(CNN Español) –– El juez federal argentino Federico Villena rechazó la solicitud del estudio de abogados Gabriel Palmeiro y Maximiliano Rusconi para actuar como representante legal del gobierno del cuestionado presidente de Venezuela Nicolás Maduro, así como de la empresa Emtrasur, en el caso del avión venezolano incautado en el aeropuerto de Ezeiza, según el fallo visto por CNN.
El escrito señala que “ni la República Bolivariana de Venezuela ni la empresa Emtrasur son parte en estas acciones”.
CNN se ha puesto en contacto con el bufete de abogados de Palmeiro y Rusconi para conocer su reacción, pero allí aseguran que no comentarán el caso en este momento.
CNN también se ha puesto en contacto con el gobierno de Maduro y no ha recibido respuesta hasta el momento.
El gobierno de Venezuela había comparecido la semana pasada ante la justicia argentina para oponerse formalmente al decomiso de la carga del Boeing 747, perteneciente a la empresa pública Emtrasur, que ordenó la jueza Villena la semana pasada a pedido de un tribunal estadounidense, según el fallo. obtenido por CNN.
Palmeiro, socio de la firma Rusconi, actúa en virtud de un poder que le confirió el presidente de Emtrasur en Venezuela y el fiscal general del país, Reinaldo Muñoz. Según la solicitud firmada por el abogado, la detención de la avioneta “representaría una intromisión arbitraria en los bienes públicos de la República Bolivariana de Venezuela y en los derechos que atañen a su soberanía”.
Fue la primera manifestación oficial del gobierno de Nicolás Maduro frente a la justicia argentina para intentar revocar la decisión judicial que enfureció al oficialismo venezolano.
Rusconi visitó Venezuela este mes y sostuvo una reunión con la vicepresidenta Delcy Rodríguez y el canciller Carlos Faría para asesorar al gobierno de Maduro sobre el asunto de los aviones de carga, dijo a CNN una fuente del gobierno argentino y otra cercana a Defensa.
El Boeing, modelo B747-3B3, matrícula YV3531, se encuentra detenido desde junio en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, provincia de Buenos Aires, mientras se realiza una investigación para determinar si la tripulación tiene vínculos con posibles actividades terroristas iraníes en el país.
El avión fue objeto de una inspección de rutina por parte del FBI, bajo la supervisión de la Policía Federal Argentina.
Palmeiro le había dicho al juez que declararía que «no es aplicable el tratado de asistencia legal mutua en materia penal con el gobierno de los Estados Unidos de América».
Según el argumento del abogado, en referencia al argumento jurídico invocado por el juez Villena para autorizar el secuestro de la aeronave, el tratado “es aplicable exclusivamente en procesos relativos a causas penales. Si bien el reclamo que el gobierno de los Estados Unidos de América pretende canalizar en las demandas es de diferente naturaleza (comercial), cuestión que, además, lo priva de legitimidad activa en estas acciones.
La solicitud, ahora rechazada, se suma a la realizada por otro abogado argentino, Daniel Ramón Trava, que representa a Emtrasur en el caso y que ya apeló la decisión de embargo del avión a disposición de Washington. Esto bajo el argumento de que “está en marcha un impuesto irreparable”, según otro documento visto por CNN.
Actualmente, la causa judicial sobre el avión se encuentra dividida en dos expedientes a cargo del juez Villena.
La causa original investiga a la tripulación y destino del vuelo de Emtrasur a Argentina.
Además, se está desarrollando otro proceso por pedido de la justicia estadounidense.
