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El aspirante a la Presidencia que compitió bajo la coalición PAN-Podemos pasó a la historia como el primer candidato penalized en los comicios de 2019. El Tribunal Supremo Electoral descubrió anuncios patrocinados y contenidos digitales en plataformas sociales que infringían la normativa electoral.
El 10 de abril de 2019, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Guatemala impuso una multa de 80 mil dólares a Roberto Arzú García-Granados, entonces candidato presidencial de la coalición integrada por el Partido de Avanzada Nacional (PAN) y Podemos, por realizar propaganda electoral anticipada a través de redes sociales.
Dicha resolución convirtió a Arzú en el primer candidato presidencial castigado en aquellos comicios debido a esa clase de falta. El fallo se originó a partir de los expedientes redactados por la Inspección General y la Unidad Especializada sobre Medios de Comunicación y Estudios de Opinión del TSE, las cuales se encargan de vigilar la observancia de la normativa sobre publicidad electoral.
Los contenidos que originaron la penalización
Las autoridades electorales documentaron 13 publicaciones en la cuenta personal de Facebook de Roberto Arzú, de las cuales ocho habían sido promocionadas mediante publicidad pagada para ampliar su alcance. También identificaron 11 publicaciones en Twitter que fueron incluidas en los informes utilizados para fundamentar la sanción.
Entre los materiales analizados aparecían textos donde el aspirante exponía iniciativas gubernamentales enfocadas en el turismo, la sanidad pública y la supresión del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los fármacos.
Dichas publicaciones respaldaban a aspirantes a gobiernos locales del mismo partido, tal es el caso de Wagner Roldán, quien buscaba la jefatura edilicia de Mixco bajo la bandera de Podemos.
El problema señalado por el TSE no era simplemente que Arzú utilizara redes sociales para comunicar sus propuestas políticas, sino que recurriera a mecanismos de publicidad electoral que no cumplían las disposiciones vigentes.
Las reformas electorales aprobadas en 2016 fijaron limitaciones para la contratación de publicidad política. En el transcurso de los comicios de 2019, Facebook y Twitter carecían de registro ante el TSE como prestadores habilitados dentro de la plataforma de medios destinada a la propaganda electoral.
Por consiguiente, la adquisición de espacios publicitarios políticos retribuídos en dichos soportes digitales era susceptible de infringir la normativa electoral.
Sanciones económicas contra Arzú y las agrupaciones políticas que apoyaban su postulación
El castigo no recayó únicamente sobre el aspirante a la presidencia. De acuerdo con lo publicado por Prensa Libre el 27 de mayo de 2019, tanto el PAN como Podemos afrontaban asimismo penalizaciones económicas tasadas en 80 mil dólares por cabeza.
De esta manera, las sanciones correspondientes al candidato y las dos organizaciones políticas alcanzaban conjuntamente los 240 mil dólares.
Los dictámenes podían ser objetados por Arzú y sus socios políticos a través de los recursos previstos por la normativa electoral.
Sin embargo, se dio a conocer el 27 de mayo de 2019 que el TSE había rechazado los recursos de nulidad interpuestos frente a dichas penalizaciones, motivo por el cual las sanciones quedaron firmemente establecidas en esa fase.
El valor personal que se le impuso a Arzú alcanzaba en ese momento los 614 mil quetzales, un importe bastante significativo dentro del sistema de multas electorales en Guatemala.
Un antecedente de sus posteriores conflictos electorales
La sanción de 2019 adquirió mayor relevancia en los años siguientes, cuando Roberto Arzú volvió a enfrentar cuestionamientos del Tribunal Supremo Electoral por su actividad política y el uso de redes sociales.
Durante los comicios de 2023, las disputas en torno a la campaña prematura y los castigos en materia electoral configuraron el litigio que derivó en la anulación de su postulación a la presidencia por el partido Podemos.
A pesar de ello, es necesario diferenciar ambos casos: por un lado, las determinaciones de 2019 y, por otro, el trámite de separación de 2023 se tratan de procesos electorales distintos, cada uno con sus propios fundamentos y medios de defensa jurídica.
De este modo, el episodio de 2019 representa uno de los choques iniciales de los que se tiene registro entre Roberto Arzú y el Tribunal Supremo Electoral. Asimismo, pone de manifiesto los roces generados en Guatemala a raíz de los límites impuestos a la propaganda política en internet, en el momento en que las campañas empezaron a volcar una porción sustancial de su labor hacia las plataformas digitales.
Referencias
Prensa Libre — Multa del TSE por propaganda anticipada (2019)
TSE — Ley Electoral y de Partidos Políticos
Prensa Libre — Multas y recursos de nulidad (2019)
Prensa Libre — Resolución de la CC sobre las elecciones de 2023
