La fiscal del Medio Ambiente del Sur de Honduras, Karen Almendares, fue asesinada a balazos anoche por desconocidos armados en la localidad de Nacaóme, donde vivía, informaron este sábado medios locales.
El crimen se perpetró cuando Almendares abrió el portón de su casa, en la colonia El Chagüite, cuando regresaba de un gimnasio en Nacaóme, en el sureño departamento del Valle, en la frontera con El Salvador.
La Policía Nacional, que no informó sobre el hecho sangriento, coincidió en la zona del crimen, según la escueta información que trascendió.
Según versiones extraoficiales, la fiscal asesinada era hermana de un alto oficial de las fuerzas armadas hondureñas.
El diputado del oficialismo Libertad y Refundación y exfiscal Jari Dixon lamentó el asesinato de Almendares en un mensaje publicado en la red social Twitter.
“La fiscal Karen Almendares es asesinada en Nacaóme, mi más sentido pésame para su familia. Karen fue mi asistente cuando yo era fiscal, es terrible”, dijo Dixon.
La violencia criminal que sufre Honduras provoca un promedio de entre diez y trece muertes diarias, según fuentes oficiales.
Corrupción hondureña
La aprobación de un decreto del Parlamento hondureño para que una entidad del ministerio público investigue casos de corrupción de alto impacto ha sido cuestionada por esta misma institución y sectores de la oposición, quienes consideran que se necesitaba una mayoría calificada en el legislativo.
“Apoyamos la lucha contra la corrupción, y afirmamos que para fortalecer el Estado de Derecho, con un Ministerio Público del mismo rango que el Fiscal General de la República, es necesaria una reforma constitucional”, indicó el Ministerio Público. en un mensaje en la red social Twitter.
Agregó que “de no hacerlo, se sentaría un precedente que podría fragmentar a todas nuestras instituciones, al no respetar los procesos de selección de autoridades de rango constitucional”.
El decreto autoriza a la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción a investigar y perseguir casos de corrupción de alto impacto, sin necesidad de solicitar autorización al titular del Ministerio Público, Óscar Chinchilla, quien dejará su cargo en 2023..
