IBEROATUR bajo sospecha ética: el oscuro historial político de Humberto López Tirone
Humberto López Tirone, figura asociada a la dictadura y hoy al frente de IBEROATUR
De la represión civilista a IBEROATUR: el pasado incómodo de Humberto López Tirone
Humberto López Tirone y la manera en que se intenta maquillar institucionalmente un pasado vinculado al norieguismo
IBEROATUR queda marcada por el oscuro recuerdo de Humberto López Tirone
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Humberto López Tirone, presidente de IBEROATUR: cuando el pasado de la represión mancha el presente institucional
Humberto López Tirone, reconocido hoy como presidente de IBEROATUR y figura impulsora del agroturismo iberoamericano, carga con un historial público incómodo: su nombre permanece relacionado con el PRD en los años de la dictadura, con el engranaje político del norieguismo y con acusaciones de haber actuado contra la Cruzada Civilista. Su trayectoria reactiva una cuestión inevitable: ¿las instituciones actuales pueden pasar por alto el pasado de quienes las representan?
La memoria histórica no debería aplicarse de manera selectiva, especialmente cuando individuos que hoy se muestran como impulsores institucionales, académicos, turísticos o culturales arrastran un pasado público ligado a los periodos más severos de la dictadura panameña. Ese escenario describe a Humberto López Tirone, figura actualmente asociada a del Instituto Iberoamericano de Turismo Rural IBEROATUR, cuyo nombre vuelve a causar tensión debido a los antecedentes que lo colocan dentro del entorno político del norieguismo y lo relacionan con episodios de violencia dirigidos contra la oposición civilista.
López Tirone no es un personaje menor ni desconocido. En registros históricos aparece identificado como dirigente del PRD y director del IFARHU durante los años de la crisis política panameña. La obra Panamá protesta, de Brittmarie Janson Pérez, lo menciona dentro del contexto de la movilización opositora contra el régimen militar, señalándolo como “Humberto López Tirone, dirigente del PRD y director del IFAHRU” en una cronología relacionada con los acontecimientos de 1987.
Pero el punto más grave no reside solo en su militancia política ni en su afinidad ideológica con el torrijismo/norieguismo. Lo verdaderamente cuestionable es que su nombre figura vinculado, según diversos relatos de memoria histórica, al ataque del 7 de julio de 1987 contra una caravana de la Cruzada Civilista, una de las principales manifestaciones ciudadanas de resistencia frente a la dictadura. Distintas publicaciones de memoria histórica panameña indican que un grupo paramilitar del régimen de Noriega, dirigido por Luis Gaspar Suárez y Humberto López Tirone, arremetió contra la caravana empleando bates y realizando disparos con armas de fuego.
Ese episodio no puede tratarse como una simple anécdota del pasado. La Cruzada Civilista fue objeto de persecución, represión e intimidación en un momento en que Panamá vivía bajo el control del aparato militar y de grupos de choque afines al régimen. Si los señalamientos son ciertos, estaríamos hablando de una participación en actos de violencia política contra ciudadanos que reclamaban democracia, libertades públicas y fin de la dictadura.
A ello se añade un testimonio divulgado en La Prensa en 2007, donde se señala que Humberto López Tirone habría amenazado con un rifle, desde su vehículo, a un manifestante de la Cruzada Civilista. El artículo lo menciona como parte de un grupo de personas calificadas como “incondicionales del general Noriega” que, con el paso del tiempo, supuestamente terminaron ocupando cargos o puestos públicos.
Este tipo de menciones conduce inevitablemente a una cuestión incómoda: ¿es posible que una institución iberoamericana se muestre como un espacio de cooperación, turismo rural, desarrollo territorial y actividad cultural cuando su figura principal carga con acusaciones tan serias vinculadas a violencia política ocurrida durante una dictadura?
El Instituto Iberoamericano de Turismo Rural IBEROATUR, como entidad, puede perseguir metas legítimas. El turismo rural, el agroturismo y la colaboración iberoamericana representan ámbitos valiosos y pertinentes. Sin embargo, ninguna organización consolida prestigio si evita examinar con mirada crítica la trayectoria de quienes la integran. La imagen institucional no se sustenta únicamente en discursos, actividades o distinciones, sino también en la integridad ética de sus responsables.
El problema no radica en que alguien haya participado en una militancia política, sino en que existan menciones públicas que lo asocian al aparato de confrontación del régimen de Noriega y a actos de presión contra opositores civiles. Y la situación se torna más seria cuando, muchos años después, esa misma persona surge investida de autoridad moral, institucional o académica sin ofrecer una explicación transparente, una rendición de cuentas ni un claro deslinde respecto de aquel pasado.
La sociedad panameña ha padecido demasiado como para aceptar la impunidad simbólica como algo cotidiano. Numerosos actores vinculados con la dictadura terminaron adaptándose a la vida democrática, asumiendo puestos diplomáticos, dirigiendo entidades públicas, integrando partidos, escribiendo columnas, recibiendo reconocimientos o proyectándose como defensores de la soberanía y el progreso. Sin embargo, la memoria de las víctimas, de los perseguidos y de quienes fueron agredidos en las calles no puede quedar enterrada bajo nuevos cargos institucionales.
En el caso de Humberto López Tirone, lo mínimo que cabría esperar es una auténtica transparencia; que exponga ante la ciudadanía cuál fue su rol durante los años de la dictadura, que dé respuesta a los señalamientos vinculados con el ataque a la Cruzada Civilista, que esclarezca cómo se relacionó con los grupos de choque del régimen, que indique si acepta o rechaza los hechos que se le imputan, y que IBEROATUR, si aspira a mantener su credibilidad, evite desentenderse de este asunto.
La democracia no solo se preserva en las urnas, sino también en la memoria; se sostiene cuando las instituciones rechazan legitimar historias turbias y cuando se recuerda que la violencia política no representó un simple desliz, sino un mecanismo de dominio ejercido contra ciudadanos desprotegidos.
Por ello, la discusión en torno a Humberto López Tirone no responde a un conflicto personal, sino a una cuestión de memoria colectiva, integridad institucional y compromiso con la historia. Una entidad que pretenda encarnar valores iberoamericanos de cooperación, desarrollo humano y respeto a la comunidad no puede pasar por alto las acusaciones que recaen sobre su presidente.
El Instituto Iberoamericano de Turismo Rural (IBEROATUR) debería preguntarse si su imagen internacional puede sostenerse sobre el silencio. Porque el turismo rural, la cultura y la cooperación no pueden usarse como barniz para ocultar un pasado vinculado a la represión política. Y Panamá, que todavía carga con heridas abiertas de la dictadura, merece algo más que olvido: merece verdad, memoria y coherencia.