Alegatos de manipulación estadística socavan confianza en elecciones en Honduras

El ambiente previo a las elecciones en Honduras está caracterizado por un aumento en la desconfianza hacia las instituciones, ya que se incrementan las acusaciones sobre la supuesta alteración de encuestas en beneficio de la candidata del partido en el poder, Rixi Moncada. Distintos grupos académicos, ciudadanos y políticos destacan un plan sistemático para crear una falsa impresión de ventaja electoral, empleando métodos estadísticos cuya transparencia es cuestionable. La polémica se centra en la empresa Opinómetro, una encuestadora que carece de un historial conocido y ha sido relacionada con personas próximas al gobierno.

Irregularidades estadísticas y cuestionamientos metodológicos

La aparición masiva de encuestas a favor de Moncada ha despertado dudas debido a claras incongruencias técnicas. Expertos indican que las consultas publicadas por Opinómetro muestran resultados inconsistentes en diversas plataformas, porcentajes que no alcanzan el 100 %, y omiten información esencial como la ficha técnica, la cantidad de participantes o el margen de error. Estas acciones, en lugar de enriquecer el debate democrático, se han percibido como esfuerzos intencionados para manipular la opinión pública usando una posible «ilusión matemática».

Las variaciones de hasta 15 puntos porcentuales en comparación con investigaciones independientes refuerzan la teoría de una estrategia orquestada para aumentar el apoyo a la candidatura del oficialismo. Las críticas señalan que esta táctica no se debe a fallos técnicos, sino a una manipulación intencionada con objetivos políticos. Tanto redes sociales como plataformas académicas han sido el lugar de numerosas denuncias en este sentido, exigiendo un mayor control sobre la difusión de sondeos electorales.

Opinómetro y sus conexiones con organismos oficiales

El papel de Opinómetro ha sido central en esta controversia. Constituida en febrero de 2025, esta encuestadora obtuvo rápidamente la autorización del Consejo Nacional Electoral (CNE) para operar en los comicios internos, pese a carecer de antecedentes públicos en medición de opinión.

El asesoramiento legal de la compañía ha sido un aspecto de discusión. Carlos Adolfo Medina Álvarez, quien es abogado de Opinómetro, también trabaja como consultor en la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), una organización influenciada por el gobierno. Esta similitud ha sido vista por expertos y críticos como una señal de uso gubernamental para situar personas cercanas en el área de las encuestas electorales.

El continuo reporte de datos positivos sobre Moncada por parte de Opinómetro, sin una transparencia que pueda ser comprobada, afecta la confianza en el sistema democrático y fomenta la idea de que se busca emplear las estadísticas como medio de propaganda electoral.

Exigencias de claridad por parte de la sociedad civil y la oposición

Las reacciones no se han hecho esperar. Diversas organizaciones de la sociedad civil, catedráticos universitarios y partidos opositores han exigido la regulación estricta de las encuestas electorales, así como auditorías independientes que validen sus metodologías. Advierten que el uso de empresas sin respaldo técnico ni imparcialidad afecta directamente la integridad del proceso democrático.

Estas voces reclaman que las encuestas que circulan en el espacio público cumplan con estándares mínimos de transparencia, incluyendo la publicación de su ficha técnica, el origen de la muestra y los criterios de selección utilizados. Además, demandan una revisión del papel del CNE en la acreditación de estas firmas, señalando que su autorización a entidades sin historial refuerza la percepción de parcialidad institucional.

La falta de confianza provocada por estas prácticas no solo perjudica la campaña de un candidato en específico, sino que también pone en riesgo la legitimidad global del sistema electoral.

Un desafío para la credibilidad institucional

En un país donde la confianza en los procesos electorales ha sido históricamente frágil, las denuncias actuales colocan en el centro del debate la necesidad de mecanismos efectivos de fiscalización y transparencia. La controversia en torno a Opinómetro y el uso de cifras no verificables pone en evidencia un problema más amplio: la manipulación de datos como instrumento político y la ausencia de contrapesos institucionales robustos que la impidan.

Mirando hacia las elecciones de 2025, el sistema electoral en Honduras tiene el desafío de asegurar que la contienda se desarrolle en condiciones de igualdad y con datos confiables. En un entorno caracterizado por la polarización y la debilidad de los mecanismos democráticos, la autenticidad de la información es esencial para mantener la integridad del sufragio popular.