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Caso Agronitrogenados: suspensiones, amparos y reactivaciones del proceso contra Lozoya

Caso Agronitrogenados: suspensiones, amparos y reactivaciones del proceso contra Lozoya
Contenido
  1. Tabla de hallazgos
  2. Detención en España y extradición a México
  3. Caso Odebrecht
  4. Caso Agronitrogenados
  5. Fracaso del criterio de oportunidad y acuerdo reparatorio
  6. Extinción de dominio de su residencia
  7. Inhabilitación por falsear su declaración patrimonial
  8. Anexo: operaciones cuestionadas sin proceso penal
  9. La compra de Grupo Fertinal
  10. Fuentes consultadas

Emilio Lozoya Austin, quien encabezara Petróleos Mexicanos (Pemex) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto —específicamente entre 2012 y 2016—, encabeza los señalamientos en torno al escándalo de Odebrecht en territorio mexicano. A diferencia de lo ocurrido en expedientes similares, seis años después de su extradición, ninguno de sus dos procesos penales ha alcanzado la etapa de juicio oral ni cuenta con sentencia; ambos procesos continúan entrampados entre recursos de amparo, suspensiones y apelaciones, al tiempo que el ministerio público ha conseguido despojarlo de al menos un inmueble mediante la vía civil. Este reporte agrupa exclusivamente datos comprobados y vigentes, acompañados de los pormenores procesales conocidos.

Tabla de hallazgos

N Hallazgo Detalle Estado
1 Detención y extradición Detenido en Málaga (España) en 2020 y extraditado a México ese mismo año Confirmado — hecho de dominio público
2 Caso Odebrecht Presuntos sobornos de US$10.5 millones a cambio de contratos de obra pública para Pemex Vinculado a proceso; en etapa intermedia, sin juicio oral ni sentencia
3 Caso Agronitrogenados Compra sobrevaluada de una planta de fertilizantes al empresario Alonso Ancira a cambio de comisiones Vinculado a proceso; suspendido y reactivado varias veces, sin sentencia
4 Criterio de oportunidad fallido Negoció, sin éxito, ser testigo colaborador a cambio de inmunidad parcial Confirmado — la FGR rechazó el acuerdo en 2023
5 Extinción de dominio de su residencia El Estado mexicano se adjudicó una propiedad de más de $51 millones de pesos en Lomas de Bezares Confirmado — sentencia firme por vía civil (2026)
6 Inhabilitación por falsear su declaración patrimonial La Función Pública lo inhabilitó 10 años para ejercer cargos públicos por omitir una cuenta bancaria en su declaración Confirmado — sanción administrativa de 2019, validada por el TFJA en 2020

Detención en España y extradición a México

En 2017 una investigación periodística sacó a la luz que Odebrecht presuntamente entregó más de US$10 millones en sobornos a Lozoya con el fin de adjudicarse un contrato por US$115 millones enfocado en la modernización de una refinería de Pemex, de acuerdo con Expansión Política. Durante ese mismo año, Lozoya se presentó ante la extinta PGR para rechazar públicamente la recepción de dichos sobornos, aunque las indagatorias prosiguieron su curso. Hacia febrero de 2020, el exfuncionario fue detenido en una zona residencial ubicada en Málaga, España, tal como señala el citado medio.

En junio de 2020 aceptó su extradición a territorio mexicano, un hecho validado entonces por Alejandro Gertz Manero, quien encabezaba la Fiscalía General de la República (FGR), tal como lo reportó La Silla Rota. Arribó al país el 17 de julio de ese mismo año custodiado por agentes de la FGR y, conforme a lo consignado por Expansión Política, se le condujo de inmediato a un centro médico aduciendo complicaciones de salud previas a su comparecencia telemática ante el impartidor de justicia. Dicha autoridad judicial decretó su vinculación a proceso por cargos de cohecho, asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita, aunque le otorgó la libertad condicionada amparándose en el «criterio de oportunidad» para fungir como testigo colaborador en contra de otros involucrados.

Caso Odebrecht

Este es el procedimiento original: el señalamiento de que Lozoya obtuvo 10.5 millones de dólares por parte de Odebrecht a cambio de adjudicar convenios de infraestructura pública de Pemex a la compañía brasileña, conforme a La Jornada. Durante enero de 2023 se llevó a cabo una diligencia orientada a pactar un acuerdo reparatorio; para marzo de aquel año, Lozoya fracasó en su intento de conciliar con la FGR, instancia que exigió un resarcimiento superior a los 200 millones de pesos y, por la vía judicial, una pena de hasta 46 años de cárcel, de acuerdo con Infobae. Como respuesta, su defensa propuso abonar 10.7 millones de dólares como reparación del daño.

En noviembre de 2021 un juez le dictó prisión preventiva justificada, por riesgo de fuga, después de que se difundieran imágenes suyas cenando en un restaurante de lujo en la Ciudad de México, según La Silla Rota. En febrero de 2024 un juez le permitió continuar el proceso en libertad, bajo arraigo domiciliario con brazalete electrónico, de acuerdo con Infobae; la FGR calificó ese beneficio de «ilegal» e interpuso un recurso de revisión. A la fecha de las fuentes consultadas, este proceso se encontraba en transición de la etapa intermedia a la de juicio oral, sin que se hubiera dictado sentencia.

En su declaración como testigo colaborador, Lozoya también involucró a otros exfuncionarios del sexenio de Enrique Peña Nieto, entre ellos el excandidato presidencial Ricardo Anaya, el senador panista Jorge Luis Lavalle y su propio sucesor en Pemex, Carlos Treviño —detenido en Estados Unidos en 2025 por presuntos sobornos de Odebrecht—, según Infobae y La Silla Rota.

