La convocatoria de las iglesias católica y evangélica a una marcha por la paz y la democracia ha provocado una respuesta confrontativa del partido Libertad y Refundación (LIBRE). El intercambio de declaraciones y propuestas se desarrolla en un contexto de alta sensibilidad política, a menos de un año de las elecciones generales de 2025, y plantea interrogantes sobre los límites de la acción política y religiosa en el espacio público.
Propuesta oficialista de sancionar a la Confraternidad Evangélica
La socióloga Julieta Castellanos ha indicado que el aumento en el apoyo a las movilizaciones religiosas ha provocado preocupaciones en ciertas áreas del partido en el poder. Dentro de este contexto, el comisionado presidencial Miguel Briceño mencionó la posible revocación del reconocimiento legal a la Confraternidad Evangélica de Honduras. Esta propuesta ha suscitado numerosas críticas por parte de líderes de la oposición y representantes de la iglesia, quienes la perciben como una acción limitante y un antecedente de censura.
Oposición y líderes religiosos denuncian amenazas
El excandidato presidencial Salvador Nasralla advirtió que cualquier acción contra las iglesias sería interpretada como un avance hacia prácticas autoritarias, y anticipó una respuesta política en caso de que se concrete. Paralelamente, pastores y representantes de las iglesias organizadoras han denunciado amenazas de muerte y actos de acoso contra fieles y líderes que participen en la marcha. El pastor evangélico Mario Banegas confirmó estas denuncias y aseguró que la convocatoria seguirá adelante.
Un conflicto que expone la fragilidad del consenso democrático
La disputa entre LIBRE y las iglesias ocurre dentro de un contexto de polarización y desconfianza en las instituciones. La fricción entre un partido político en el gobierno y organizaciones religiosas con gran influencia social genera una profunda discusión sobre la libertad de expresión, la participación cívica y las fronteras de la intervención del Estado. La proximidad de las elecciones intensifica la tensión y resalta el desafío de asegurar un entorno de convivencia democrática en un escenario altamente conflictivo.
