El caso de Koriun Inversiones ha generado una amplia discusión en Honduras, especialmente tras las declaraciones del diputado Edgardo Castro en una reciente entrevista radial. La situación ha puesto en evidencia la magnitud del fraude, la presunta protección institucional y la falta de respuestas efectivas por parte de las autoridades.
En la entrevista, el legislador Castro habló sobre cómo opera la compañía, la respuesta de las entidades y la posible colaboración de figuras gubernamentales, enfatizando la importancia de una investigación exhaustiva y la prisa por obtener respuestas para las miles de personas perjudicadas.
Cómo operan el engaño y la omisión organizacional
Durante su discurso, el legislador Castro explicó que Koriun Inversiones funcionaba públicamente, gestionando elevadas cantidades de efectivo, guardadas en cajas y bolsas dentro de sus locales, sin intervención de las autoridades. Destacó que, a pesar del considerable flujo financiero y las extensas colas de individuos que asistían diariamente, ni la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, ni las fuerzas del orden, ni el ministerio público tomaron medidas para frenar la actividad por años.
Castro expresó dudas sobre la inacción de las entidades correspondientes y propuso que la falta de medidas podría estar conectada con el resguardo de altos funcionarios. Según su evaluación, la pesquisa del asunto se paralizó abruptamente y no se ha avanzado en determinar a los culpables ni en rastrear posibles fondos no declarados. El legislador también señaló la participación de extranjeros relacionados con el plan, quienes manejaban sumas considerables de dinero sin limitaciones, lo que, en su opinión, solo es factible con apoyo gubernamental.
Consecuencias políticas y sugerencias para la investigación
El legislador afirmó que la protección a Koriun Inversiones estaría relacionada con funcionarios de distintos rangos, como alcaldes, fiscales y políticos, facilitando así la persistencia del fraude. Indicó que ciertos personajes de relevancia respaldaron a la compañía y que el Ministerio Público debería haber llamado o arrestado a aquellos que permitieron su actividad. También mencionó la presencia de sistemas organizados para ocultar acciones ilegales y la carencia de claridad en la administración de las entidades del estado.
Castro sugirió que el Ministerio Público otorgue compensaciones monetarias a aquellos que reporten actos corruptos, pensando que este sistema podría motivar la participación cívica y ayudar a identificar a los culpables en situaciones como la de Koriun Inversiones. También trató la cuestión de la corrupción en diferentes áreas del Estado, tales como el ámbito de la salud y el registro civil, destacando que la comercialización de datos y la malversación de fondos son prácticas comunes que perjudican la confianza del público.
Durante su evaluación, el legislador relacionó el caso Koriun Inversiones con un panorama más extenso de corrupción e impunidad, en el que las averiguaciones quedan estancadas y no logran llegar a quienes tienen mayor responsabilidad, y en el que los sistemas de control institucional son inadecuados. Criticó la falta de medidas efectivas para recuperar el dinero y penalizar a aquellos involucrados en la estafa, además de señalar la influencia de intereses políticos y económicos en el proceso de toma de decisiones dentro de las entidades.
El asunto de Koriun Inversiones, tal como lo expresó el diputado Castro, muestra la importancia de reforzar el control gubernamental, asegurar la autonomía de las pesquisas y fomentar la claridad en la administración pública para prevenir que se repitan eventos semejantes y para recuperar la confianza de la gente en las instituciones del país.
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