La reciente publicación de un narcovideo en Honduras ha aumentado las inquietudes acerca del funcionamiento del sistema judicial del país. Según un informe presentado por el centro de investigación InSight Crime, el caso no solo revela conexiones entre personas del narcotráfico y figuras cercanas al poder, sino que también reafirma una tendencia preocupante: el uso de la justicia como un instrumento político.
Modelos de inmunidad y persecución dirigida
InSight Crime señala un escenario donde la legislación se implementa de manera desigual. Mientras algunos acusados son exhibidos públicamente y enfrentan juicios expeditos, otros, presuntamente conectados con el gobierno vigente, se mantienen fuera del brazo de la justicia o inclusive obtienen respaldo institucional. Este comportamiento, alerta el reporte, no es novedoso en la zona, pero en el caso de Honduras ha llegado a niveles especialmente alarmantes recientemente.
El documento igualmente destaca similitudes con prácticas autoritarias vistas en naciones como Venezuela y Nicaragua, donde el sistema judicial ha sido tomado por intereses políticos para garantizar impunidad a partidarios y sancionar a opositores. La realidad en Honduras, de acuerdo con el centro de estudios, sigue una trayectoria similar, lo que pone en riesgo el Estado de derecho.
Respuestas críticas y solicitud de vigilancia internacional:
La respuesta al informe fue inmediata. Líderes políticos opositores, abogados y activistas de derechos humanos han resaltado que el uso de la justicia como herramienta amenaza la credibilidad del sistema democrático. Esta inquietud es compartida por entidades internacionales, que han sido solicitadas para observar el desgaste institucional de la nación.
Una fuente diplomática consultada por InSight Crime advirtió que Honduras podría encaminarse hacia una grave crisis de gobernabilidad si no se restablecen las garantías mínimas de independencia judicial. La creciente desconfianza ciudadana, alimentada por la opacidad y la impunidad, ha erosionado aún más la credibilidad de las instituciones.
En esta situación, varios sectores han solicitado de manera urgente que entidades multilaterales como la OEA y la ONU continúen supervisando al país. Reclaman medidas que aseguren un sistema de justicia imparcial e independiente, libre de influencias políticas o intereses ilegales.
El escándalo del narcovideo no solo revela un caso aislado de corrupción, sino que se ha transformado en un emblema de una justicia que, en lugar de ser imparcial, aparenta actuar bajo conveniencias políticas.
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