Venezuela enfrenta rechazo internacional tras sentencia que ratifica la victoria electoral de Nicolás Maduro
El gobierno de Venezuela vuelve a estar en el centro de la polémica internacional tras la decisión del Tribunal Supremo (TSJ) de confirmar la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del 28 de julio. La decisión generó una fuerte oposición de 11 países de la región, que exigieron una auditoría independiente y transparente de los resultados electorales. Entre los gobiernos que hablaron estuvieron los de Argentina, Costa Rica, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.
El Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Iván Gil, respondió enérgicamente a las críticas, calificándolas de un acto inaceptable de injerencia en los asuntos internos del país. En un comunicado oficial, Gill acusó a esos gobiernos de intentar replicar el modelo del extinto Grupo de Lima y de promover una agenda de «cambio de régimen». También comparó la situación actual con la crisis política de 2019, cuando el líder opositor Juan Guaidó fue reconocido por varios países como presidente interino de Venezuela.
Por su parte, Estados Unidos, a través del portavoz del Departamento de Estado, Vedant Patel, emitió un comunicado cuestionando la credibilidad del fallo del TSJ. Según el gobierno estadounidense, existe «evidencia abrumadora» de que el candidato de la oposición, Edmundo González Urrutia, obtuvo la mayoría de los votos. Patel llamó al gobierno venezolano a iniciar un proceso de transición pacífica y liberar a los detenidos para ejercer su derecho a la protesta y la libre expresión.
La oposición venezolana también rechazó enérgicamente la decisión del TSJ, calificándola de un intento de legitimar lo que consideran «fraude electoral». María Corina Machado, quien recientemente ganó las primarias de la oposición pero está inhabilitada para ocupar cargos públicos, dijo que la decisión del TSJ sólo refuerza el aislamiento internacional de Maduro. A través de un mensaje para ella
Mientras tanto, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha sido criticado tanto a nivel nacional como internacional por no publicar los resultados electorales incompletos, en violación de las normas legales. A pesar de declarar ganador a Maduro, el CNE no hizo públicos los registros electorales, lo que alimentó las acusaciones de fraude. Por su parte, la oposición publicó copias de las actas recabadas por sus testigos, asegurando que confirmaban la victoria de González Urrutia.
La controversia también provocó reacciones en la comunidad internacional fuera de la región. La Unión Europea, a través de su alto representante para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha anunciado que no reconocerá a Maduro como ganador hasta que se presenten resultados verificables. «Hasta que no se demuestre la legitimidad de estas elecciones no podemos aceptar su resultado», afirmó Borrell en declaraciones a la prensa.
En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador adoptó una postura más cautelosa. Cuando se le preguntó si reconocería la victoria de Maduro, AMLO dijo que esperaría a que se publicaran los resultados de las elecciones antes de tomar una posición final. Hasta el momento, sin embargo, el TSJ ha solicitado al CNE oficializar los resultados en el diario, pero no ha mencionado la divulgación de las actas, punto clave en los reclamos de transparencia.
En medio de este panorama, las masivas protestas en Venezuela contra los resultados electorales han dejado un saldo alarmante. Según cifras oficiales, al menos 27 personas han muerto y más de 2.000 han sido arrestadas, muchas de ellas acusadas de terrorismo. El gobierno acusó tanto a González Urrutia como a María Corina Machado de promover la violencia a través de los llamados llamado «comanditos», grupos civiles organizados por la oposición para monitorear el recuento de votos. Sin embargo, la oposición rechazó estas acusaciones, condenando la escalada de represión y el aumento de las detenciones arbitrarias.
Los fiscales venezolanos también han tomado medidas contra González Urrutia, quien ha sido citado a declarar por presunta desobediencia a las autoridades. Según el Ministerio Público, el candidato cometió irregularidades al publicar las actas electorales sin autorización oficial. Esta medida ha sido interpretada por sectores de oposición como un intento de intimidar y silenciar a quienes cuestionan la legitimidad del proceso electoral.
A nivel internacional, la situación en Venezuela sigue siendo objeto de atención. Finalmente se publicó un informe preliminar del Grupo de Expertos Electorales de las Naciones Unidas, que originalmente debía ser confidencial, y señala que la gestión de los resultados por parte del CNE no cumplió con los estándares básicos de transparencia e integridad necesarios para garantizar elecciones creíbles. El gobierno venezolano, por su parte, descalificó el documento calificándolo de «lleno de mentiras».
El escenario político en Venezuela está marcado por crecientes presiones internas y externas. Mientras la oposición insiste en que los resultados electorales fueron manipulados y exige una auditoría independiente, el gobierno de Maduro busca consolidar su posición frente al rechazo internacional. La falta de transparencia en la gestión electoral y la tensión creada por la decisión del TSJ han agravado la crisis política y social que vive el país, dejando a la población en una situación de incertidumbre y conflicto.
En este contexto, la comunidad internacional continúa siguiendo de cerca los acontecimientos en Venezuela, mientras se multiplican los llamados a la transparencia y el respeto al pueblo. Sin una solución clara a la vista, el futuro político del país sigue siendo incierto y las divisiones nacionales e internacionales parecen profundizarse con cada nuevo acontecimiento.