Justicia acusa a Bolsa de Hacienda de Liniers de contaminación de aguas en 2017 y 2018

(CNN Español) — En Argentina, la ganadería está en la mira de la justicia por supuesta contaminación del agua. El juez federal Sebastián Casanello procesó por segunda vez a Roberto Juan Arancedo, presidente del Mercado de Hacienda de Liniers, emblema de la ganadería en el país, por la supuesta contaminación de aguas por efluentes de corrales de ganado, según las decisiones a las que tuvo conocimiento. CNN.

Arancedo, que niega las acusaciones, sumó así una segunda demanda por la posible contaminación del arroyo Cildañez, que se extiende por más de 11 kilómetros y atraviesa la comuna de Mataderos, donde se ubica el mercado, y pertenece a la cuenca del río. , cuyas aguas ya están fuertemente contaminadas por residuos industriales y urbanos.

Contaminar las aguas en detrimento de la salud puede acarrear penas que van de los tres a los diez años de prisión, según la ley de residuos peligrosos de Argentina.

Además, la sentencia subrayó que la descarga de efluentes debe ser autorizada previamente por los organismos de control, lo que reprocha al empleador por no haber cumplido.

La fiscalía alega que entre abril de 2017 y marzo de 2018, el presidente de Mercado de Liniers SA, Arancedo, vertió en el arroyo aledaño al mercado los “efluentes líquidos de los corrales de ganado generados a su vez por el lavado de camiones y el escurrimiento de agua en el sector de corrales y atracaderos de esta empresa, sin el permiso correspondiente y en violación de las normas ambientales”, según la sentencia.

(Crédito: RONALDO SCHEMIDT/AFP vía Getty Images)

El caso se inició en junio de 2018, tras una denuncia de la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Ambientales.

Arancedo ya había sido procesado por el juez en octubre de 2019, quien lo acusó de ser «responsable de haber cometido el delito de contaminación de las aguas» de este mismo río, en otro capítulo de la causa.

El magistrado también prohibió al empresario salir del país y luego dispuso un embargo de 5 millones de pesos —que entonces equivalían a unos 61.400 dólares estadounidenses, según el precio oficial—, además de un segundo embargo idéntico contra la empresa que dirige. Mercado de Liniers.

El caso va camino a un juicio oral y público que aún no tiene fecha de inicio y cuyas diligencias se encuentran en etapa preliminar, explicó a CNN el abogado de Arancedo, Enrique Munilla.

El mercado de Liniers juega un papel protagónico en la economía argentina: es el centro de venta del ganado que termina en los frigoríficos de la zona más poblada del país y, sobre todo, del Gran Buenos Aires, según los datos de su web oficial.

El mercado se instaló en el barrio de Mataderos en 1884, cuando Argentina se perfilaba como un país agrícola. El nombre del barrio proviene precisamente de la actividad que allí se desarrollaba: la matanza de animales por frigoríficos. En 1992 fue privatizado y entregado a una sociedad concesionaria que explota y gestiona el complejo hasta el día de hoy. Mercado de Liniers SA está a cargo de empresas que operan en la propiedad, según el sitio web oficial de la empresa. Arancedo presidió el directorio en 2017 y parte de 2018.

La ganadería es una de las principales actividades señaladas por diversos ambientalistas y organizaciones como Greenpeace como la raíz de la crisis climática, ya que recurre a la deforestación de bosques nativos para la expansión de haciendas ganaderas y la siembra de soya y otras fuentes de alimento para los animales que eventualmente serán transportados, en parte, al Mercado de Liniers y frigoríficos del interior y del exterior.

Nuevo cargo agregado

En este segundo juicio se amplió la acusación contra Arancedo y se duplicaron los embargos de dos pesos. Se estableció que la empresa que presidía “también había vertido efluentes líquidos con sustancias contaminantes por encima de los valores autorizados por la normativa”, otra supuesta violación a la ley, según la sentencia del juez Casanello del 9 de septiembre.

En el primer procesamiento de Arancedo, en 2019, el juez se basó en nueve informes oficiales de organismos de control ambiental, tanto del gobierno nacional (Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo, Acumar) como de la ciudad (Protección Ambiental, APRA). , que midió los niveles de toxicidad de los efluentes vertidos al cauce, entre otras medidas.

Los informes oficiales determinaron que los parámetros evaluados en el efluente vertido excedieron el límite permisible de azufre, DQO (demanda química de oxígeno), fósforo total y coliformes fecales, así como nitrógeno amoniacal y DBO5 (demanda biológica en oxígeno). En uno de los disparos detectaron más del doble del fósforo tolerable, y en otro, 11 veces el máximo permitido, según el fallo.

