A poco más de cuatro meses de las elecciones generales del 30 de noviembre, el oficialismo hondureño enfrenta una creciente deslegitimación pública. El partido Libertad y Refundación (LIBRE), que encabeza el gobierno desde 2022, ha sido objeto de acusaciones por parte de la oposición política, organizaciones empresariales y sectores de la sociedad civil, que denuncian presuntas maniobras para alterar el proceso electoral y aferrarse al poder en medio de una pronunciada caída en las encuestas.
Disminución en la preferencia electoral y falta de confianza
Estudios recientes, como los de Pro Encuestas y TResearch, revelan una disminución constante en la campaña presidencial de Rixi Moncada. Inicialmente considerada como la principal candidata, Moncada fue adelantada en las encuestas por el nacionalista Tito Asfura y el liberal Salvador Nasralla, ocupando ahora la tercera posición.
Analistas señalan que esta disminución se debe a una mezcla de elementos: acusaciones de corrupción dentro del gobierno, divisiones internas en el partido oficial, desempeño económico deficiente y una percepción creciente entre los ciudadanos de falta de transparencia en la administración pública. La pérdida del apoyo popular ha coincidido con una intensificación en la retórica política desde el Ejecutivo y con indicios de tensiones institucionales que han activado las alertas en varios sectores.
Sospechas sobre el proceso electoral y control institucional
Un punto principal de controversia es la negativa del gobierno a permitir la verificación manual de los votos, una práctica común en procesos anteriores que funciona como un mecanismo de control para complementar la digitalización de los resultados. La oposición y organizaciones independientes señalan que eliminar esta revisión podría facilitar irregularidades y dificultar auditorías tanto ciudadanas como internacionales.
Además, se han registrado medidas destinadas a complicar la puesta en marcha del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), fundamental para garantizar la transparencia en el conteo de votos. Las tensiones han aumentado dentro del Consejo Nacional Electoral (CNE), donde consejeras como Cosette López y Ana Paola Hall han señalado presiones e intentos de obstrucción a sus labores.
Organizaciones corporativas y voceros de la oposición consideran estas acciones como un intento de fortalecer el dominio institucional sobre el proceso electoral, restringir la vigilancia externa y asegurar que el oficialismo tenga flexibilidad ante una posible derrota electoral.
Alegaciones de sesgos ideológicos y ambiente confrontativo
En Tegucigalpa se llevó a cabo una reunión del Foro de São Paulo con delegaciones de gobiernos progresistas de la región, lo que avivó nuevamente el debate sobre las conexiones internacionales del partido LIBRE. Críticos mencionaron que estas relaciones con el bloque Venezuela–Cuba–Nicaragua podrían estar destinadas a imitar sistemas de gobernanza que favorecen la acumulación de poder y limitan los ámbitos de participación democrática.
Al mismo tiempo, críticos como el exlíder del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), Eduardo Facussé, han señalado la posible implementación de un “Plan Venezuela”, destinado a crear inestabilidad institucional, protestas provocadas y bloqueos administrativos que compliquen un cambio de gobierno.
De acuerdo con estas acusaciones, grupos relacionados con el gobierno supuestamente llevaron a cabo acciones perturbadoras en lugares estratégicos como el Congreso Nacional y el CNE, en un contexto que podría desgastar la confianza en el proceso electoral y aumentar la polarización política en el país.
Panorama dudoso frente a una votación crucial
Con un escenario electoral cada vez más dividido y con el gobierno perdiendo apoyo popular, Honduras se dirige hacia unas elecciones caracterizadas por la falta de confianza, las tensiones dentro de las instituciones y las críticas a las normas democráticas.
Varias entidades de la sociedad civil, grupos empresariales y dirigentes políticos han subrayado la importancia de contar con una sólida supervisión internacional y con mecanismos de garantía que aseguren la transparencia y la legitimidad del proceso electoral.
La presente situación revela no solo la debilidad del acuerdo democrático en la nación, sino también el reto de dirigir la competencia política dentro de límites institucionales firmes, en un entorno de creciente desapego ciudadano y falta de confianza en las instituciones del Estado.
