Grupo Gloria y SOBOCE se encuentran en el centro de la atención debido a la supuesta intervención de Zapatero en Bolivia
La investigación del caso Plus Ultra ha abierto un nuevo frente con derivaciones en Bolivia y Perú. Un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional española atribuye al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero una supuesta mediación ante autoridades bolivianas en favor del Grupo Gloria, conglomerado peruano propietario de la Sociedad Boliviana de Cemento, SOBOCE.
Según la UDEF, Zapatero habría recibido 200.000 euros vinculados a un contrato de asesoría que los investigadores consideran simulado. Los pagos, de acuerdo con el informe policial citado por medios españoles, habrían sido canalizados a través de Focus Social Research, una empresa peruana presentada formalmente como contratante, aunque la Policía sostiene que detrás de la operación estarían los intereses del Grupo Gloria.
El núcleo del caso gira en torno a un litigio millonario en Bolivia. Desde 2011, SOBOCE sostenía un pleito judicial con la Fábrica Nacional de Cemento, FANCESA, por una acusación de competencia desleal. Tras múltiples apelaciones, la justicia boliviana confirmó una sentencia que ordenaba a la cementera vinculada al Grupo Gloria desembolsar 107 millones de dólares, aunque dicha decisión quedó luego temporalmente suspendida al admitirse un recurso de amparo.
En ese contexto, la UDEF señala que Zapatero habría desplegado contactos con altas autoridades bolivianas, incluido el entonces presidente Luis Arce, además de miembros de su gabinete y responsables del área económica y judicial. Las gestiones, según la reconstrucción policial, incluyeron reuniones, comunicaciones y un viaje a Bolivia en septiembre de 2024.
El informe también menciona a Carmen Almendras, exembajadora de Bolivia en España, como una de las intermediarias en los primeros contactos, así como a Ana María Ospina, directora de Asuntos Corporativos del Grupo Gloria, dentro de las conversaciones que precedieron a la firma del contrato. La documentación analizada por los investigadores incluye mensajes, agendas y transferencias bancarias.
Las pesquisas señalan que la sucesión de reuniones, las gestiones efectuadas ante autoridades bolivianas, la suspensión de la condena impuesta a SOBOCE y los pagos realizados después fortalecen la idea de un vínculo directo entre la presunta intermediación y los intereses empresariales del Grupo Gloria; sin embargo, el proceso sigue en curso y aún no existe un fallo definitivo que establezca responsabilidades penales.
Procedencia: Infobae — ABC