Las autoridades también han destacado la posible contaminación de las aguas por patógenos, en particular por la bacteria Escherichia coli, producto del dragado de las heces de animales destinados a la venta.

“La presencia de estos microorganismos en un cuerpo de agua superficial presenta un grave riesgo para la salud de toda la población susceptible de entrar en contacto con dicho recurso hídrico, así como para otros organismos vivos”, señaló la fiscalía en su denuncia.

El juez estableció, con base en el acta, que la empresa no contaba con certificado de aptitud ambiental y no había presentado el informe de impacto ambiental exigido por la ley.

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Arancedo niega los cargos

El abogado de Arancedo le dijo a CNN que el expresidente de Mercado de Liniers SA niega haber tirado efluentes contaminados o sin tratar al arroyo y agregó que las aguas del Cildáñez ya están contaminadas cuando pasan cerca de la propiedad, debido a la supuesta contaminación de otras industrias.

Ante el juez Casanello, la defensa argumentó en un escrito que «las heces de ganado producen un impacto mínimo en el medio ambiente y representan una peligrosidad baja dada su degradabilidad en el tiempo y baja toxicidad».

Agregó que “se ha puesto en marcha un sistema de tratamiento de efluentes con la participación de diferentes organismos a través de geosecadores, que consideró efectivos y suficientes para cumplir con los estándares de protección ambiental”. Los geodesecadores son mangas que filtran sustancias.

Además, el letrado afirmó ante el tribunal que en los años anteriores a las inspecciones y denuncias, «los agentes de las distintas autoridades competentes tenían conocimiento del vertido de los efluentes y del sistema de tratamiento adoptado» y que no habían denunciado ante la tiempo. .

La defensa de Arancedo también argumentó que “la descarga de efluentes líquidos del mercado al arroyo Cildáñez se realizó antes del otorgamiento de la concesión producido en 1992, cuando era operado por el Estado Nacional” y que “según la licitación, la adopción de medidas para adecuar las instalaciones excedió sus obligaciones como concesionario”, según el escrito de la causa.

Arancedo dejó la presidencia de Mercado de Liniers SA en 2018. Óscar Subarroca, actual presidente de Mercado de Liniers SA, se negó a comentar sobre el asunto a pedido de CNN porque el caso judicial aún está en curso, pero dijo que el mercado de bonos del Tesoro comienza su movimiento de el actual terreno que ocupa en el partido de Liniers desde hace aproximadamente 120 años.

La reubicación comenzará el 18 de noviembre y el mercado de ganado se instalará en la ciudad de Cañuelas, en la provincia de Buenos Aires, dijo Subarroca. Uno de los motivos del traslado es precisamente medioambiental, tal y como consta en la causa judicial.

(Crédito: RONALDO SCHEMIDT/AFP vía Getty Images)

La queja

El caso inició en junio de 2018, luego de una denuncia de la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Ambientales, pero la detección de las supuestas irregularidades comenzó en enero de 2017, cuando Acumar, el organismo que debe velar por el manejo de la cuenca, informó al Mercado de Liniers. SA que había detectado en reiteradas ocasiones la presencia de sustancias tipo estiércol en el arroyo Cildáñez y sus alrededores, tal como se indica en las resoluciones de 2019 y de septiembre pasado.

Mientras inspeccionaba las instalaciones del mercado, Acumar reportó otros presuntos defectos, incluidas tres áreas de descarga de efluentes al río, dos con geosecadores y la tercera sin ningún sistema de tratamiento, según el documento. También intervino el APRA de la Ciudad, dependiendo de la causa.

En febrero de 2017, luego de una serie de inspecciones y hallazgos, las autoridades ambientales dieron a Arancedo 72 horas para sellar “cualquier conexión no reglamentaria que haya producido derrames de efluentes”. Arancedo a répondu qu’il se conformerait à toutes les exigences, mais tant en avril et septembre 2017 qu’en mars 2018, lors de nouvelles inspections, les autorités ont détecté que rien n’avait changé, selon l’acte d’accusation de el hombre de negocios.

En marzo de 2018, la Agencia de Protección Ambiental ordenó el cierre y descarga de varias áreas de tratamiento de efluentes en el arroyo. Las autoridades también denunciaron a Arancedo por levantar este cierre y continuar con el vertimiento de aguas supuestamente contaminadas.

Arancedo dijo al juzgado que tenía autorización de emergencia para que, en caso de lluvias extremas, se rehabilitaran los drenajes para evitar inundaciones en el inmueble y en la colonia vecina, y así «garantizar la salud y seguridad del público presente, así como trabajadores y vecinos vecinos”, según un escrito presentado por su defensa.

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