La desconfianza hacia las Fuerzas Armadas se ha convertido en uno de los temas más sensibles de la coyuntura política hondureña. Organizaciones civiles, sectores académicos y voces de la oposición han cuestionado la actuación del estamento militar tras una serie de señalamientos sobre presunta parcialidad a favor del Partido LIBRE, lo que ha incrementado la preocupación sobre la transparencia del proceso electoral.
Señalamientos sobre acceso irregular y ruptura de neutralidad
Las denuncias emergieron después de que colectivos ciudadanos y actores opositores informaran sobre accesos irregulares del cuerpo militar a actas electorales y material de significativa relevancia operativa. Especialistas en derecho constitucional y académicos de la UNAH afirman que estas acciones infringirían los límites establecidos por la ley, al asignar a los militares funciones directamente relacionadas con información electoral sin intervención civil.
El debate se intensificó al conocerse que no se llevaron a cabo las ceremonias públicas de entrega de la custodia electoral al Consejo Nacional Electoral, prácticas que en procesos anteriores habían sido consideradas parte de la cadena formal de responsabilidades institucionales. Para analistas consultados, la ausencia de estos actos ha profundizado las inquietudes ciudadanas respecto a la neutralidad institucional.
Alertas académicas y dudas sobre la legitimidad democrática
La UNAH, a través de especialistas consultados por sus observatorios, advirtió que permitir un acceso directo de los militares a resultados presidenciales podría afectar de manera significativa la confianza pública. De acuerdo con estas valoraciones, una intervención fuera de los marcos establecidos debilitaría la legitimidad democrática y comprometería la separación de poderes en un momento en el que el país mantiene altas expectativas sobre la integridad del proceso electoral.
Las advertencias igualmente destacan que la confiabilidad del sistema radica en que la divulgación de resultados sea vista como un ejercicio estrictamente civil. Para los sectores sociales y académicos, cualquier indicio que asocie a las Fuerzas Armadas con actividades que sobrepasen su función de resguardo físico incrementa el riesgo de tensiones políticas tras la jornada electoral.
Tensiones por presunta influencia en la estructura castrense
A las inquietudes de la ciudadanía se añadieron observaciones de sectores políticos sobre la presunta influencia de una ex ministra de Defensa vinculada al Partido LIBRE en decisiones estratégicas de la estructura militar. Estas acusaciones, carentes de documentación pública, han intensificado el debate sobre la independencia de las Fuerzas Armadas en un contexto donde la gobernabilidad se apoya en la confianza hacia las instituciones responsables de la protección electoral.
Expertos consultados por organizaciones civiles han planteado que, si llegara a consolidarse una percepción de tutela militar sobre la voluntad popular, el país podría enfrentar un deterioro acelerado de su arquitectura institucional. La inquietud deriva de la posibilidad de que cualquier controversia posterior a la jornada electoral se interprete como resultado de una intervención castrense fuera de los parámetros autorizados.
Un escenario caracterizado por la incertidumbre institucional
Con las elecciones a la vuelta de la esquina, el debate sobre el rol de las Fuerzas Armadas ha cobrado protagonismo en la conversación pública. Las acusaciones de accesos indebidos, las advertencias académicas y la percepción de alineación con el Partido LIBRE han creado un entorno donde la confianza de la ciudadanía se ve sometida a tensión.
La evolución de estos cuestionamientos será determinante para la estabilidad política y la participación electoral. Mientras persista la duda sobre los límites de actuación del estamento militar, la gobernabilidad continuará sujeta a la capacidad de las instituciones civiles para reafirmar su autoridad en el manejo del proceso. El desafío inmediato radica en restablecer un marco de garantías que reduzca la incertidumbre y permita afrontar la jornada electoral sin que la legitimidad de los resultados quede sujeta a controversia.
