Exbanquero venezolano llamado a declarar en caso Claudia Díaz

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Claudia Patricia Díaz Guillén, extesorera nacional de Venezuela y conocida como «la enfermera de Hugo Chávez». Foto: EFE/Javier Lizón

El juzgado de West Palm Beach, Florida, ha convocado una audiencia para la próxima semana, en la que se cita a declarar a un exbanquero venezolano condenado en Estados Unidos en el caso de Claudia Patricia Díaz Guillén. La mujer es extesorera nacional de Venezuela y fue extraditada de España a Estados Unidos por lavado de dinero.

La audiencia del 24 de mayo abordará específicamente el posible conflicto de intereses que la abogada de Díaz, Marissel Descalzo, pudo haber representado previamente al acusado en un caso relacionado con el suyo.

El ex banquero y el asunto de Claudia Díaz

También está el venezolano Gabriel Arturo Jiménez Aray, ex dueño del Banco Peravia en República Dominicana. Fue sentenciado a tres años de prisión en noviembre de 2019 en un caso de conspiración de lavado de dinero.

Según la fiscalía, durante el juicio de Jiménez Aray, Marissel Descalzo brindó información sobre los bienes en poder de Díaz. Y eso podría funcionar en contra de los ahora acusados; específicamente con respecto a la capacidad de esperar el juicio fuera de la fianza.

El tema fue planteado por la fiscalía en la segunda audiencia celebrada desde que Díaz llegó a Estados Unidos el 12 de mayo. Y retrasó la decisión del juez sobre si el acusado espera el juicio en custodia protectora, como quieren los fiscales; o bajo fianza, como pide la defensa, que niega que exista riesgo de fuga.

El tribunal decidió celebrar una audiencia únicamente sobre el conflicto de intereses. Decidió que inmediatamente después o cuando lo considerara necesario, la audiencia continuaría con las solicitudes de la defensa y la fiscalía sobre dónde debía permanecer Díaz hasta la celebración del juicio.

Defensa y acusación

En un recurso conjunto dirigido a la corte este jueves, las dos partes solicitan que se nombre un abogado penalista sin conflicto para Gabriel Arturo Jiménez Array para que lo represente en la audiencia del día 24. El juez ordenó que declarara personalmente o por Zoom.

Este nuevo abogado deberá ser designado antes de la celebración de la audiencia, según el documento conjunto de las dos partes.

«La enfermera de Chávez»

Díaz es conocida como «la enfermera de Hugo Chávez», porque formó parte del equipo médico del que fue presidente de Venezuela. Quien luego la nombró tesorera nacional, cargo que ocupó de 2011 a 2013.

Los cargos en su contra son conspiración para lavar dinero y lavado de dinero. Y tienen que ver con una trama de sobornos millonarios para beneficiar a empresarios con tipos de cambio favorables.

El esposo de Díaz, Adrián José Velásquez Figueroa, también en espera de la extradición de España, era el jefe de seguridad del presidente.

La llamada «enfermera» y «guardaespaldas» de Chávez se instaló en España en 2016. Tienen dos hijos menores, según los documentos del juicio.

Descalzo asegura en la solicitud de libertad bajo fianza de su cliente que «no hay riesgo de fuga». Argumenta que, entre otras razones, ni Díaz ni su esposo tienen “bienes suficientes dentro o fuera de Estados Unidos para pagar la fuga y no pueden regresar a Venezuela”.

Regresar a su país natal sería “el equivalente a poner en peligro su propia vida desde que fueron expulsados ​​de Venezuela por la policía secreta en 2013”, dijo el abogado.

La fiscalía, entre las razones para pedir que Díaz permanezca en prisión, mencionó sus estrechos vínculos con el gobierno venezolano.

Raúl Gorrín

Raúl Gorrín Belisario, dueño y presidente del canal venezolano Globovisión, está imputado en el mismo caso que Díaz Guillén. Es considerado prófugo por la justicia estadounidense y fue acusado formalmente en agosto de 2018 de cómplice de «conspiración para lavar dinero y lavado de dinero».

Según la fiscalía, Gorrín pagó millones de dólares en sobornos a Díaz Guillén y a otro extesorero nacional de Venezuela, Alejandro Andrade. Este último se declaró culpable y fue condenado a 10 años de prisión en 2018, por asegurar el derecho a realizar transacciones de divisas a tasas ventajosas.

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