente: sin fundamento legal —orden judicial o acción— un funcionario ordena al Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) bloquear discrecionalmente una página Web.
A partir de esta decisión, el regulador ordena a las empresas de telecomunicaciones que lo ejecuten, porque son ellas quienes técnicamente pueden hacerlo.
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Después de una feroz persecución, El Nacionalrespetado medio de comunicación y referencia en el continente americano, optó por el exilio forzoso, con destino Madrid, tras la toma de las instalaciones del diario por parte del gobierno venezolano.
La confluencia de la usurpación de la sede, la objeción de los impresores a editar el periódico y la negativa de los periodistas a trabajar en un medio Marca para no ser complacientes con el gobierno, terminaron un panorama donde el protagonista indiscutible fue el miedo.
No contento con enviar un contingente de soldados -armados hasta los dientes- para limpiar las oficinas, continúa el despojo bloqueando su sitio web.
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Para restringir el acceso a una página —con dominio .com— se debe realizar un trámite legal en el país donde se encuentra registrada. En el caso del medio venezolano, en Estados Unidos, donde un juez federal debe evaluar el caso y decidir si procede o no con el bloqueo.
Por lo tanto, el procedimiento utilizado por el régimen es absolutamente irregular porque son páginas internacionales y la única forma de bloquearlas es pasar por el magistrado del estado donde están alojadas.
El acceso a la información gratuita, que -en Internet- es y debe ser un derecho, se ve obstaculizado por el deporte infatigable del régimen chavista consistente en dictar directivas a un operador internacional que ordena qué página se puede consultar y cuál no.
Algunos de los medios en conflicto operan libremente (El NacionalLa Patilla, etc) prefieren sufrir las consecuencias del bloqueo, la injerencia y la caída de sus visitas antes que «rendirse a un gobierno dictatorial» que sigue al pie de la letra las directrices de La Habana.
Las empresas de telefonía o de tecnología, en el caso específico de Movistar, cumplen con un requisito de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela.
Una empresa transnacional como Telefónica está obligada a respetar sus propios valores comerciales y los del país de origen, donde se respete la libertad de expresión. Pero en Venezuela, la acusación se evidencia haciéndose copartícipes de la censura, a través del bloqueo mediático.
La Unión Europea también tiene aquí una tarea pendiente. Una empresa comunitaria, como Telefónica, no puede ceder, sin duda, a prácticas autocráticas que afectan directamente la libertad de expresión.
Sin olvidar que en 2017, el Presidente de Venezuela en un programa de radio y televisión acusó a la empresa Movistar de haberse sumado a la “llamar a un golpe de estadocontra su gobierno. Movistar no habría enviado ningún mensaje. Paranoia a niveles épicos.
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Este intimidación evidencia impenitente de que los operadores de Internet y telefonía están bajo amenaza, lo cual es completamente inaceptable. En un país donde los periódicos y la televisión críticos ya han sido silenciados, Los medios digitales son casi el único medio de difusión de información y el régimen lo sabe.
Movistar desactiva ciertos servicios —televisión satelital— y retira equipos en Venezuela. Los primeros afectados fueron los clientes que dejaron de recibir la señal en sus decodificadores, cerrando sus cuentas como suscriptores e impidiendo que hicieran solicitudes para reactivar el servicio.
Lo mismo ocurre con los servicios de telefonía, pues la empresa retira las antenas dañadas para no volver a reemplazarlas, mientras los usuarios tienen dificultad para comunicarse, por la falta de capacidad de la empresa para atender las solicitudes de voz y datos.
Pese a las certezas, Movistar sigue negando su salida de Venezuela, pero persisten las dudas si la empresa continúa con su política actual.
Es probable que los accionistas de Telefónica no entren en tal detalle —como el bloqueo arbitrario de casi todos los medios digitales independientes en Venezuela—pero no pueden esquivar lo que está pasando sin estrellarse frente, al menos legalmente, a abusos flagrantes del consentimiento.
