Aspectos económicos de una plataforma de oposición

Tres elementos motivan las siguientes reflexiones. Primero, la ilusión de que con la respuesta de ciertas actividades a la liberalización de precios y del mercado cambiario, asistimos a un proceso de “normalización” del país. En segundo lugar, la carta recientemente publicada, firmada por 25 miembros de la sociedad civil venezolana, cuyo aspecto más controvertido es el llamado al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a reconsiderar las sanciones impuestas a Venezuela. Y tercero, la constatación de que, frente a los dos elementos anteriores, las fuerzas democráticas no comparten ninguna política clara, ausencia importante ante la oportunidad de sacar del poder a Maduro en las elecciones de 2024.

Primero, la economía venezolana sí está dando señales de que dejó de contraerse el año pasado, aunque no hay cifras oficiales al respecto. ¿Significa esto que después de tantos años de destrucción criminal, el país empieza a volver a la normalidad? Depende, por supuesto, de lo que se entienda por “normalidad”. Para algunos, la drástica reducción de la inflación, la proliferación de tiendas de productos importados (bodegones), el abastecimiento de supermercados y la activación de ciertas construcciones al este de Caracas son criterios que cumplen. Pero los beneficios de tal «normalidad» recaen sobre los sectores (minoritarios) con suficientes ingresos en divisas o -cuando no es el caso- sobre los «conectados» en diferentes negocios con el gobierno. Aparentemente no les afecta la inseguridad o no les importa. Pero, al examinar los resultados de la encuesta de condiciones de vida realizada por la UCAB en 2021, llama la atención la evidencia de pobreza, hambre, insuficiencias en la prestación de los servicios de salud y otras calamidades que atormentan a la gran mayoría de los venezolanos. Más del 94% de los hogares son pobres, medidos por sus ingresos, y Venezuela tiene una de las mayores desigualdades en términos de distribución del ingreso en América Latina. Además, el colapso del Estado se refleja en su notoria incapacidad para garantizar la provisión de los servicios públicos básicos: agua, electricidad, salud, educación, seguridad y transporte. En el país que dice tener las mayores reservas de petróleo y que alguna vez fue el mayor exportador de este hidrocarburo, hasta la gasolina escasea.

Un ligero crecimiento no es suficiente para hablar de “normalidad”. Lo realmente anormal es que la economía venezolana ha estado cayendo, a trompicones, durante siete años consecutivos. Y, como advirtió un tuit reciente, cuando una economía se ha contraído en un 80 %, ¡volver a donde estaba antes significa crecer en un 400 %! No puede haber «normalidad» en ausencia de garantías elementales para los derechos fundamentales de la población, entre los cuales, la asociación política, la protesta exigiendo condiciones dignas de vida, la libertad de prensa, sin olvidar los derechos básicos a la salud, la seguridad y la protección. La vida misma. Venezuela tiene una de las tasas de homicidios más altas del mundo, muchos de ellos a manos de la «fuerza pública», hay 240 presos políticos y más de 6 millones de migrantes que buscan mejores condiciones de vida. Las garantías básicas no existirán hasta que se restablezca un estado de derecho, aplicando el orden constitucional y las leyes que de él emanen. Este desapareció, no por casualidad ni casualidad, sino tras un proceso deliberado de desmantelamiento de las instituciones democráticas y las vinculadas al funcionamiento de una economía mercantil, por una camarilla que, en nombre de una supuesta “revolución”, se tomó el país. para su usufructo exclusivo, depredándolo hasta desangrarlo.

Luego está la “carta de los 25” firmada, entre otros, por amigos que merecen mi mayor respeto, tanto por su trayectoria de lucha por la libertad y la justicia como por su desempeño profesional. Lamentablemente, han sido objeto de inaceptables descalificaciones por parte de quienes se arrogaron el derecho a pontificar sobre quién es o no un “auténtico” opositor, en total oposición a los valores de tolerancia y respeto a la ley para expresar opiniones. . otros que, supuestamente, animan el proyecto de democracia liberal con el que se identifican. Sin entrar en más detalles, creo que el «pecado» cometido por los firmantes consiste en proponer al presidente Biden el levantamiento de ciertas sanciones, argumentando que no han cumplido sus objetivos y que, a pesar de la responsabilidad del desastre de gestión de Maduro y Chávez, principal causante de la situación de miseria, la han agravado. Es muy discutible que las sanciones no hayan tenido efecto sobre el gobierno. Si bien no forzaron el cambio político esperado, por sí mismos y con una oposición débil y dividida, era mucho pedir. Aunque no es fácil demostrarlo, se puede argumentar que la apertura económica que se inicia es, precisamente, una respuesta forzada a las restricciones asociadas a las sanciones. Además, está el intento ineficaz de hacer comparecencias ante las investigaciones del CPI sobre las responsabilidades del gobierno en la violación de los derechos humanos de muchos venezolanos. La camarilla mafiosa que controla el Estado está interesada en aplastar la amenaza de penas más duras. Debe haber una razón.

