(CNN Español) — En otro intento del gobierno argentino por contener la inflación, el Ministerio de Comercio lanzó el 1 de junio otro acuerdo de precios: Precios de Barrio Justo. La iniciativa ofrece una canasta de productos en los comercios locales.
El programa ofrece a valorar una lista de más de 100 artículos de consumo diario, que incluye alimentos, lácteos, bebidas, higiene personal y limpieza. Los precios de la canasta se mantendrán hasta el próximo 15 de julio, con una pauta de renovación del 3,8% prevista para esa fecha.
A diferencia del convenio actual, la reciente medida pretende acercar el abastecimiento de góndolas a las tiendas de conveniencia y autoservicio. Hasta ahora, los precios justos (simplemente secos) solo se han dirigido a las grandes cadenas de supermercados.
Este es un acuerdo voluntario entre el Estado Nacional y las empresas mayoristas, distribuidoras y de bienes de consumo. 30 proveedores y ocho supermercados mayoristas que abastecerán a los minoristas son parte de la negociación. De esta forma, los comercios de barrio podrán ofrecer los productos a los consumidores a precios sugeridos y con una rentabilidad razonable, según un comunicado emitido por la Secretaría.
En Argentina, la inflación es un problema que no tiene solución. En abril, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) registró un alza de precios de 8,4%, alcanzando los 108,8 puntos porcentuales el año pasado. En la categoría de alimentos, la cifra es aún más preocupante: sólo el mes pasado, el aumento fue del 10,1%.
Según indica el Gobierno, el objetivo de la medida “es reactivar el consumo en tiendas y autoservicios y reducir la brecha de precios que existe entre los distintos canales de venta”. Los consumidores podrán encontrar la oferta detallada de productos por localidad en la página de precios de feria de barrio y reportar faltantes a la siguiente dirección de correo electrónico: preciosjustos@comercio.gob.ar.
En 2022, el Ministerio de Economía presentó este programa que dio continuidad a Precios Cuidados, una política pública antiinflacionaria impulsada en 2014 bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y que ha continuado, en sus distintas versiones, desde entonces.
