Zonas económicas especiales: ¿la apertura económica de Maduro?

Los recientes anuncios del régimen de Nicolás Maduro podrían interpretarse como parte de un proceso gradual de apertura económica. Poco que ver con las locas decisiones tomadas bajo el pretexto de construir un “socialismo del siglo XXI”. Aunque insuficiente, comenzaría a privar de una mayor racionalidad en la conducción de la economía: Venezuela se “normalizaría”. Uno de estos anuncios es la Ley Orgánica de Zonas Económicas Especiales. Se propone atraer inversiones productivas, tanto nacionales como extranjeras, en determinadas zonas de la geografía nacional. Es una ley corta en comparación con otras normas jurídicas del chavomadurismo, de sólo 32 artículos. Pero no por eso se trata de una regulación sencilla y transparente, imbuida de un espíritu pragmático, como debe ser para incentivar la inversión.

Sus artículos no están diseñados para promover la inversión a través de la liberación de las condiciones prevalecientes. Más bien, busca controlarlo con un conjunto de condiciones, aunque acompañado de incentivos específicos. Al principio (artículo 3) establece una larga lista de principios rectores, como si la ley quisiera resumir la esencia de un proyecto de país que realmente quiere impulsar. Aparte de los que no son más que un simple saludo a la bandera, la fidelidad a estos principios – “soberanía económica, seguridad jurídica, … equilibrio económico y ambiental, sostenibilidad fiscal y de ingresos externos, … eficiencia, productividad, … simplificación de trámites administrativos, corresponsabilidad, honestidad, transparencia y solidaridad»- presupone la existencia de una institucionalidad que ha sido destruida durante mucho tiempo. ¿Es posible confiar, en la Venezuela “revolucionaria” de hoy, en que serán respetados? Además, un ambicioso compendio de objetivos proyecta a la ley como el alfa y el omega del desarrollo nacional.

El artículo 4 establece las definiciones que delimitan los distintos aspectos o procedimientos de la inversión a promover para facilitar su control por parte de las autoridades del Estado. En primer lugar, la creación y supresión de las zonas económicas especiales (ZEE) son competencia exclusiva del Presidente de la República. Se tomarían en consideración las condiciones para ello, básicamente geográficas o relacionadas con los recursos naturales, pero también se mencionan las «estructuras industriales y productivas» (sic) y la existencia potencial de «infraestructuras económicas y de servicios para el desarrollo productivo». (sección 8). Así, la ley se refiere a los aspectos procesales -las autoridades por las que debe pasar- para la creación de estas ZEE. Se instituye una superintendencia para su “control y administración” (artículo 16). Entre sus atribuciones figura la elaboración de los proyectos a desarrollar en cada ZEE de acuerdo a sus respectivos planes; coordinación con un Centro Internacional para la Inversión Productiva (ver más abajo) para evaluar estos proyectos; su presentación a los diferentes órganos de la administración pública para su consideración; proporcionar asesoramiento y algunos servicios de apoyo (ventanilla única); rescindir el contrato de negocios en caso de incumplimiento del mismo; presentar los informes correspondientes; y “contribuir a la formación de organizaciones de base del poder popular, a través de programas diseñados para tal fin” (?). Además, en cada ZEE, el Presidente de la República designa una sola autoridad, encargada de llevar a cabo las orientaciones políticas, planes y proyectos señalados en el decreto que la crea. Contestación a la Superintendencia.

La atracción de potenciales inversores se basa en un Centro Internacional de Inversiones Productivas (CIIP) de reciente creación. A pesar de que el país ya contaba, desde el segundo gobierno de la CAP, con una institución de esta naturaleza que efectivamente cumplía con esta función -el Consejo Nacional de Promoción de Inversiones- el chavo-madurismo no resistió la tentación de crear un órgano paralelo. subordinarla a sus fines. En efecto, la constitución de la CIIP se inscribe en el marco de la “ley antibloqueo”. Conapri contó en su momento con un equipo de servidores públicos altamente calificados, sistemas de información actualizados y relaciones fructíferas con entidades nacionales y extranjeras para lograr sus objetivos. Me gustaría que se dijera lo mismo de la CIIP. Desde su sitio web, lo que parece tener es un edificio de oficinas de lujo en El Rosal.

