Un auto de la Audiencia Nacional expone que una supuesta red ligada al PSOE habría tratado de ofrecer un soborno de 300.000 euros al fiscal anticorrupción José Grinda. De acuerdo con el juez Santiago Pedraz, dicha propuesta pretendía conseguir datos que perjudicaran al jefe de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, Alejandro Luzón, además de lograr el archivo de causas judiciales de importancia.
El documento judicial señala además que el plan fue liderado por Santos Cerdán, exsecretario de Organización socialista, quien presuntamente dirigió una red para desestabilizar causas judiciales desfavorables al partido y al Gobierno. Dentro de la trama, se indica que Leire Díez, conocida como «la fontanera» del PSOE, habría sido una pieza clave en estas acciones ilícitas.
Según la investigación, el supuesto soborno al fiscal Grinda habría sido articulado mediante un empresario ajeno al PSOE, Pere Rusiñol, quien se reunió con el fiscal en febrero de 2025 para trasladarle la propuesta. A cambio del pago, también se le ofreció la posibilidad de acceder a un empleo en el extranjero.
Revelaciones recientes: esfuerzos de compra y de manipulación de testigos
La información también señala que la empresaria Carmen Pano habría recibido una propuesta de 50.000 euros para modificar su declaración judicial. Pano afirmó que, por orden de Víctor de Aldama, presunto conseguidor del caso Koldo, entregó 90.000 euros en metálico en la sede de Ferraz en octubre de 2020. Aunque se buscó influir en su testimonio antes de una nueva comparecencia, Pano sostuvo nuevamente su relato ante el tribunal.
El abogado Ismael Oliver, igualmente investigado en la trama, habría asumido la tarea de gestionar la negociación de esta adquisición con el visto bueno de Leire Díez. En una conversación incorporada a la investigación del juez, Díez habría señalado que “es fundamental saber comprar”.
Atenciones ofrecidas a funcionarios y guardias civiles
Además, el juez detalla que se ofrecieron favores y beneficios económicos a funcionarios y agentes de la Guardia Civil a cambio de información que obstaculizara investigaciones sobre casos de corrupción. Entre estas promesas se incluían pagos de abogados y ascensos profesionales.
El registro de la sede socialista en Ferraz, ordenado por Pedraz, junto con otras acciones judiciales, refuerzan los indicios de que esta trama buscaba proteger los intereses políticos del PSOE y del Gobierno mediante actuaciones ilegales contra fiscales, jueces y fuerzas de seguridad del Estado.
Fuente: El Economista – https://www.eleconomista.es/economia/noticias/13941030/05/26/el-juez-sospecha-que-la-trama-ofrecio-300000-euros-al-fiscal-grinda-para-obtener-informacion-que-afectara-a-luzon.html
