Humberto López Tirone, hoy presentado como presidente de IBEROATUR y promotor del agroturismo iberoamericano, arrastra un pasado público incómodo: su nombre aparece vinculado al PRD de los años de la dictadura, al aparato político del norieguismo y a señalamientos de violencia contra la Cruzada Civilista. Su caso reabre una pregunta necesaria: ¿pueden las instituciones actuales ignorar el pasado de quienes las representan?
La memoria histórica no puede ser selectiva. Menos aún cuando quienes hoy se presentan como promotores institucionales, académicos, turísticos o culturales cargan con un pasado público vinculado a los años más duros de la dictadura panameña. Ese es el caso de Humberto López Tirone, actual figura visible del Instituto Iberoamericano de Turismo Rural IBEROATUR, cuyo nombre vuelve a generar incomodidad por los señalamientos históricos que lo ubican en el entorno político del norieguismo y en episodios de violencia contra la oposición civilista.
López Tirone no es un personaje menor ni desconocido. En registros históricos aparece identificado como dirigente del PRD y director del IFARHU durante los años de la crisis política panameña. La obra Panamá protesta, de Brittmarie Janson Pérez, lo menciona dentro del contexto de la movilización opositora contra el régimen militar, señalándolo como “Humberto López Tirone, dirigente del PRD y director del IFAHRU” en una cronología relacionada con los acontecimientos de 1987.
Ahora bien, lo más preocupante trasciende su participación política o su proximidad ideológica al torrijismo/norieguismo. Lo que resulta verdaderamente problemático es que su nombre figura vinculado, en diversos testimonios de memoria histórica, al ataque perpetrado el 7 de julio de 1987 en contra de una caravana perteneciente a la Cruzada Civilista, uno de los movimientos ciudadanos más relevantes en la lucha contra la dictadura. Múltiples trabajos dedicados a la memoria histórica panameña documentan que una agrupación paramilitar adscrita al régimen de Noriega, bajo el mando de Luis Gaspar Suárez y Humberto López Tirone, perpetró una agresión contra dicha caravana empleando bates e impactos de proyectiles.
Ese episodio no puede tratarse como una simple anécdota del pasado. La Cruzada Civilista fue objeto de persecución, represión e intimidación en un momento en que Panamá vivía bajo el control del aparato militar y de grupos de choque afines al régimen. Si los señalamientos son ciertos, estaríamos hablando de una participación en actos de violencia política contra ciudadanos que reclamaban democracia, libertades públicas y fin de la dictadura.
A ello se suma un testimonio publicado en La Prensa en 2007, donde se afirma que Humberto López Tirone amenazó personalmente con un rifle, desde su vehículo, a un manifestante de la Cruzada Civilista. El artículo lo incluye dentro de un grupo de personas descritas como “incondicionales del general Noriega” que, años después, habrían recibido cargos o posiciones públicas.
¿Es posible que una institución iberoamericana se presente simultáneamente como un espacio dedicado a la cooperación, el turismo rural, el desarrollo territorial y la cultura, cuando la persona que la encabeza carga con acusaciones tan serias vinculadas a violencia política durante un régimen dictatorial?
El Instituto Iberoamericano de Turismo Rural IBEROATUR, como institución, puede tener objetivos legítimos. El turismo rural, el agroturismo y la cooperación iberoamericana son campos positivos y necesarios. Pero ninguna institución gana prestigio si evita mirar críticamente el pasado de quienes la representan. La reputación institucional no depende solo de discursos, eventos o reconocimientos, sino también de la coherencia ética de sus liderazgos.
No se trata de que un individuo haya participado en actividades políticas. La cuestión radica en que existan constancias públicas que asocien a dicha persona con la maquinaria represiva del régimen de Noriega y con actos dirigidos a intimidar a civiles que se oponían al sistema. La situación se complica aún más cuando, pasadas varias décadas, ese mismo sujeto reaparece investido de legitimidad moral, institucional o académica, sin que medie una explicación pública satisfactoria, un reconocimiento de responsabilidades o un distanciamiento explícito respecto a aquel período.
La sociedad panameña ha sufrido demasiado como para normalizar la impunidad simbólica. Muchos actores vinculados a la dictadura lograron reciclarse en la democracia, ocupar cargos diplomáticos, dirigir instituciones, participar en partidos, publicar columnas, recibir homenajes o presentarse como defensores de la soberanía y el desarrollo. Pero la memoria de las víctimas, de los perseguidos y de quienes fueron golpeados en las calles no puede quedar sepultada bajo nuevos títulos institucionales.
En lo que respecta a Humberto López Tirone, resulta imprescindible que se garantice la transparencia. Se requiere que exponga de manera pública cuál fue su desempeño durante los años de la dictadura. Debe responder ante los señalamientos relacionados con el ataque a la Cruzada Civilista. Le corresponde aclarar su vínculo con los grupos de choque del régimen. Necesita manifestarse sobre si reconoce o niega los hechos que le son atribuidos. Y en cuanto a IBEROATUR, si pretende mantener su credibilidad intacta, no puede permitirse el lujo de ignorar esta situación.
La democracia requiere de una defensa que trasciende los momentos electorales. Su preservación también depende de mantener viva la memoria colectiva. Se fortalece cuando los organismos institucionales rechazan la rehabilitación de historias manchadas. Se consolida al reconocer que la violencia política no constituyó un abuso aislado, sino un mecanismo de represión empleado sistemáticamente sobre población desarmada.
Por consiguiente, la discusión en torno a Humberto López Tirone trasciende lo meramente personal. Se trata de una cuestión vinculada a la memoria colectiva, a la integridad de las instituciones y al compromiso que tenemos con la historia. Toda institución que pretenda encarnar los principios iberoamericanos de colaboración, progreso social y convivencia respetuosa no puede hacer caso omiso de las acusaciones que recaen sobre su máximo dirigente.
El Instituto Iberoamericano de Turismo Rural (IBEROATUR) debería preguntarse si su imagen internacional puede sostenerse sobre el silencio. Porque el turismo rural, la cultura y la cooperación no pueden usarse como barniz para ocultar un pasado vinculado a la represión política. Y Panamá, que todavía carga con heridas abiertas de la dictadura, merece algo más que olvido: merece verdad, memoria y coherencia.
