Human Rights Watch acusa a Nicaragua de cerrar más de 700 ONG

Nicaragua ha cerrado más de 770 ONG desde junio pasado bajo una ley que “socava la libertad de asociación y expresión”, dijo el martes Human Rights Watch (HRW).

En un comunicado, la organización de derechos humanos dijo que la comunidad internacional, especialmente los países latinoamericanos, deben condenar «este desmantelamiento sistemático de los grupos de la sociedad que juegan un papel fundamental en un país que no cuenta con instituciones estatales independientes que actúen como freno al poder ejecutivo”.

Según la organización, desde el 6 de junio de 2022, las autoridades nicaragüenses han aprobado leyes y resoluciones que cancelan el registro legal de más de 770 ONG y fundaciones, obligándolas a cerrar. Y desde 2018 son más de 950.

Human Rights Watch acusa al gobierno de Nicaragua

El objetivo del gobierno de Daniel Ortega es evitar que «expongan los abusos y la incapacidad de las autoridades» para acudir en auxilio de la población. En un país afectado por huracanes y la pandemia de covid-19, acusó Tamara Taraciuk Broner, directora interina para las Américas de Human Rights Watch.

Muchos cierres se basan en una ley de «agentes extranjeros», aprobada en octubre de 2020; así como en la ley general para la regulación y control de las organizaciones sin fines de lucro aprobada en marzo de 2022.

Las ONG cerradas incluyen asociaciones médicas y organizaciones que trabajan en la protección infantil, los derechos de las mujeres y la mitigación del cambio climático.

Silencian y reprimen

Nicaragua tiene una de las tasas de pobreza más altas de América Latina y el Caribe.

En marzo de 2021, Unicef ​​estimó que tras los dos huracanes de 2020, cerca de “1,8 millones de personas. Incluidos 720.000 niños, todavía necesitaban ayuda humanitaria, especialmente entre las comunidades indígenas. »

El cierre de las ONG “es parte de un esfuerzo mucho más amplio para silenciar a los grupos de la sociedad civil y los medios independientes a través de una combinación de tácticas represivas que incluyen legislación abusiva, intimidación, hostigamiento, detención arbitraria y enjuiciamiento de defensores de derechos humanos y periodistas”, concluye HRW. .