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Un grupo de «líderes cívicos, académicos y económicos de Venezuela, defensores de la democracia», se acercó al presidente Joe Biden y otros funcionarios del gobierno de los EE. UU. para, en un brevísimo diagnóstico de la situación nacional, apelar a «continuar negociaciones para resolver la crisis venezolana”. En estas líneas, exhortan “al Gobierno de Venezuela, a los partidos políticos de oposición ya la Plataforma de Oposición Unitaria, a retomar sin dilación los procesos de negociación”.

Una de las claves del comunicado está en la valoración que hacen los firmantes de las sanciones aplicadas por el gobierno de Estados Unidos contra Nicolás Maduro: “Las sanciones económicas y la política de máxima presión no han logrado sus objetivos”, indica el documento. Si bien se admite que “las sanciones económicas no son la causa de la emergencia humanitaria en Venezuela, han empeorado seriamente las condiciones del venezolano promedio. La gran mayoría de la población vive en la pobreza, la inseguridad alimentaria y está expuesta a graves problemas de salud. La electricidad, el saneamiento y la calidad del agua se encuentran en un estado de grave deterioro.

Este marco crítico, además de los acuerdos políticos e institucionales, debe convertirse en uno de los temas cruciales de las conversaciones, cuando retoman: “Las negociaciones deben poner en el centro los temas humanitarios y avanzar en su solución con la urgencia que se merecen. «». El grupo sugiere “que las negociaciones político-institucionales y económicas deben basarse en éxitos incrementales, generando confianza y buena voluntad para nuevos acuerdos. Éstos deben seguir el camino de lo posible, sin tomar posiciones extremas que otras partes encuentren imposibles de aceptar”.

En resumen, el documento propone que se levanten las sanciones lo antes posible, porque «agravan» la pobreza, y que se reanude el diálogo entre el gobierno y la oposición, con el apoyo o el acompañamiento de Estados Unidos y otros factores internacionales. Al presidente venezolano se le pidió «aceptar importantes reformas políticas y electorales y buscar la liberación de los presos políticos». Mientras que la oposición insistió en la «necesidad de unirnos en torno a principios fundamentales y realistas que sustenten posibles acuerdos»; además, se le «instó a no ser rehén de voces extremistas que solo perpetúan el doloroso statu quo (actual)».

Hasta aquí he resumido el documento firmado por este grupo de venezolanos, con algunos de los cuales tengo muy buenas relaciones personales y por los que tengo un inmenso respeto intelectual. La comunicación fue condenada y descalificada por muchos sectores, en algunos casos sin que se conociera su contenido, lo que impedía dialogar en torno a los temas planteados de manera racional.

Aunque comparto el tono conciliador del documento, mis diferencias fundamentales con este enfoque son las siguientes.

El peso de las sanciones en el empeoramiento de la situación nacional y personal de los venezolanos es mínimo. Es la verdad y así lo ve la gente en las encuestas que conozco. La gente atribuye la responsabilidad central de la crisis venezolana a Nicolás Maduro y su gobierno: más del 60% considera que esta camarilla es en gran parte responsable de la tragedia que sufren los venezolanos desde hace años. Estamos en presencia de las consecuencias de las expropiaciones, el despilfarro de los recursos petroleros, el absurdo financiamiento de Cuba, la corrupción y el proyecto exportador del socialismo del siglo XXI. El gobierno, a pesar de la hegemonía comunicacional que ejerce sobre todo el país, no ha logrado consolidar la matriz de opinión según la cual las sanciones estadounidenses, la «guerra» o el «sabotaje» económico son las causas del desastre. Cuando se le pregunta a la gente por qué hay alta inflación, o por qué no hay trabajo, luz, agua potable, conexión a internet o un buen sistema de transporte público y salud, no se refieren a las sanciones, sino al mal gobierno actual.

Es cierto que las sanciones han perdido el apoyo popular que ganaron hace unos años. Sin embargo, aún según las encuestas que conozco, el apoyo ronda el 40%, muy por encima del precario 10% mencionado en la comunicación.

No es cierto que las sanciones no lograron los objetivos propuestos. Su severidad obligó a un gobierno tan autoritario y sordo como el de Maduro a sentarse a dialogar con una oposición a la que despreciaba, en Oslo, República Dominicana, Barbados y México. De no haber sido por la presión creada por estas sanciones, el régimen habría llamado al caso del gobierno de Castro en Cuba, o del binomio Ortega-Murillo en Nicaragua. Las sanciones sirvieron de advertencia a Maduro y su pueblo de lo que les espera si continúan violando los derechos humanos como lo hacen (y continúan). Hay que imaginarse la prisión en que se hubiera convertido Venezuela si no se hubiera sancionado al régimen.

Actualmente, las sanciones son una carta de negociación para la comunidad internacional y la oposición para lograr elecciones libres, transparentes y supervisadas. Esta sentencia se levantará cuando Maduro se comprometa ante la comunidad internacional a restablecer el estado de derecho, el estado de derecho, no antes. No veo ninguna otra opción.

@trinomarquezc

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