Sobre las conversaciones-negociaciones en México

La anunciada reanudación de los diálogos-negociaciones en México entre el régimen madurista y parte de la oposición genera expectativas y dudas tanto dentro como fuera del país. Nadie puede negar que la mejor manera de resolver un conflicto o una crisis es a través de la negociación, ya sea directa entre las partes o asistida por un buen oficiante, un mediador o un conciliador. Pero la negociación debe cumplir con ciertos criterios. En primer lugar, la representatividad y legitimidad de quienes se sientan en la mesa son fundamentales y, en segundo lugar, que el objeto de la negociación, es decir, la agenda o los temas a discutir y resolver, respondan a los intereses de la sociedad que sufre la crisis.

El régimen estaría representado por una delegación impuesta desde la cúpula del poder, independientemente de la opinión de sus “seguidores” o “adheridos” que nunca son consultados, lo cual es propio de regímenes totalitarios como el de Maduro. La “delegación de la oposición”, por su parte, estaría compuesta exclusivamente por unos pocos grupos políticos y sociales, lo que indudablemente afecta a su legitimidad y, en consecuencia, a la eficacia de las negociaciones y de los acuerdos a adoptar. No es que todos estén sentados a la mesa, sino que quienes están sentados representen el sentimiento nacional general y tomen en cuenta, expresen y defiendan las preocupaciones de todos.

Por otro lado, la agenda no se puede imponer. La agenda debe ser objeto de un consenso no sólo entre las partes en torno a la mesa, sino también entre los grupos representados. Hay que tener en cuenta las preocupaciones de la mayoría de los venezolanos. Los temas fundamentales que deben abordarse de manera transparente, según la opinión mayoritaria, son el retorno inmediato al estado de derecho; la liberación igualmente inmediata e incondicional de todos los presos políticos, civiles y militares; el cese de la tortura y otros tratos inhumanos y degradantes, de los que sabemos son víctimas cotidianas los presos o rehenes del régimen; el fin de la discriminación y la exclusión por motivos políticos o ideológicos; elecciones libres y seguras, bajo supervisión internacional, en las que participen todos los venezolanos, los de afuera y los de adentro, sin discriminación alguna, de manera que expresen la verdadera voluntad del pueblo. No se trata de celebrar acuerdos sobre soberanía nacional, ni sobre medio ambiente, ni sobre otros conflictos internacionales, y menos sobre los fondos marinos y oceánicos o el espacio ultraterrestre.

Por supuesto, las conversaciones-negociaciones en México deben excluir el tema relacionado con el levantamiento de las sanciones internacionales, que no depende de la voluntad del régimen, ni de la oposición, ni de los dos juntos, sino de los gobiernos extranjeros que han adoptado soberana y legítimamente para proteger a una población -la población venezolana- que sufre la violación sistemática de los derechos humanos por parte de un régimen que ha abandonado el estado de derecho y viola todas las normas internas. También debe excluirse la cuestión de la suspensión del proceso iniciado en la Corte Penal Internacional para investigar los hechos ocurridos desde 2014 y sancionar a los autores de tales crímenes, porque, sencillamente, no depende de poderes nacionales ni de acuerdos entre unos y otros, sino de la propia Corte y de la comunidad internacional que está obligada a actuar frente a la comisión de crímenes internacionales, crímenes de lesa humanidad en nuestro caso, cuando los tribunales o la justicia nacional no funcionan, es decir el compromiso asumido por todos para luchar contra la impunidad por la comisión de crímenes atroces como los que se han cometido y se siguen cometiendo en el país.

Los acuerdos a los que se pueda llegar en México deben responder en última instancia a las preocupaciones de los venezolanos y no a los intereses políticos del régimen y de los partidos y agrupaciones políticas que participan en este proceso, que además debe ser absolutamente transparente y genuino. Si queremos una solución definitiva, estable y duradera, los “negociadores” deben responder a las inquietudes y demandas de todos los venezolanos. De lo contrario, sería un nuevo paso en falso que, sin duda, generará más frustración, por un lado; y respiro y estabilidad para el régimen cuyo objetivo es permanecer en el poder para siempre.