Detenciones arbitrarias. Es la única respuesta del Estado a quienes siguen siendo víctimas de su mala gestión y alzan la voz para exigir mejores condiciones de vida, aquellas que les permitan sobrevivir a la feroz inflación que sigue asolando los hogares de los menos favorecidos. debido a sus salarios de hambre y pensiones de hambre.
Recordemos que solo los poderosos tienen acceso a los servicios básicos, seguro médico privado y la adquisición de alimentos sin ningún problema. Por ello, todos tenemos derecho a manifestarnos pacíficamente, tal como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 68; pero, como siempre, para quienes la gobiernan es letra muerta y la violan sistemáticamente.
El Estado no da soluciones a los trabajadores y pensionados; En cambio, decide intimidarlos con el organismo de seguridad que más viola los derechos humanos en el país, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, Sebin.
La persecución y las detenciones arbitrarias contra dirigentes sindicales no son la solución al problema del hambre, ni a la crisis sanitaria, a la grave situación de los enfermos crónicos y en especial a los niños que parecen estar condenados a muerte en el Hospital JM de Ríos .
Asistimos a un nuevo ataque del Estado contra los derechos constitucionales y los derechos humanos de los ciudadanos.
