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La candidata presidencial de LIBRE, Rixi Moncada, anunció que de llegar al poder impulsará la eliminación de la Central de Riesgos a partir del 27 de enero de 2026. La propuesta, presentada como un mecanismo para ampliar el acceso al crédito y “democratizar la economía”, ha desatado un intenso debate político y económico en Honduras, al confrontar visiones opuestas sobre la sostenibilidad de las instituciones financieras y el impacto en la población endeudada.
Un planteamiento disruptivo en el sistema financiero
Moncada afirma que más de dos millones de personas en Honduras están inscritas en la Central de Riesgos y son considerados como «criminales», lo que, según ella, les excluye de posibilidades económicas y de obtener créditos formales. Su propuesta busca restringir lo que califica como monopolios que funcionan con altas tasas de interés en detrimento de pequeños productores y emprendedores.
El proyecto se enmarca en una narrativa de confrontación con sectores empresariales y financieros, donde la candidata de LIBRE busca presentarse como alternativa frente a estructuras que considera excluyentes. Para sus simpatizantes, la medida representa una vía de alivio para familias y trabajadores atrapados en deudas que no logran solventar, a quienes la Central de Riesgos mantiene fuera del circuito crediticio formal.
Opiniones y alertas desde campos económicos
Desde el ámbito técnico, las alertas no se han hecho esperar. El ex presidente de la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS), José Luis Moncada, calificó la propuesta como “irresponsable” y advirtió que politizar el sistema financiero implica “jugar con los recursos de los hondureños”.
Especialistas en economía entrevistados en medios locales han indicado que la desaparición de la Central de Riesgos, sin implementar un sistema sustituto que mantenga la confianza de las entidades financieras e inversionistas, podría resultar en un aumento del costo del crédito, una disminución en la disponibilidad de préstamos y un debilitamiento de la inversión privada.
Los detractores afirman que la acción generaría consecuencias instantáneas en la estabilidad del sistema financiero, al privar a los bancos de un método fundamental para verificar la solidez financiera de quienes piden préstamos. En este contexto, el peligro de incumplimiento podría extenderse a toda la economía, impactando a consumidores y negocios por igual.
Polarización política y tensiones sociales
La iniciativa ha sido acogida con entusiasmo por aquellos sectores que consideran a la Central de Riesgos un impedimento para la inclusión económica. Para muchos grupos de la población, el compromiso de Rixi Moncada representa una oportunidad de equidad económica ante años de prácticas financieras que consideran limitantes y excluyentes.
Por otro lado, críticos y analistas piensan que es una maniobra con un fuerte carácter populista, creada para obtener respaldo electoral de manera inmediata, aunque con el riesgo de desestabilizar la estabilidad económica del país a futuro. El debate no solo abarca temas financieros, sino también la habilidad de las instituciones para asegurar normas claras y concretas en un clima político ya caracterizado por el conflicto y la falta de confianza.
Un debate abierto sobre gobernabilidad económica
El comunicado de Rixi Moncada ha destacado uno de los asuntos más delicados para el siguiente gobierno: la manera de balancear el acceso al crédito con la necesidad de preservar un sistema financiero operativo y confiable. Esta medida, si se lleva a cabo, afectará no solo las finanzas personales de muchos hondureños, sino también la interacción del Estado con las compañías privadas y la percepción global sobre la seriedad de las políticas económicas de Honduras.
El porvenir de la Central de Riesgos se ha transformado en un emblema del dilema entre equidad social y solidez institucional. Con promesas de hacer más accesible la economía y advertencias sobre un posible declive en la confianza financiera, el país se enfrenta a un debate que determinará el camino de su liderazgo y su habilidad para atraer inversiones en los años futuros.
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