(CNN Español) — La Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción de Costa Rica (FAPTA) ha imputado al expresidente Luis Guillermo Solís Rivera por un delito de influencia contra la Hacienda Pública por el caso conocido como Bancrédito, entidad estatal que cerró en julio de 2017 tras 99 años de funcionamiento. Solís Rivera gobernó Costa Rica de 2014 a 2018.
Dentro un mensaje en su cuenta de TwitterSolís dijo que la acusación lo sorprendió, pero la recibió con calma. Agregó que su gobierno siempre ha actuado conforme a derecho, “buscando el beneficio del país, así como la protección de los acreedores de Bancredito y los derechos de sus trabajadores”.
“Demostraremos que, gracias a nuestro accionar, hemos obtenido un cierre ordenado del banco que ha evitado una afectación total del sistema financiero nacional (…) Como expresidente de la República y ciudadano respetuoso de la institucionalidad marco y garantías del estado de derecho, acudiré a los tribunales para demostrar la legalidad de todas nuestras acciones, y no tengo ninguna duda de que la justicia prevalecerá sobre cualquier interés”, agregó.
la acusación
La acusación también incluye a cuatro miembros del gabinete de Solís: Helio Fallas Venegas, exvicepresidente y exministro de Hacienda; Sergio Alfaro Salas, exministro de la Presidencia; Martha Cubillo Jiménez, ex Viceministra de Egresos y Tesorera Nacional, y Mauricio Arroyo Rivera, en su calidad de Subtesorero Nacional.
El exministro Alfaro Salas se defendió a través de un mensaje difundido por un vocero de este equipo de gobierno.
“Acepto esta noticia con la tranquilidad de quien sabe que no ha delinquido, y compareceremos ante los tribunales para hacer la defensa pública correspondiente”, dijo.
CNN está tratando de averiguar la reacción de los otros acusados.
Según la acusación de la fiscalía, los procesados acordaron transferir dinero del Tesoro Nacional a Bancredito, “sin respaldo técnico y con una posibilidad de devolución bajísima, con la intención de que el banco pareciera tener un índice de liquidez suficiente”.
La fiscalía dijo en un comunicado que aparentemente la transferencia tenía como objetivo evitar que el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) ordenara la intervención del banco, debido a los graves problemas de liquidez que enfrentaba y, por tanto, para evitar que la imagen del gobierno. Solís Rivera resultó dañado. Según la Fiscalía, la actuación de los imputados perjudicó el erario público y el interés público.
La fiscalía anunció este jueves que la acusación fue presentada el pasado viernes ante el juzgado correccional de hacienda y función pública. La oficina de prensa de la entidad le dijo a CNN que el siguiente paso es que el Juzgado Penal de Hacienda cite a las partes y celebre una audiencia preliminar para determinar si el caso irá a juicio.