Pero quizás lo más discutible sea pensar que si se levantan ciertas sanciones -presuntamente las que afectan a las exportaciones petroleras- se aliviará la situación de miseria que padece la gran mayoría de los compatriotas. Resulta que para el primer trimestre de este año (2022), los ingresos por exportaciones de petróleo fueron de $2,500 millones a $3,000 millones más altos que en el primer trimestre de 2021, debido a los precios más altos atribuibles a las sanciones contra las ventas de crudo ruso y al aumento de la producción nacional. . ¿Dónde han ido estos reales? ¿Hay mejoras visibles en los servicios, en el empleo, en el poder adquisitivo de las personas? Porque el aumento de salarios decretado será financiado, en gran parte, por cuestiones monetarias. En consecuencia, se anticipan mayores presiones inflacionarias y una posible “licuefacción” de estos incrementos. ¿Adónde creemos que podrían ir los ingresos adicionales si se levantan las sanciones? El efecto “spillover” sobre el bienestar de la población con mayores ingresos externos es muy débil, por la sencilla razón de que el leitmotiv del poder es quedarse con lo que entra. Sobre esta base, desmantelaron las instituciones que regulan los asuntos públicos, incluyendo la autonomía y los pesos y contrapesos (control independiente del gasto), la transparencia y rendición de cuentas en su gestión, y el respeto al estado de derecho en materia de derechos y libertades. venezolanos, incluyendo garantías a la iniciativa privada. Sin recuperar el marco institucional correspondiente, habrá pocas mejoras en las condiciones de vida de la mayoría que podamos esperar. De ahí la importancia del levantamiento de sanciones como arma de negociación que obliga a tal fin, a condición de que se avance concreta y verificablemente en esa dirección. Por el contrario, asumir que al levantarlas primero, Maduro a cambio introducirá reformas políticas sería, como dicen los críticos, poner la carreta delante del caballo.

Y, finalmente, cómo lograr cambios que conduzcan a la liberación de los presos políticos, la devolución de las garantías, el respeto al estado de derecho y elecciones nacionales confiables, por parte de quienes están interesados ​​en mantener las condiciones en las que podrían saquear a su antojo la riqueza del país? En el estado actual de debilidad, división y confusión de las fuerzas opuestas, esto parece inverosímil. Sin una política nacional clara que una, fortalezca y movilice a la mayoría de la oposición, tendremos que desperdiciar las oportunidades de cambio que presentan las elecciones de 2024. Asimismo, sin una estrategia efectiva, la presión de las sanciones puede dar pocos frutos. Un elemento fundamental es aprovechar los reajustes a los que se ha visto obligado Maduro para articular acciones enfocadas a la ampliación y consolidación de la liberalización iniciada, y hacer frente a las arbitrariedades que se producirán. Esto debe conectar con el nuevo liderazgo que está surgiendo de la lucha reivindicativa, para exigir servicios públicos o que se ha manifestado en las recientes conquistas de algunas alcaldías a nivel nacional. Además, la recuperación de una institucionalidad confiable, capaz de levantar préstamos significativos de los multilaterales, podrá sanear al Estado para que pueda producir los bienes públicos que la población necesita y podrá atraer inversiones capaces de aprovechar del enorme potencial de nuestra economía. Sin ella, será difícil alcanzar las condiciones de bienestar a las que aspiran y tienen derecho los venezolanos. Sin estas conquistas, la hambrienta recuperación con la que Maduro presume de sus “mejoras” tardará interminables décadas en sacarnos de la miseria. Hacer de esta política un indicador de cambio es, por tanto, un desiderátum.

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