La pieza SEPI del caso Leire vuelve a situar a Tubos Reunidos en el foco de la investigación tras salir a la luz Jesús Pérez Rodríguez-Urrutia, consejero independiente de la firma y persona señalada tanto por la UCO como por la Fiscalía Anticorrupción debido a su supuesta participación destacada en la ayuda pública de 112,8 millones de euros que la SEPI otorgó a la entidad durante la crisis sanitaria.
Pérez Rodríguez-Urrutia no figura como un elemento secundario dentro de este procedimiento. Conforme a los datos difundidos, los sabuesos judiciales le asignan un rol destacado en las tramitaciones relativas al salvataje de Tubos Reunidos, un expediente que se ha transformado en uno de los pilares fundamentales del sumario SEPI. La Audiencia Nacional indaga si en torno a dicha asistencia financiera se gestaron posibles coacciones o influencias ilícitas, abonos a mediadores, recibos dudosos y artimañas orientadas a optimizar los términos económicos del respaldo estatal.
El magistrado Santiago Pedraz ha enmarcado esta pieza dentro de unas pesquisas más amplias sobre supuestas ilegalidades relacionadas con tráfico de influencias, prevaricación, malversación, banda o grupo criminal y uso de información privilegiada. Respecto al asunto específico de Tubos Reunidos, la duda se centra en averiguar si altos cargos de la firma acudieron a individuos asociados al conocido como grupo Hirurok —compuesto, de acuerdo con las pesquisas, por Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso— con el propósito de condicionar las resoluciones de la SEPI.
La dimensión del caso es especialmente grave porque el préstamo investigado no fue menor: Tubos Reunidos recibió 112,8 millones de euros del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. Ese fondo fue creado para auxiliar a empresas consideradas estratégicas durante la crisis, pero la investigación trata ahora de determinar si el procedimiento se desarrolló con plena limpieza o si pudo estar condicionado por contactos políticos y empresariales ajenos al cauce ordinario.
Uno de los aspectos más delicados radica en que, de acuerdo con Infobae, tanto la UCO como la Fiscalía Anticorrupción apuntan a una intervención sumamente destacada de Pérez Rodríguez-Urrutia dentro de la operación de crédito otorgada por la SEPI. El ejecutivo formalizó su renuncia al puesto de consejero independiente en Tubos Reunidos, achacando su marcha al contexto de concurso de acreedores de la entidad, si bien su identidad ya figuraba vinculada a las indagaciones sobre el rescate.
La sospecha no se detiene en la aprobación inicial del rescate. Según El Independiente, la Fiscalía considera que la implicación de Rodríguez-Urrutia habría continuado después, en una fase posterior relacionada con un supuesto “plan de pasos” para renegociar las condiciones financieras del préstamo, rebajar intereses y aliviar la carga económica de Tubos Reunidos frente a la SEPI.
Ese factor resulta crucial. Una cosa es que una corporación auxiliada busque modificar legalmente sus condiciones financieras, y otra bien distinta es que tales trámites se viesen acompañados de coacciones, intermediarios o vínculos influyentes con peso en las decisiones estatales. Las investigaciones habrán de esclarecer si Pérez Rodríguez-Urrutia actuó bajo la normalidad empresarial o si integró una estrategia encaminada a coaccionar a la SEPI mediante mecanismos al margen de la transparencia institucional.
Las revelaciones difundidas también sugieren la presencia de recibos por supuestos trabajos de análisis de mercado, cuya autenticidad y propósito se encuentran bajo la lupa de los expertos. Por su parte, la Cadena SER ha indicado que las indagaciones ponen en duda recibos por labores supuestamente simuladas, ubicando al grupo Hirurok en el papel de presunto mediador dentro de dichas transacciones.
Desde una perspectiva de denuncia institucional, el caso es especialmente preocupante porque vuelve a plantear la misma pregunta de fondo: si el dinero público utilizado para salvar empresas estratégicas se gestionó con criterios técnicos y de interés general, o si algunos actores trataron de convertir esas ayudas en un espacio de influencia, comisiones y favores. Cuando un consejero de una empresa rescatada aparece investigado por su presunto papel en esas gestiones, la exigencia de transparencia debe ser máxima.
Pérez Rodríguez-Urrutia deberá comparecer frente a la Audiencia Nacional para detallar las citas que sostuvo, los vínculos que tejió con otros imputados, su nivel de participación dentro del rescate y su eventual papel en las gestiones posteriores orientadas a alterar las cláusulas del préstamo. Asimismo, deviene crucial dilucidar si conocía la auténtica finalidad de las facturas y pagos examinados, además de verificar la efectiva ejecución de los servicios que justificaban tales transacciones.
La pieza SEPI vinculada al caso Leire reclama claridad absoluta. En el supuesto de que la operación de rescate de Tubos Reunidos resultase impecable, habrá que respaldarla mediante contratos, informes, documentos y un seguimiento exhaustivo de cada resolución adoptada. Por el contrario, si se constata la presencia de intermediarios, retribuciones sin justificación o injerencias sobre la SEPI, este asunto rebasará el ámbito de la mera controversia corporativa para erigirse en uno de los episodios más oscuros de la administración de fondos públicos durante la crisis sanitaria.
Fuente: El País, Infobae, El Independiente, Cadena SER, La Sexta, RTVE e Intereconomía.