¿Qué dice la carta abierta al presidente Biden?

Líderes empresariales, cívicos, académicos y políticos venezolanos, defensores de la democracia, firmaron un Carta abierta al presidente Biden y pidieron relanzar las negociaciones entre el gobierno y la oposición para revisar las sanciones económicas que no lograron el objetivo de provocar un estallido social que condujera a un cambio de gobierno. Argumentan que la extensión de las sanciones ha generado efectos colaterales indeseables en empresas privadas, organizaciones humanitarias y hogares venezolanos y debe ser reconsiderada. La polémica no se hizo esperar.

El detonante de la polémica es una afirmación que se hace en la carta: “Las sanciones económicas y la política de máxima presión no han logrado sus objetivos.

En ningún renglón de la carta se solicita el levantamiento de sanciones personales para quienes hayan violado los derechos humanos, cometido actos de corrupción y lavado de dinero. El texto tampoco propone eliminar incondicionalmente las sanciones financieras y comerciales, sino suavizarlas a cambio de compromisos gubernamentales para mejorar las condiciones sociales, económicas y políticas.

Se sugiere revisar, flexibilizar y levantar las sanciones económicas que causen efectos colaterales a las organizaciones humanitarias y empresas privadas e impidan la generación de divisas que el país necesita y que otros sectores económicos distintos al petrolero aún no son capaces de generar, debido a su débil competitividad internacional.

La carta hace referencia a la crisis humanitaria de un país que, tras presumir de tener el salario mínimo más alto de América Latina, se ha derrumbado hasta el punto de ser actualmente uno de los países más pobres y desiguales del continente. El texto propone adoptar mecanismos para asegurar que los ingresos petroleros adicionales que recibe el país tras la flexibilización de las sanciones se utilicen -bajo supervisión internacional- para atender las necesidades urgentes de los venezolanos.

La carta plantea la necesidad de reactivar el interrumpido proceso de negociación en México, cuya reanudación requiere de la facilitación y el apoyo internacional. Esta negociación no será en blanco y negro. En algunos casos, se levantará una sanción particular si y solo si el gobierno cumple con una determinada condición; en otros casos, primero habrá que levantar las sanciones para desbloquear el proceso.

La carta deja en claro que las sanciones no fueron la causa de la crisis económica y social en Venezuela, sino el fracaso de un modelo basado en políticas viciadas y una corrupción voraz. Las sanciones pretendían causar daño y lo hicieron profundizando la crisis económica y social, pero no lograron generar la conmoción social que se suponía que provocaría el cambio de gobierno. Por el contrario, han generado efectos colaterales en empresas privadas, organizaciones humanitarias y hogares venezolanos.

Incluso los poderosos intereses económicos estadounidenses también se han visto perjudicados, ya que las sanciones han obligado a las empresas petroleras transnacionales a abandonar sus operaciones en Venezuela. Ni siquiera los tenedores de bonos de deuda externa emitidos por PDVSA y la República han podido cobrar un centavo.

Negar que las sanciones causaron daños a la economía y la sociedad solo puede provenir de un liderazgo político ausente, desconectado de la dramática realidad que sufre el país por la desastrosa combinación de las malas políticas gubernamentales que provocaron la crisis y las sanciones económicas que la agravan.

¿Quiénes son “los abajo firmantes”?

La carta fue firmada originalmente por: Alejandro Sucre, Alfredo Padilla, Andrés Rojas, Blanca Vera Azaf, Feliciano Reyna, Francisco Rodríguez, Jorge Botti, Jorge Makriniotis, José Guerra, José Antonio Gil Yepes, José Manuel Puente, Juan Ernesto Aguilera, Luis Vicente León, Marcela León, Luis Oliveros, Manuel Sutherland, Marianela Herrera, Mariela Ramírez, Michael Penfold, Pablo Zambrano, Rafael Quiroz, Reinaldo Quintero, Ricardo Cusanno, Tamara Herrera y Víctor Álvarez.

Ninguno de los 25 firmantes reclama representación de otros sectores. Cada uno tiene un peso específico y juntos forman un coro de voces cuyas opiniones influyen en la opinión pública venezolana. Fueron llamados «El suscrito» pero no son ni un think tank ni una ONG, y mucho menos un partido político.

Cada uno firmó a título personal, sin pretender representar a nadie. No son portavoces de ninguna organización, sino voces individuales que gozan de prestigio académico, técnico y profesional y de autoridad ética y moral. Su objetivo era romper la inercia y estimular el debate tan necesario en un país descontento, que carece de un liderazgo político que interprete el sentimiento nacional y le ofrezca una mejor alternativa que continuar bajo el mando de un gobierno autoritario, principal responsable de la crisis que atraviesa la nación.

Según Datanálisis, el rechazo a los partidos se afianza y sus medidas coinciden con otras encuestas serias del país. Maduro tiene solo un 18% de apoyo popular y el 67% de los venezolanos quiere un cambio de gobierno, pero las encuestas también muestran que solo el 15% de los venezolanos cree que la oposición es capaz de generar un cambio. El 70% de los consultados rechaza las sanciones económicas internacionales.

La carta es una iniciativa de personas muy diversas que asumen el reto de explorar otras coincidencias para permanecer unidas. Se diferencia de otras iniciativas que han irrumpido en el debate público con una visión compartida, unidad de criterio y estructura organizativa.

El punto de convergencia entre los firmantes de la carta es su interés común en una salida política a la crisis venezolana. Esto se está dando reactivando las negociaciones en México, complementando capacidades y recursos para atender la emergencia humanitaria, y revisando las sanciones económicas que generan efectos indeseables en empresas privadas y organizaciones humanitarias. Si quieres resultados diferentes, tienes que hacer las cosas de manera diferente. Las sanciones no funcionarán para forzar un cambio de gobierno, pero pueden ayudar al gobierno a cambiar sus políticas para lograr tres objetivos fundamentales:

  • Priorizar la atención de la emergencia humanitaria y frenar el empobrecimiento de la población.
  • Seguridad jurídica y protección de las inversiones para crear un entorno propicio para la actividad económica.
  • Mejorar las condiciones electorales para las elecciones presidenciales de 2024 en línea con los estándares internacionales.

Escuche el contenido de la carta abierta al presidente Biden en el nuevo podcast de #Pedagogía Económica https://t1p.de/y9fhr

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