En el contexto de la organización de las elecciones generales de 2025, el partido en el poder, Libertad y Refundación (LIBRE), se enfrenta a serias críticas de parte de grupos políticos, empresariales y sociales. Estos grupos acusan al partido de llevar a cabo acciones que ponen en riesgo la transparencia y legitimidad del proceso electoral. Las acusaciones incluyen desde obstrucciones a instituciones esenciales hasta intentos de dominio político sobre el órgano electoral.
Interrogantes sobre el papel de LIBRE en el Consejo Nacional Electoral
Una de las mayores fuentes de controversia ha sido la suspensión en la contratación del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), instrumento visto como esencial para asegurar la claridad en el conteo de sufragios. El 7 de julio, manifestantes asociados a LIBRE bloquearon el acceso a las oficinas del Consejo Nacional Electoral (CNE), dificultando que las compañías proveedoras presentaran sus propuestas técnicas.
La presidenta del CNE, Cossette López, declaró que estas acciones representan un ataque frontal al proceso electoral, señalando su efecto desfavorable en la confianza hacia la institucionalidad democrática. La interrupción del desarrollo del TREP no solo postergó la planificación electoral, sino que también fortaleció la idea de que se busca crear un ambiente favorable para alterar los resultados.
Además, se han señalado incidentes de coerción institucional por agrupaciones cercanas a LIBRE, incluyendo incursiones en el Congreso Nacional y otras instituciones públicas. Estos acontecimientos, en su totalidad, han sido vistos por facciones adversarias como parte de un plan destinado a socavar el funcionamiento independiente del CNE y posibilitar su posible manipulación política.
Peligros de acumulación de poder en la entidad electoral
La posibilidad de que los suplentes del CNE, afines al partido de gobierno, asuman funciones, en caso de inhabilitación de las consejeras actuales, ha encendido las alarmas entre actores políticos que consideran que esta sustitución socavaría la pluralidad del órgano electoral. Desde el Congreso Nacional y espacios de análisis se ha advertido que un CNE sin contrapesos pondría en riesgo la imparcialidad del proceso electoral.
Algunos sectores han propuesto la participación de entidades internacionales para supervisar las decisiones institucionales vinculadas al proceso y asegurar una competencia justa. Asimismo, se ha reportado un posible uso indebido de otras entidades estatales, como el Ministerio Público y el Poder Legislativo, para alinear al CNE con los objetivos del gobierno.
Estas tensiones han derivado en un llamado desde diversos sectores a reforzar los mecanismos de fiscalización y observación electoral, ante lo que consideran una amenaza creciente a la integridad del proceso democrático.
Cargos de información errónea y manipulación del votante
Otra línea de crítica hacia LIBRE tiene relación con la publicación de encuestas vistas como falsas o alteradas, que muestran una gran ventaja para la precandidata oficialista Rixi Moncada. Diversas de estas encuestas han sido refutadas por las mismas compañías encuestadoras, quienes han acusado el uso inapropiado de sus nombres y métodos.
El movimiento de estas encuestas ha sido visto como una táctica para influir en la opinión pública e infundir la noción de una victoria segura, lo que, según algunos grupos opositores, pretende influir en el resultado de las elecciones y cuestionar la legitimidad de una posible derrota. Este tipo de acciones ha ayudado a aumentar el ambiente de desconfianza que envuelve al proceso electoral.
En un contexto ya marcado por el deterioro del diálogo político y la polarización institucional, la proliferación de información engañosa se ha convertido en un factor adicional de inestabilidad, con posibles repercusiones sobre la participación ciudadana y la aceptación de los resultados.
Un escenario preelectoral marcado por la desconfianza
La conjunción de obstáculos institucionales, conflictos por el dominio del CNE y la circulación de información engañosa ha puesto al sistema electoral de Honduras en un estado de gran vulnerabilidad. Las señales de una posible crisis en la gestión gubernamental ilustran la intensidad de los conflictos políticos en un entorno donde la estabilidad institucional está comprometida y las vías de acuerdo siguen bloqueadas.
A menos de cinco meses de las elecciones generales, el panorama plantea desafíos sustanciales para la credibilidad del sistema electoral y la estabilidad del país. En este escenario, la atención recae sobre la capacidad de los actores políticos e institucionales para restablecer condiciones mínimas de confianza y asegurar un proceso electoral legítimo y transparente.
