La justicia peruana ha admitido conocer el recurso interpuesto por el presidente Pedro Castillo contra la decisión de declarar infundada la «tutela de derechos». La cual tenía como objetivo cancelar la investigación abierta en su contra por la Fiscalía Nacional por presuntamente liderar una red criminal desde el ejecutivo.
En una resolución judicial, publicada este domingo por la prensa local, el juez supremo Juan Carlos Checkley aprobó la solicitud presentada por la defensa del presidente. Esto luego de determinar que el recurso cumple con los requisitos establecidos por la ley para ser revisado.
“La segunda mitad de este partido está por comenzar”, escribió en Twitter el abogado principal de Castillo, Benji Espinoza, luego de conocer la decisión de la corte.
El mandatario había interpuesto este recurso después de que el Tribunal Supremo de Instrucción Preparatoria declarara infundada la «tutela de derechos» el pasado 23 de junio. Que pretendía suspender el juicio abierto por el exfiscal general Pablo Sánchez contra el jefe de Estado.
La defensa de Castillo argumentó que el líder goza de inmunidad absoluta mientras esté en el cargo. En consecuencia, se vulnerarían los principios constitucionales de legalidad procesal y el principio de seguridad jurídica. Ello dado que la Constitución permite su enjuiciamiento, mientras esté en el cargo, sólo por los casos de traición a la patria o impedimento de elecciones.
Por eso, Espinoza ha anunciado que acudirá a instancias superiores, como la Corte Constitucional, e incluso supranacionales. Apelar la decisión judicial que dio vía libre a la investigación fiscal y hacer que se anulen dichas investigaciones.
Justicia peruana admite recurso de Castillo para evitar investigaciones en su contra
En cuanto a la «protección de la ley», el juez Checkley señaló que si bien el líder solo puede ser imputado en los casos previstos por la Constitución, «esto no niega la posibilidad de abrir una investigación preliminar siempre que existan justificaciones razonables».
Pablo Sánchez entrevistó a Castillo hace dos semanas sobre el supuesto fiscal de que es el jefe de una organización criminal. Presuntamente, se encargaría de organizar la asignación de puestos estatales a los empresarios que colaboraron en su campaña electoral y de designar funcionarios afines a esta tarea.
En concreto, se adeudan investigaciones contra el Presidente por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada.
Colaboradores del Ministerio Público señalaron que el exministro Juan Silva está involucrado en esta supuesta red corrupta. También el exsecretario general de la presidencia Bruno Pacheco y dos sobrinos del mandatario, quienes continúan prófugos de la justicia.
Tras la averiguación previa de la Fiscalía, la Comisión de Control del Congreso aprobó el pasado jueves un informe que acusa a Castillo de encabezar la supuesta organización criminal arraigada en el Poder Ejecutivo.
El caso, que propone imputar constitucionalmente al jefe de Estado por los delitos de organización criminal, negociación incompatible y abuso de autoridad, será votado en los próximos días por el pleno de la Asamblea Legislativa. Y, con los votos a favor de la oposición, todo indica que recibirá luz verde.