(CNN Español) — El gobierno salvadoreño aseguró este jueves que había logrado que no hubiera homicidios en 365 días (discontinuos), contados desde que Nayib Bukele asumió la presidencia el 1 de junio de 2019.
“Cerramos el 10 de mayo de 2023 con 0 homicidios a nivel nacional. Con eso son 365 días sin homicidios, todo un año”, escribió el presidente Nayib Bukele en su cuenta de Twitter. En el mensaje, el mandatario agregó un video en el que considera inédita la cifra y la compara con 2015, cuando El Salvador alcanzó los 6.665 homicidios.
Los datos de homicidios no se pueden verificar de forma independiente con otras instituciones porque el gobierno de El Salvador los ha declarado confidenciales con el argumento de que revelar más detalles pone en peligro la seguridad nacional.
En 2015, El Salvador registró una tasa de mortalidad de 105 por cada 100.000 habitantes según el Banco Mundial, cifra que convirtió al país centroamericano en uno de los más violentos del continente.
Ahora el gobierno atribuye la reducción de homicidios a la implementación de su polémico plan de seguridad de «control territorial» y la aprobación del régimen de emergencia por parte de la Asamblea Legislativa, con mayoría oficialista.
Los parlamentarios aprobaron la medida el 27 de marzo de 2022 a pedido del ejecutivo, en respuesta a un brote de violencia que se saldó con 62 homicidios en un solo día, que el gobierno atribuyó a pandilleros.
El plan ha recibido críticas de organizaciones internacionales como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, quienes dicen que viola los derechos humanos y encarcela a los que no son pandilleros.
Bukele desestimó las críticas y pidió a la comunidad internacional que le presente un plan de seguridad con mejores resultados. “Si lo hay, muéstralo; Seguiremos esperando. Una vez que podamos verlo, pasaremos a ese”, escribió Bukele en un tuit el 29 de abril.
Desde la instauración del régimen de emergencia, según las autoridades, más de 68.000 personas han sido detenidas. La medida, prorrogada 13 veces por períodos de 30 días, está vigente hasta el 16 de mayo. Sin embargo, los parlamentarios han expresado su intención de continuar aprobando más extensiones, ya que el gobierno dice que aún se necesitan.
El régimen mantiene suspendidas garantías constitucionales como el derecho a la defensa, amplía la duración de la detención administrativa de 72 horas a 15 días y permite la intervención de comunicaciones sin autorización de un juez.