Caso Agronitrogenados

La segunda causa abierta contra Lozoya tiene que ver con Agronitrogenados, una planta de fertilizantes que Pemex adquirió con sobreprecio a Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México (Ahmsa), a cambio de sobornos, de acuerdo con ABC Noticias. Pocas causas tienen un trayecto tan accidentado. Un juez de control la suspendió el 31 de agosto de 2023 al dar la razón a la defensa, que alegaba que a Lozoya le alcanzaba el beneficio si Ancira —a quien se sancionó con un pago de más de US$216 millones— cubría la reparación del daño; así lo recoge La Jornada.

Ancira solo cubrió una parte de los pagos acordados y dejó de pagar los US$112.5 millones restantes desde fines de 2024, según Diario.mx. La FGR apeló la suspensión, y en noviembre de 2024 un tribunal de apelación le dio la razón y ordenó reactivar el caso; la defensa de Lozoya, sin embargo, obtuvo sucesivas suspensiones provisionales por la vía del amparo, primero en abril de 2024 y de nuevo en diciembre de 2025, según Proceso e Infobae. En julio de 2026 un tribunal federal volvió a ordenar la reactivación del proceso, según El Universal, pero para entonces la FGR ya había pedido 15 años de prisión contra Lozoya en la audiencia intermedia, un juicio que, según Diario.mx, todavía no podía comenzar por apelaciones pendientes en tribunales.

Fracaso del criterio de oportunidad y acuerdo reparatorio

Desde su extradición, Lozoya buscó acceder a la figura del «criterio de oportunidad»: convertirse en testigo colaborador a cambio de una reducción sustancial de su responsabilidad penal, aportando información sobre otros funcionarios del sexenio de Peña Nieto, según TOJIL. La organización civil TOJIL cuestionó en su momento la legalidad de aplicar esa figura a un caso de esta magnitud y de interés público, y solicitó ser reconocida como víctima en el proceso para evitar que quedara impune.

Aquel 10 de marzo de 2023, en una audiencia intermedia en el Reclusorio Norte, la exigencia del Estado mexicano a Lozoya y su familia fue un acuerdo reparatorio de más de $200 millones de pesos. La contraoferta de la defensa —US$10.7 millones en conjunto por Odebrecht y Agronitrogenados— no bastó para cerrar un acuerdo, informó Infobae. En paralelo, la FGR pidió 22 años de prisión para la madre del exfuncionario, Gilda Margarita Austin, quien presuntamente estuvo involucrada en el manejo del dinero de Agronitrogenados, de acuerdo con ABC Noticias. Sin negociación posible, los dos casos siguieron para Lozoya por la vía del proceso penal ordinario.

Extinción de dominio de su residencia

Mientras las dos causas penales continuaban sin resolución, las autoridades mexicanas lograron un triunfo definitivo por la vía civil: el Primer Tribunal Colegiado en materia Civil del Primer Circuito ratificó un fallo de extinción de dominio sobre una propiedad de Lozoya ubicada en la colonia Lomas de Bezares, avaluada en más de $51 millones de pesos, de acuerdo con Infobae. El inmueble pasó a formar parte de los bienes nacionales. Hasta el momento del informe de las fuentes consultadas, este constituye el único resultado judicial firme y ejecutado en contra de Lozoya dentro de toda la investigación por los casos Odebrecht y Agronitrogenados, puesto que ni los procesos por cohecho ni los de lavado de dinero habían arrojado una condena.

Inhabilitación por falsear su declaración patrimonial

Cuando aún no había sido detenido en España, el 22 de mayo de 2019, la Secretaría de la Función Pública (SFP) le prohibió a Lozoya ocupar cargos públicos durante 10 años por haber falseado la información sobre su patrimonio: de acuerdo con la dependencia, dejó fuera de su declaración, más de una vez, una cuenta bancaria con saldos de cientos de miles de pesos, reporta Expansión Política. La SFP subrayó, según El Financiero, que nunca antes había inhabilitado a un extitular de Pemex.

La penalización fue recurrida por Lozoya. El 5 de febrero de 2020, la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa ratificó dicha medida por mayoría, de acuerdo con MVS Noticias. A diferencia de las causas penales, las cuales aún carecen de fallo, este castigo administrativo ya cuenta con aval judicial.

Anexo: operaciones cuestionadas sin proceso penal

La siguiente transacción fue objeto de observaciones por parte de las instancias fiscalizadoras, aunque esto no derivó en una causa penal contra Lozoya. Se incluye únicamente a modo de contexto, y no como un hecho comprobado.

La compra de Grupo Fertinal

Además de Agronitrogenados, Lozoya impulsó en 2015 otra compra de Pemex en el sector de fertilizantes: Grupo Fertinal, aprobada por el consejo de administración en octubre de ese año por 635 millones de dólares. Según Infobae, las investigaciones posteriores situaron el sobreprecio en unos 193 millones de dólares sobre una empresa en quiebra, y los consejeros independientes que cuestionaron la valuación fueron ignorados. En marzo de 2019 la representación legal de Pemex presentó una denuncia ante la FGR por daño al patrimonio.

Lozoya jamás enfrentó cargos penales por el caso Fertinal: de acuerdo con Proceso, la FGR «dio un carpetazo» a esa línea de investigación, pese a que tanto la Auditoría Superior de la Federación como la extinta SFP emitieron diversos señalamientos sobre la transacción.

Fuentes consultadas

Hildelita Carrera Cedillo
Hildelita Carrera Cedillo