El Salvador celebra su primer año bajo el polémico régimen excepcional de Bukele

(CNN Español) –– El Salvador celebra este lunes un año de la instauración del régimen de emergencia, una política lanzada por el gobierno del presidente Nayib Bukele con aprobación de la Asamblea Legislativa, luego de que un estallido de violencia dejara 62 personas muertas en un fin de semana de marzo de 2022. en medio de supuestas negociaciones, nunca formalizadas ni admitidas por las partes, de una tregua entre el gobierno y las pandillas.

La dura política, que suspende los derechos y garantías previstos en la Constitución, ha sido aplaudida por algunos sectores de la población. También ha dejado más de 65.000 personas detenidas este año, en medio de críticas de organizaciones de derechos humanos dentro y fuera del país, así como de familiares de los detenidos, por detenciones injustas y presuntas violaciones a los derechos humanos.

“Ayudó a alguien a poder salir libremente con sus hijos, sin ninguna preocupación”, dijo a CNN Alicia Monroy, residente de la colonia La Campanera, un barrio del populoso municipio de Soyapango, a unos 12 kilómetros de San Francisco. . .

La Campanera fue donde el fotoperiodista Christian Poveda grabó el documental «La vida loca», que retrata la vida dentro de una pandilla. Poveda fue asesinado en 2009 en este mismo sector, luego de que se hiciera pública su producción. Al menos 11 personas fueron condenadas en 2011 por su participación en el asesinato con penas que oscilan entre los 4 y los 30 años de prisión. Otras tres personas fueron condenadas a 10 años en 2013 por este caso, según información periodística.

Este barrio fue uno de los que las autoridades identificaron con una alta concentración de pandilleros. Ahora está bajo el control de los militares que mantienen un cerco que les permite identificar quién entra y sale del área.

«Sí, el vecindario es mucho más tranquilo», agrega Monroy.

A pesar del cambio, no todos se atreven a hablar abiertamente por temor a represalias.

“No sabes lo que puede pasar mañana, los familiares de los pandilleros todavía están aquí”, dijo un hombre a CNN, luego de pedir que no lo filmaran ni lo fotografiaran.

Un recorrido de la CNN por la zona ha constatado que la presencia de militares es evidente durante los recorridos por los distintos pasajes de la colonia. Se han eliminado los grafitis relacionados con pandillas.

“Las pandillas en general se han reducido a la mínima expresión. Y, primero que nada, Dios, vamos a llegar al punto en que ya no existan en nuestro país”, dijo el presidente Nayib Bukele durante un discurso en noviembre pasado.

Se mantiene el régimen excepcional

La Asamblea Legislativa, por mayoría oficialista, aprobó 12 prórrogas y su presidente, Ernesto Castro, dijo que, considerando que tuvo buenos resultados, continuará las prórrogas cuantas veces lo pida el Ejecutivo.

La excepción suspende garantías constitucionales, incluida la libertad de asociación, el derecho a la defensa y amplía la prisión preventiva de 72 horas a 15 días. El régimen también permite que las autoridades intervengan en las telecomunicaciones sin necesidad de obtener la autorización de un juez.

Las autoridades aseguran que la implementación del plan de seguridad, conocido como “control territorial”, y el régimen de emergencia han permitido reducir las cifras de homicidios.

Según estadísticas oficiales, en 2018, el año anterior a que Bukele asumiera la presidencia, El Salvador registró una tasa de 50,4 homicidios por cada 100.000 habitantes. En 2022, esta tasa se ha reducido a 7,8. Para este año, las autoridades esperan que el promedio se acerque a 2, dijo el ministro de Defensa, René Merino Monroy, en una entrevista televisiva.

“327 días acumulados sin asesinato desde que Nayib Bukele fue presidente. Faltan solo 38 días para llegar a un año sin homicidios”, dijo el jueves en un tuit el diputado Christian Guevara, líder de la facción gobernante Nuevas Ideas, partido mayoritario en la Asamblea Legislativa.

Críticas por supuestas violaciones a los DD.HH.

Un informe de Amnistía Internacional destacó en junio de 2022 que el régimen de emergencia violó los derechos humanos, por lo que llamó sin éxito al gobierno del presidente Bukele a poner fin a esta medida de emergencia.

A estas acusaciones se han sumado organismos locales de derechos humanos y otros organismos internacionales, como Human Rights Watch, que consideran que el régimen ha encarcelado arbitrariamente a algunas personas ajenas a las pandillas.

“Es una injusticia porque se llevan a muchos trabajadores, sin decir una palabra se los llevan”, dijo a CNN Lilian Laínez, mientras sostenía un cartel frente a la Defensoría del Pueblo para la Defensa de los Derechos Humanos para exigir la liberación. de su compañero, detenido el pasado mes de enero.

Al igual que Laínez, muchas familias han denunciado ante organismos de derechos humanos lo que consideran detenciones arbitrarias.

El gobierno dice que desde que entró en vigor el régimen de emergencia, más de 3.000 personas han sido puestas en libertad por los jueces porque no se han encontrado pruebas de que hayan participado en algún delito o tenido alguna relación con pandillas.

“Todos los inocentes serán liberados, pero los culpables irán a la cárcel y tendrán que pagar”, dijo Bukele durante un discurso el 17 de enero.

El gobierno ha indicado que el régimen de emergencia se mantendrá vigente hasta que todos los integrantes de las bandas sean detenidos, sin precisar cuántos integrantes de estas estructuras quedarían por arrestar.

Ante el aumento del número de presos, el gobierno de Bukele construyó un penal con capacidad para 40.000 presos, el más grande de América Latina. La Dirección General de Centros Penitenciarios ya ha trasladado a esta megacárcel unos 4.000 detenidos, la mayoría de los cuales han sido condenados por los tribunales. Defensores de derechos humanos han criticado las condiciones en que se encuentran recluidos, ya que las celdas cuentan con tres columnas de cabinas metálicas en las que los detenidos deben dormir, sin posibilidad de contar con colchones, según las autoridades.

Bukele acusó a quienes critican su estrategia de seguridad de defender los derechos de los delincuentes y no los de la población.

Saenz Olvera
Fito Saenz Olvera