Soldados retirados admiten haber participado en ejecuciones extrajudiciales

(CNN Español) — Ha habido más de 120 ejecuciones extrajudiciales en medio del conflicto armado de Colombia. Solo una parte de los más de 6,400 casos estimados a nivel nacional.

Y en audiencia pública el martes, 10 militares retirados y un civil admitieron haber participado. Este caso, transmitido en el municipio de Ocaña, forma parte de los llamados “falsos positivos” ocurridos en la región del Catatumbo del departamento de Norte de Santander, entre enero de 2007 y agosto de 2008.

Esta fue la primera audiencia de admisión ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), cuya segunda jornada tiene lugar el miércoles.

La JEP nació a raíz del acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC. Es responsable de impartir justicia en los casos cometidos durante el conflicto armado colombiano.

En ambas audiencias también se escucha a los familiares de las víctimas cuando exigen saber quién -dentro del gobierno- les ordenó cometer estos delitos.

Durante la sesión del martes se escucharon declaraciones de acusados ​​de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, que detallaron cómo la estructura que existía en varias unidades militares en la región del Catatumbo trabajaba para asesinar y hacer desaparecer a muchos civiles, para luego presentarlos como víctimas en combate. . con agentes estatales, práctica conocida como «falsos positivos».

“Asesinamos a gente inocente, campesinos”, dijo el suboficial retirado Néstor Guillermo Gutiérrez, en uno de los discursos que más conmocionó a los familiares de las víctimas presentes en la audiencia y que también fue retomado por varios internautas en las redes sociales.

“Ejecuté, asesiné a los familiares de los que están aquí. Dirigiéndolos con mentiras, con trucos, fusilándolos, asesinándolos cruelmente, cobardemente. Póngales un arma y digan pelea, guerrilleros y manchen el nombre de una familia, destruyan esa familia”, explicó Gutiérrez.

Otra de las declaraciones fue la de Santiago Herrera, coronel retirado del Ejército, quien dijo que «irresponsablemente y sin calcular los riesgos» había incitado a sus «subordinados a cometer crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad».

“Estas matanzas de civiles inocentes en situación de desamparo fueron falsas bajas de combate y tuvieron el carácter sistemático que constituyó un patrón delictivo dentro de la brigada”, agregó Herrera.

Este miércoles, durante la segunda audiencia pública, la primera en intervenir fue Carmenza Gómez, madre de Víctor Fernando Gómez Romero, desaparecido el 23 de agosto de 2008 y hallado muerto dos días después en Ocaña. Ella y su familia vivían en la comuna de Soacha cuando supieron que su hijo había sido identificado como guerrillero caído.

“Me entristece, me entristece que unos malos dañaron a toda una institución. Las personas que deberían habernos cuidado, toda una población. Nos han hecho mucho daño a las madres, al barrio, a la comunidad. Así que hoy te pido el gran favor de decir la verdad. Dilo, pero con nombres propios”, dijo Gómez.

Según informó la JEP en comunicado de prensa, el 31 de mayo, así como el 2 y 6 de junio en Bogotá, la secretaría de las desaparecidas FARC realizará su audiencia para reconocer su responsabilidad en casos de secuestro. “La Sala les imputó el crimen de lesa humanidad de privación grave de la libertad y el crimen de guerra de toma de rehenes, así como otros delitos cometidos en relación con los secuestros, como homicidio, desaparición forzada, tortura, tratos crueles, violencia sexual y desplazamiento forzado”, dice el comunicado.

Explican en el documento que luego de estas audiencias de reconocimiento, se espera que en julio la JEP emita la primera resolución de conclusiones para que el Tribunal de Paz imponga las sanciones correspondientes.

En julio de 2021, la JEP imputó a 11 personas por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad por su presunta participación en ejecuciones extrajudiciales en la región del Catatumbo.

La decisión se tomó como parte del «caso 03» que abrió la JEP en 2018 y se deriva de un informe de la Fiscalía General de Colombia sobre «falsos positivos», que investiga «muertes presentadas ilegalmente como víctimas de combate por agentes del Estado». .

Según la JEP, al menos 120 muertos fueron presentados como víctimas de combates en este caso para “aumentar criminalmente las estadísticas oficiales de éxitos militares”.

Durante este período, el país estuvo bajo el mando del presidente Álvaro Uribe, quien no solo cuestionó la credibilidad del tribunal, sino que también negó haber ordenado asesinatos. Uribe dijo que durante su gobierno enfrentó y sancionó «todas las violaciones a los derechos humanos».

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