(CNN Español) — Un juez federal argentino emitió el martes órdenes de arresto de Interpol contra cuatro ciudadanos libaneses por su presunta participación en el ataque de 1994 contra la Asociación Mutual Israelí Argentina (AMIA).
La orden de captura, compartida este miércoles por el tribunal del juez Daniel Eduardo Rafecas a CNN, explica que tres de los cuatro hombres probablemente residen en Paraguay o Brasil -o tienen o han tenido residencia y documentos emitidos en esos países-, y que su detención se les pidió que declararan, porque «en principio, habrían colaborado en las acciones realizadas para llevar a cabo el atentado».
“Sobre estas personas existen fundadas sospechas de que sean colaboradores o agentes operativos de (…) el brazo armado de Hezbolá”, agrega el documento remitido a Interpol.
Hezbollah es considerado por Estados Unidos como un grupo islamista extremista y está en su lista de organizaciones terroristas.
AMIA le dijo a CNN el miércoles que su presidente estaba de viaje fuera del país y que “en este momento no vamos a comentar sobre la orden que se ha hecho pública”.
El atentado a la Asociación Mutual Israelí Argentina fue un atentado terrorista con coche bomba ocurrido en Buenos Aires el 18 de julio de 1994, que dejó 85 muertos y unos 300 heridos.
La investigación del ataque ha seguido un camino accidentado y en ocasiones ha estado en el centro de disputas políticas y legales en Argentina, incluso por acusaciones de que el estado iraní puede ser responsable de acciones atribuidas a Hezbolá.
Irán ha negado su responsabilidad en el hecho, aunque en 2006 los tribunales argentinos solicitaron la captura de varios funcionarios iraníes por su presunta conexión con la organización del ataque. En 2013, durante la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, Argentina e Irán firmaron un memorándum para realizar una investigación conjunta sobre el episodio iraní, acuerdo por el cual la entonces presidenta y sus funcionarios de gobierno han sido acusados de traición a la patria. y sus ayudantes siempre despedidos hasta que el caso fue sobreseído por el propio juez Rafecas y una sala de apelaciones. El acuerdo con Irán fue declarado inconstitucional por los tribunales argentinos y nunca entró en vigor.
Agustín Milic contribuyó a este despacho.
