Unos 4.328 extranjeros han legalizado su estancia en Bolivia tras acogerse a un trámite excepcional de un año otorgado por el gobierno, entre ellos 1.605 venezolanos, informó este lunes la directora nacional de Migración, Katherine Calderón.
En la presentación de un informe, Calderón explicó que 3.883 juicios corresponden a adultos y 445 a menores de edad y que esta legalización ha tenido mayor incidencia en las ciudades de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, que constituyen el eje central del país.
La legalización comenzó en 2021 luego de evaluar algunas medidas tomadas un año antes con la llegada de la pandemia de covid-19 y políticas como cierres de fronteras o confinamiento que afectaron la realización de estos trámites, dijo Calderón.
Los registros de la Dirección Nacional de Migración establecen que en Santa Cruz 2.350 personas completaron el proceso de legalización, en La Paz 968 y Cochabamba 621, mientras que en otras regiones bolivianas la cifra fue menor.
Según el informe, personas de 74 nacionalidades diferentes han podido acceder al proceso de regularización migratoria, la mayoría de las cuales provienen de Venezuela (37,1%), Brasil (18,5%), Perú (11,4%), de Colombia (8%). , y Cuba (5,5%).
También se destacan ciudadanos de Paraguay (3,3%), China (3,2%), España (1%) y Chile (1%), dijo Calderón.
El director de Migración Bolivia también precisó que el 58 % de los trámites fueron otorgados a menores de edad venezolanos, seguidos por otros de Colombia (7,6 %), Paraguay (5,2 %), Brasil (4,7 %), Perú (4,3 %), Estados Unidos. . (4%), Cuba (3,6%), además de España y México (1%).
Calderón señaló que estos trámites corresponden a personas que pretenden permanecer en Bolivia y que la regularización otorga el beneficio de residencia por dos años sin pagar multas por permanencia irregular o salida forzosa del país.
Este proceso de regularización migratoria ha sido el más exitoso ya que en 2013 llegó a 1.159 beneficiarios, en 2016 favoreció a 1.340 y en 2018 legalizaron su estancia 2.062 extranjeros, señaló el funcionario.
Con este trámite se busca el mayor aprovechamiento para la comunidad migrante y que puedan acceder a los derechos y cumplir con las obligaciones establecidas en el país.
En este trabajo han participado entidades como el Servicio General de Identificación Personal (Segip), la Policía de Bolivia, el Consejo Nacional para los Refugiados (Conare) y la Defensoría del Pueblo.