Uno de los fenómenos más perversos que ha generado el militarismo en Venezuela desde su reaparición en 1999, y que se ha acentuado en su actual modalidad madurista, es el de la antropomorfización del Estado.
Cuando hablamos de antropomorfización ―término que proviene de 2 palabras griegas,‖antroposque significa humano, ytransformarsesignificado forma― se refiere al intento de personificar o atribuir características humanas a abstracciones y objetos inanimados.
En esencia, el estado es una abstracción. Desde sus inicios en los siglos XVI y XVII hasta su evolución actual, el Estado es una forma de organización social que se apoya en un territorio determinado, tiene una estructura propia y ejerce control sobre él a través de organizaciones creadas para tal fin. Así, el Estado se construye cuando la sociedad organizada decide dar forma jurídica a lo ya existente, creando leyes e instituciones encargadas de aplicarlas, con el fin de regular la conducta de sus ciudadanos y viabilizar la convivencia humana.
San Agustín habló del Estado como «una reunión de hombres dotados de razón y obligados por la participación común de las cosas que aman”. Y el jurista holandés Hugo Grotius lo describió como «la asociación perfecta de hombres libres, que tienen su propio territorio y una organización política específica, unidos para disfrutar de sus derechos y para el bien común”. Pero más allá de sus funciones, ya sea la preservación de los derechos individuales (modalidad de estado liberal), la garantía de la igualdad jurídica y democrática de todos los ciudadanos (modalidad de estado de derecho) o la promoción del bienestar social y la economía de los pueblos (modalidad de estado social). ). o estado de bienestar), lo cierto es que el estado engloba y representa a toda la nación. En efecto, una cosa es “el Estado” y otra el “gobierno”, que es la autoridad encargada, con carácter temporal, de dirigir y administrar las instituciones del Estado.
Por eso mismo, cualquier intento de apropiarse del Estado, de personificarlo o de ponerle la cara de algún burócrata de servicio, no sólo es una degradante falsificación de su propia naturaleza y esencia, sino que se convierte también en una muy sutil pero eficaz modalidad de explotación. y la discriminación, porque corrompe algo que es de todos y para todos, en un arma para el beneficio particular de unos pocos.
Sous le modèle actuel de domination madurista, l’État vénézuélien accélère son processus de putréfaction et a dégénéré de sa condition d’association politique universelle moderne pour devenir le synonyme d’une faction réduite et exclusive du peuple, qui insiste pour que l’État son ellos.
Cuando el estado garantiza el libre derecho a la protesta y un burócrata decide que no quiere dar permiso (que, por cierto, el estado no considera tener que pedir), o peor aún, decide reprimirlo con violencia , este funcionario pisotea al estado y finge estar decidiendo sobre algo que el estado ya ha decidido.
Lo mismo ocurre con los estilos de lenguaje político, que nunca son inocentes. Al igual que su antecesor en el ejercicio del modelo de dominación militarista, el actual presidente venezolano se refiere constantemente a que él y el Estado son una misma cosa. Las expresiones «ordené», «decidí», «aprobé», «prohibí», «ordené» y similares, tan frecuentes en el vocabulario normativo, son una forma poco sutil de recordar que el estado se transmuta de aberración en su propia persona.
Pero hay dos episodios recientes que una vez más revelan la exposición permanente de este proceso de depravación estatal. Una es la que encabeza el diputado de la Asamblea Nacional en el poder Jesús Faría. El diputado Faría considera que el Estado se equivoca cuando el artículo 57 de la Constitución Nacional establece que “toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, ideas u opiniones, en voz alta, por escrito o en cualquier otra forma de expresión. , y a hacer uso de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que se establezca censura”. Por el contrario, el parlamentario en cuestión sostiene que los bloqueos de medios (solo en 2021 se registraron bloqueos gubernamentales de 68 dominios web, incluidos 45 de los medios, sin contar el cierre de emisoras y medios) se justifican porque “que se tiene la el poder y la capacidad de comunicarte con la población, no te da el poder de decir lo que piensas” (Entrevista en el canal de televisión Globovisión, 5 de julio de 2022). Como representante del gobierno, Faría corrige al Estado, porque al final lo que importa es lo que conviene al primero, no lo que establece el segundo.
El otro episodio se refiere al informe publicado recientemente por la empresa Telefónica, matriz en España de la operadora Movistar, que reveló que esta empresa, a pedido del gobierno de Maduro, interceptó y espió las comunicaciones de 1.584.547 líneas en Venezuela, las cuales representa el 20% de sus clientes, en lo que constituye un delito masivo contra los derechos civiles de la población. Según el artículo 48 de la Constitución Nacional, el Estado debe garantizar “el secreto e inviolabilidad de las comunicaciones privadas en todas sus formas. Éstas sólo podrán ser infringidas por orden de tribunal competente, con cumplimiento de las disposiciones legales y preservando el secreto de la vida privada que no esté vinculado al procedimiento correspondiente. Pero eso es lo que dice la Constitución, y para el gobierno es letra muerta. Lo que importa son las necesidades de espionaje y control de una clase política paranoica que, ante la desconfianza de sus conciudadanos, debe mantenerlos bajo la amenaza de la vigilancia y el miedo.
Marx decía que el Estado no es más que el aparato armado y administrativo que ejerce los intereses de la clase dominante. Para él, el Estado no es dominio del bien común, sino del interés parcial; Su objetivo no es el bienestar de todos, sino el de los que están en el poder.
La historia ha demostrado la inexactitud y la falta de veracidad de muchos enfoques marxistas. Pero ante esta antropomorfización del Estado venezolano para sustituirlo por miembros de una clase dominante, que hablan del Estado como si el Estado fuera ellos mismos, y que confunden «seguridad estatal» con su propia seguridad o «bienestar estatal» con el tamaño de sus cuentas bancarias, debemos admitir que, en nuestro caso, y paradójicamente, el viejo judío alemán tiene toda la razón.
@angeloropeza182
