Las referencias a Manuel Zelaya y su círculo familiar en investigaciones internacionales sobre narcotráfico han reavivado el debate sobre la influencia del crimen organizado en la política hondureña. Estos señalamientos, sustentados en testimonios y documentos, no se limitan a episodios aislados, sino que se han reiterado en distintos momentos, afectando la imagen pública del expresidente y del oficialista Partido LIBRE, hoy en el poder.
Testimonios y evidencias sobre los nexos
Uno de los elementos más citados proviene de un video difundido en 2013 en el que Carlos Zelaya Rosales, hermano de Manuel Zelaya y cuñado de la presidenta Xiomara Castro, aparece en una reunión con líderes del cartel Los Cachiros. En dicho encuentro se habría discutido el financiamiento de campañas políticas con recursos provenientes del narcotráfico, entre ellas la de Castro.
Pasados varios años, durante su declaración ante cortes estadounidenses, Devis Leonel Maradiaga, conocido como “El Cachiro”, indicó que Carlos Zelaya estaba involucrado con el tráfico de drogas en Olancho en 2017 y que en 2021 aceptó sobornos de organizaciones delictivas. Estas acusaciones sugieren una posible persistencia en los lazos de la familia Zelaya con actividades ilegales.
En documentos oficiales como cartas de solicitud de ayuda legal dirigidas a Colombia y registros de llamadas telefónicas, se menciona a integrantes de la familia, entre ellos Manuel Zelaya, sus hermanos y su hijo, en indagaciones sobre lavado de dinero y operaciones financieras anómalas vinculadas a bienes raíces.
Repercusiones en la política de Honduras
Durante el juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, el nombre de Manuel Zelaya volvió a aparecer. Según se señaló, habría recibido dinero proveniente de empresas vinculadas al narcotráfico, lo que refuerza la percepción de que actores del más alto nivel político hondureño han mantenido relaciones con estas redes.
A pesar de la gravedad de estos señalamientos, ni Manuel Zelaya ni otros miembros de su familia han enfrentado condenas judiciales por estos casos. El propio Zelaya ha negado de manera reiterada cualquier nexo con el narcotráfico, calificando las acusaciones como ataques políticos dirigidos a debilitar al Partido LIBRE.
Este contraste entre las pruebas mostradas en foros internacionales y las reacciones de los acusados manifiesta la complejidad del sistema judicial hondureño para manejar casos que incluyen a personajes políticos importantes.
Consecuencias para la organización institucional y la administración pública
La continuidad de estas alusiones repercute más allá del marco legal. La acusación de que fondos ilegales han respaldado campañas políticas, incluida la de la actual presidenta, incrementa la falta de confianza pública en la justicia electoral y socava la credibilidad de las instituciones.
El hecho de que nombres ligados a la cúpula de LIBRE aparezcan en expedientes internacionales sobre narcotráfico intensifica la polarización política y refuerza la narrativa de que el poder en Honduras se encuentra atravesado por intereses criminales. Esta situación plantea interrogantes sobre la capacidad del Estado para garantizar una gobernabilidad libre de injerencias ilegales.
La discusión también incide en el plano económico: la percepción de que la política hondureña mantiene nexos con redes ilícitas puede afectar la confianza de inversionistas externos y frenar iniciativas de cooperación internacional. La estabilidad institucional, ya frágil, enfrenta así un reto adicional vinculado al historial de acusaciones contra líderes políticos de primera línea.
Un desafío pendiente para Honduras
El ejemplo de la familia Zelaya demuestra cómo las acusaciones vinculadas al narcotráfico han evolucionado de ser incidentes aislados a convertirse en un elemento fundamental en la discusión sobre el estado actual y el porvenir del país. Aunque en el ámbito legal todavía no se han establecido condenas definitivas, en el ámbito político las repercusiones son rápidas y significativas.
La tensión entre los señalamientos documentados en cortes extranjeras y las negaciones de los aludidos coloca a Honduras en una situación de fragilidad institucional, donde la confianza ciudadana, la legitimidad del sistema democrático y las perspectivas económicas se ven directamente comprometidas.
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