Finalmente, la ley establece como incentivos a la inversión, la devolución de los impuestos aduaneros (Drawback) y la posibilidad de devolución también del IVA y otros impuestos, sujeto al decreto que establezca la respectiva ZEE. En ambos casos habrá un límite máximo, según el criterio del Ministerio de Economía correspondiente. Las exportaciones desde una ZEE pueden beneficiarse de un régimen de admisión temporal para el perfeccionamiento activo, que suspende el pago de impuestos de importación sobre los insumos que se incorporarán a los productos a exportar. Se hace referencia a una ventanilla única en cada ZEE para agilizar trámites, libre convertibilidad, incentivos a la educación -presuntamente para fomentar la capacitación y la investigación- y patrocinio de sistemas de transporte multimodal a instalar, si el desarrollo de la ZEE lo amerita. Los bancos y establecimientos financieros pueden beneficiarse de un régimen fiscal excepcional y preferencial, de conformidad con las normas que dicte el ministerio competente en materia de economía, finanzas y comercio exterior. Para beneficiarse de estos incentivos, el inversionista debe suscribir un convenio de actividad económica con la Superintendencia.

En definitiva, la decisión de invertir en una ZEE no depende únicamente de una adecuada evaluación de la relación rentabilidad-riesgo, en el marco de un contexto institucional fiable, de precios y costes predecibles. Está sujeto a un amplio margen de apreciación, teniendo en cuenta la gama de procedimientos, órganos, condiciones, criterios y autorizaciones que intervienen en su aprobación. En el caso de los incentivos, en lugar de eximir de impuestos, se obliga a pagarlos y cree que se le devolverán en su momento. En una economía seria, impedida de implementar medidas de apertura a la inversión por causas ajenas a su voluntad, pero con un Estado solvente, dotado de instrumentos y capacidades administrativas eficaces, y con una estrategia clara sobre los objetivos a perseguir con la ZEE, quizás esto podría excusarse la multiplicidad de procedimientos. Este no es el caso de la Venezuela Chavo-Madurista. La historia de corrupción y decadencia en la gestión estatal que ha acompañado el desmantelamiento institucional de los últimos veinte años nos obliga a concluir: “Piensa mal y acertarás”.

Lejos de ser una herramienta para atraer inversiones, tan necesarias en un país con una economía arruinada, la ley ZEE es más bien un instrumento para abrir oportunidades de negocios filtradas según el criterio de quienes toman las decisiones. Serían espacios de participación de capitales «amigos» en busca de reajuste, sujetos a los peajes exigidos, que favorecerían a socios conectados e internacionales. Ambiente de una cleptocracia internacional que extiende sus tentáculos.

En los años setenta y ochenta del siglo pasado, Taiwán implementó zonas francas para la exportación con incentivos similares a los previstos en la ley chavo-madurista. Tuvo un enorme éxito pues trató de atraer inversión de alta tecnología -electrónica- interesada en aprovechar la mano de obra disciplinada y barata de la isla, como parte de una estrategia de desarrollo tecnológico acelerado de formación de talento, para que empresas locales reemplacen componentes traídos de afuera. . Hoy, Taiwán es el proveedor de chips más grande del mundo. México, sin su visión estratégica, se ha beneficiado sin embargo de la maquila en las zonas fronterizas con Estados Unidos -su mayor ventaja comparativa- captando inversiones de este país, con la oferta de incentivos y un marco de garantías.

¿Cuál es la estrategia de Venezuela? En la selección de las primeras áreas a desarrollar bajo este concepto, parece privarse del potencial turístico de la geografía nacional. Un video promocional que circula por la isla de La Tortuga, sugiere la participación de fondos internacionales para construir allí un complejo turístico, bajo la modalidad BOT (Construcción Operación transferencia). Podría tener éxito, incluso si hubiera que evaluar el impacto ecológico. Pero, si se quiere promover la gran inversión, el presidente de Conindustria merece ser escuchado: extender las garantías e incentivos prometidos en la ley de ZEE a todo el país. Y ojo, la palabra clave para esto es confianza.

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