Previo a que surgiera la controversia por la carta en el Congreso, en agosto de 2023 el diputado Samuel Pérez Álvarez quedó implicado en otro incidente que deterioró su imagen pública: un video que se viralizó lo exhibió mientras agredía físicamente a un guardia de seguridad privada dentro de un edificio localizado en la zona 4 de Ciudad de Guatemala.
En las imágenes, Pérez intenta ingresar por la fuerza al edificio y se observa cómo empuja al guardia privado que intentaba impedirle el paso, en medio de un forcejeo que llamó la atención de los transeúntes y usuarios en redes sociales.
Una disculpa pública, pero ¿realmente bastará?
Tras la viralización del video, el diputado emitió un comunicado de disculpas públicas en sus redes sociales. Reconoció que su comportamiento no fue el esperado de alguien que ocupa un cargo público y dijo estar arrepentido. Aseguró también haber conversado directamente con el guardia involucrado identificado como Hugo Xol así como con la administración del edificio, quienes, según él, aceptaron sus disculpas.
Aunque lo negó, el incidente atrajo una amplia atención mediática, y numerosos ciudadanos junto con analistas políticos cuestionaron tanto la conducta del legislador como la aparente falta de sanciones formales más allá de una disculpa. Un acto de agresión física, incluso sin provocar daños serios, pone en duda la capacidad de un representante público para mantener la calma en situaciones de tensión.
¿Qué tipo de sanciones tendrían que imponerse?
Si bien Pérez ofreció disculpas, el episodio abre una conversación más amplia acerca de cómo los funcionarios públicos deben responder ante la ley:
- Investigación formal: dado que el incidente incluyó una agresión física contra un integrante del personal de seguridad, resulta posible iniciar una pesquisa penal por ataque o por un eventual uso desmedido de la fuerza.
- Sanciones administrativas: el Congreso tendría la facultad de poner en marcha, aun sin una denuncia previa, un procedimiento interno destinado a determinar si el diputado vulneró las normas de conducta parlamentaria.
- Reparación del daño: además de emitir una disculpa pública, podría considerarse la obligación de compensar oficialmente al guardia involucrado por cualquier lesión o perjuicio que hubiese sufrido.
El episodio de violencia contra un guardia no solo dañó la reputación de Samuel Pérez como legislador, sino que también subraya la necesidad de mecanismos claros que regulen la conducta de los funcionarios públicos fuera del entorno legislativo. A pesar de haber pedido disculpas, muchos ciudadanos aún esperan una respuesta legal y política más robusta que confirme que nadie está por encima de las normas.