Debate sobre el rol de las Fuerzas Armadas en las elecciones de Honduras 2025

La confianza en las Fuerzas Armadas de Honduras como responsables del proceso electoral ha sido un tema de intenso escrutinio público después de las elecciones primarias del 9 de marzo de 2025. Diferentes grupos sociales y partidos opositores han expresado su inquietud por varias anomalías logísticas, especialmente en la distribución del equipo electoral en ciudades importantes como Tegucigalpa y San Pedro Sula, donde se registraron retrasos de hasta doce horas en la entrega de los paquetes electorales. Esta situación provocó largas colas de votantes, manifestaciones ciudadanas y un clima general de insatisfacción, demostrado tanto en los lugares de votación como en las redes sociales, donde se compartieron imágenes y testimonios sobre la falta de materiales y la poca presencia de personal en las mesas receptoras.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) admitió públicamente los problemas en la distribución, señalando que fueron causados por alteraciones de última hora en los medios de transporte, al cambiar de camiones a autobuses, lo cual impactó la organización y el cumplimiento del calendario. A pesar de los intentos del CNE por manejar la situación y encontrar urnas perdidas, el malestar persistió, particularmente en la capital, donde al ampliar el horario de votación no se logró cumplir con las expectativas de los ciudadanos que esperaban ejercer su derecho al voto.

Dudas sobre la función de las fuerzas armadas en las elecciones

En esta situación, las Fuerzas Armadas reafirmaron su compromiso con la democracia y la transparencia en las elecciones, garantizando que seguirían el calendario establecido por el CNE. El Gobierno, por otro lado, mostró un apoyo absoluto a la institución militar, subrayando su rol en la seguridad y la organización electoral. No obstante, la presidenta del CNE, Cossette López, indicó que las Fuerzas Armadas no asumieron su responsabilidad en los retrasos y denunció episodios de agresiones verbales por parte del jefe del Estado Mayor Conjunto, general Roosevelt Hernández. Esta tensión institucional entre el CNE y las Fuerzas Armadas incrementó la inquietud sobre la imparcialidad y eficacia del proceso electoral planeado para noviembre de 2025.

El marco jurídico en Honduras, en particular el artículo 272 de la Constitución, asigna a las Fuerzas Armadas la tarea de asegurar la alternancia en el poder y ocuparse del resguardo, traslado y supervisión de los materiales de los comicios, en conjunto con el CNE. No obstante, hay restricciones claras para los integrantes de las Fuerzas Armadas, como no intervenir en las funciones de las Juntas Receptoras de Votos, no influir en el sentido del voto, no tomar parte en actividades políticas, o evitar la demora injustificada en el movimiento del material electoral. A pesar de estas limitaciones, la estructura institucional actual sigue manteniendo a los militares como guardianes de la democracia, algo poco frecuente internacionalmente y que, según ciertos análisis, pone de relieve la debilidad y baja calidad democrática del país.

Iniciativas de cambio y discusión sobre el rol de las fuerzas armadas

Frente a los acontecimientos recientes, se han intensificado las iniciativas para reformar la constitución con el fin de reducir o eliminar el papel de las Fuerzas Armadas en los comicios. El abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos ha propuesto transferir las funciones electorales a organismos civiles, sosteniendo que los procesos deben ser gestionados solo por estas entidades. Asimismo, el legislador Ramón Barrios del Partido Libertad y Refundación (Libre) presentó una propuesta para modificar el artículo 272 de la Constitución. Esta propuesta busca limitar la intervención militar en asuntos electorales y fortalecer la estructura civil. No obstante, esta medida ha suscitado opiniones divididas, incluso en su propio partido y entre grupos opositores, que ven la propuesta como un posible intento del oficialismo de acumular poder.

La discusión acerca de la involucración militar en los comicios ha sido impulsada por la preocupación de que la independencia del CNE pueda estar comprometida y por el historial de injerencias militares en la política de Honduras. Entidades como el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD) han propuesto que la modificación del artículo 272 debe ir acompañada de una redefinición más amplia de las funciones de las Fuerzas Armadas, limitando sus responsabilidades y fortaleciendo el control civil sobre la entidad militar. Entre las iniciativas también se contempla el fortalecimiento del Ministerio de Defensa y la revisión de la Comisión Legislativa de Defensa Nacional, con el fin de avanzar hacia un control democrático efectivo y reducir la influencia militar en la política.

El debate acerca de la función de las Fuerzas Armadas en los comicios de Honduras sigue siendo un asunto crucial en la agenda política, con solicitudes de reformas que garanticen la autonomía y claridad del proceso electoral. La confianza en la integridad del sistema electoral se considera esencial para la estabilidad democrática del país, y la discusión actual muestra la necesidad de reforzar las instituciones civiles y asegurar votaciones libres y transparentes.