(CNN Español) — Un informe de Amnistía Internacional encontró que el régimen de emergencia había violado los derechos humanos y llamó al gobierno del presidente Nayib Bukele a poner fin a la medida y revertir las reformas legislativas que violan los derechos humanos.
“Ha decidido apostar por estrategias y políticas ilegales y fallidas del pasado, el régimen de excepción y las reformas legislativas que lo acompañan son la máxima expresión de este ataque a la legalidad y los derechos humanos”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas. . de Amnistía Internacional, durante una conferencia de prensa en San Salvador.
El régimen de emergencia fue aprobado por la Asamblea Legislativa el 27 de marzo, a pedido del ejecutivo ante el recrudecimiento de la violencia que dejó 62 muertos en un solo día.
El régimen que suspende las garantías constitucionales rige tras la segunda prórroga aprobada el 25 de mayo. Esta medida suspende garantías constitucionales, incluyendo la libertad de asociación, el derecho a la defensa y amplía la prisión preventiva de 72 horas a 15 días. El régimen también permite que las autoridades intervengan en las telecomunicaciones sin necesidad de autorización de un juez.
Guevara Rosas asegura que Amnistía Internacional ha desplegado un equipo de intervención en crisis en El Salvador, lo que solo ocurre cuando la organización considera que “pueden ocurrir violaciones generalizadas y sistemáticas y generar responsabilidad penal internacional”, agregó.
CNN ha solicitado comentarios del gobierno, a través del Departamento de Comunicaciones, pero aún no ha recibido una respuesta.
“Esperemos que así como se preocupan porque capturamos delincuentes, se preocupen por nuestros hijos, nuestros adultos mayores, nuestros trabajadores, nuestra gente inocente que sufrió por estos mismos delincuentes”, aseguró el presidente Nayib Bukele durante su tercer informe anual de gobierno. a la Asamblea Legislativa el miércoles.
Guevara Rosas sostiene que «la policía realiza detenciones masivas en base a denuncias anónimas, no comprobadas, prejuicios discriminatorios por clase social o rasgos raciales, por tener tatuajes o antecedentes penales».
Un comunicado del gobierno dice que desde que entró en vigor el régimen de emergencia hasta el martes, más de 36.000 personas han sido detenidas.