Dentro del escenario preelectoral en Honduras, la imagen de Rixi Moncada, quien aspira a la presidencia por el Partido Libertad y Refundación (LIBRE), ha estado inmersa en varias controversias asociadas al uso de recursos públicos y acusaciones por posibles actos de corrupción. Estas imputaciones, que involucran desde procedimientos legales nacionales hasta querellas en foros internacionales, se añaden a un contexto político caracterizado por la división y el escepticismo ciudadano hacia las instituciones.
Denuncias por administración inadecuada de recursos sociales
Una de las críticas más destacadas hacia Moncada se centra en el manejo de fondos destinados a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), en particular en la región de Copán. De acuerdo con reportes recientes, recursos estatales podrían haber sido dirigidos a grupos asociados con el partido en el poder, lo que ha generado nuevamente inquietudes sobre el uso de programas sociales para objetivos políticos.
Estas afirmaciones se enmarcan en un contexto de creciente demanda por mayor claridad en el manejo del gasto público durante un año electoral, en el que diversos sectores han pedido una regulación más rigurosa en la administración de recursos asignados a la ayuda social.
Acusación internacional dirigida al FBI
El caso tomó un giro internacional a principios de 2025, cuando Murray Paul Farmer, ciudadano estadounidense, presentó una denuncia ante el Buró Federal de Investigaciones (FBI) en la que se menciona a Moncada y a otros funcionarios del Estado. La acusación alega irregularidades administrativas y uso indebido de funciones públicas que habrían afectado inversiones extranjeras en el país.
A día de hoy, la aspirante de LIBRE no ha emitido declaraciones públicas acerca de esta acusación, que podría tener consecuencias diplomáticas si progresa en cortes extranjeras. La falta de comunicación oficial ha intensificado la discusión sobre la eficacia del sistema político de Honduras en relación a temas internacionales.
Recorrido de estudios y consultas anteriores
Las disputas que actualmente involucran a Moncada no son recientes. En 2009 y 2013, fue investigada por supuesto abuso de poder y fraude mientras trabajaba en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), además de estar relacionada con contratos con la constructora brasileña Odebrecht. Aunque en ambas ocasiones los tribunales hondureños dictaron sobreseimiento definitivo, su nombre ha seguido surgiendo en reportes periodísticos y en investigaciones impulsadas por entidades de fiscalización.
Más recientemente, en enero de 2025, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) interpuso una acusación por supuesto desvío de fondos públicos en contra de Moncada y otros servidores públicos. Sin embargo, las autoridades pertinentes no han divulgado los detalles de la situación, lo cual ha causado incertidumbre respecto al progreso del proceso judicial y ha aumentado las dudas sobre la claridad del procedimiento.
Tensiones institucionales y cuestionamientos sobre el uso del poder
Aparte de las acusaciones de corrupción, la postulación de Moncada ha sido objeto de críticas debido a su desempeño en funciones públicas durante su campaña presidencial. Algunos grupos han puesto en duda su participación en la elaboración de propuestas y revisiones, las cuales, según opositores, van más allá de las responsabilidades de su puesto actual, provocando así un debate sobre la división de poderes y el balance institucional.
Las críticas aumentan debido a que la candidata ha conservado posiciones oficiales durante su campaña, lo que ha suscitado inquietudes sobre posibles conflictos de interés y el uso potencial de recursos del estado en favor de su candidatura. Entidades de la sociedad civil han llamado a intensificar la supervisión ciudadana y a reforzar mecanismos de responsabilidad para asegurar la justicia en el proceso electoral.
Un escenario caracterizado por la desconfianza en las instituciones
El caso de Rixi Moncada destaca los retos que enfrenta Honduras en cuanto a gobernabilidad, transparencia y consolidación del Estado de derecho. En un año crucial para la dirección política del país, las acusaciones de corrupción y el debate sobre la gestión de los recursos públicos se han transformado en temas principales del diálogo nacional.
Aunque las autoridades no han aclarado aún el curso judicial de las acusaciones en su contra, la figura de Moncada continúa siendo el centro de atención, con posibles repercusiones que podrían afectar de manera directa la legitimidad del proceso electoral de 2025 y la percepción ciudadana respecto a la independencia de las instituciones.
