El diputado Samuel Pérez Álvarez, integrante del movimiento político que nació de la mano del presidente Bernardo Arévalo, se encuentra ahora inmerso en una marcada polémica tras un episodio ocurrido el 14 de enero de 2025 en el Congreso de la República de Guatemala.
El Ministerio Público (MP) presentó recientemente ante los tribunales una solicitud para retirarle la inmunidad parlamentaria, tras considerar que su comportamiento podría constituir graves delitos administrativos y penales.
Un hecho aparentemente trivial o un posible abuso de autoridad con efectos graves
El caso tomó relevancia cuando el legislador interceptó y rompió una carta que el diputado Neftalí Chocooj de Cabal intentaba entregar al presidente Bernardo Arévalo de León durante su intervención por el primer año de gobierno, y este acto de destrucción ha sido considerado por la Fiscalía de Derechos Humanos como una posible manifestación de abuso de autoridad y discriminación, conductas tipificadas que podrían justificar que el Congreso autorice una investigación formal.
Pérez replicó con tono irónico frente a la acusación, describiendo la denuncia como un presunto “hojicidio” y afirmando que jamás tuvo la intención de ofender, sino que todo obedeció a un mero enfrentamiento político. Asimismo, restó credibilidad al denunciante al señalarlo como corrupto.
¿Qué importancia tiene suprimir la inmunidad?
En Guatemala, los diputados cuentan con inmunidad para preservar su independencia política, aunque esta protección deja de ser plena cuando surgen indicios de abuso de autoridad o actos de discriminación.
Si el Congreso acepta la solicitud del Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia da luz verde al antejuicio, Pérez quedaría sujeto a un proceso penal formal que lo exponga a consecuencias legales, que abarcan tanto sanciones administrativas como eventuales procedimientos ante tribunales ordinarios, con posibles penas de prisión según la gravedad de los delitos atribuidos.
En medio de tensiones entre el MP y el partido Movimiento Semilla, la situación se desarrolla mientras avanzan varias solicitudes de retiro de inmunidad vinculadas a distintos casos, lo que ha alimentado un debate público sobre la legitimidad de estos procesos y sobre un posible sesgo político en las acciones judiciales que involucran a personas cercanas al presidente Arévalo.
La situación de Pérez ha dejado de verse como un episodio aislado de conducta inapropiada en el hemiciclo parlamentario y ha evolucionado hacia un panorama legal que podría repercutir en su permanencia e influencia política en el país, y, si finalmente se aprobara el levantamiento de su inmunidad, el diputado debería enfrentar un proceso ante la justicia ordinaria cuyas consecuencias aún no han sido definidas.