En un informe realizado este miércoles, el obispo emérito de la Diócesis de Tapachula, Jaime Calderón, denunció una situación alarmante en la Sierra Fronteriza entre México y Guatemala, donde casi 600 personas buscaron refugio en territorio guatemalteco a causa de la violencia. En medio de esta crisis, la población civil se vio obligada a actuar como escudos humanos en los enfrentamientos entre grupos del crimen organizado que compiten por el control de la región.
Calderón describió cómo los habitantes de la región ya estaban subitodos en condiciones angustiantes, con comunidades secuestradas en sus propios hogares, obligadas a pagar extorsiones y enfrentar retenes viales impuestos por los criminales. Sin embargo, en fechas recientes, se sumó la presión de ser amedrentados, amenazados y forzados a participar como escudos humanos en los enfrentamientos entre los carteles de la droga.
Los hechos mencionados tuvieron lugar los días 20 y 22 de julio, aunque no se dieron detalles específicos sobre las comunidades afectadas.
El presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, confirmó este miércoles la llegada de familias mexicanas que huyen de la violencia, y al menos 580 personas reciben asistencia en Guatemala, entre niños, mujeres, hombres y ancianos.
Estas familias llegaron a varios puntos en el municipio de Cuilco, departamento de Huehuetenango, a partir del 23 de julio, un día después de los eventos descritos por el obispo Calderón.
Aunque las autoridades mexicanas no emitieron declaraciones al respecto, informaron a las autoridades guatemaltecas que abandonaron sus hogares debido a la escasez de alimentos y la violencia generada por grupos del crimen organizado.
La lucha entre el Cartel de Sinaloa y el Cartel de Jalisco Nueva Generación por el control de las rutas de tráfico de migrantes, drogas y armas en Chiapas ha contribuido al aumento de la violencia en la región, utilizando conflictos locales para dividir a las comunidades.
La presencia de los militares y la Guardia Nacional mexicana en la zona, según Calderón, no ha sido suficiente para proteger a la población, ya que, según denunciado, reciben órdenes de no intervenir. Mientras tanto, los cárteles buscan imponer silencio, amenazando a la población para que no divulgue lo que están viviendo.
Ante esta crítica situación, el obispo hizo un llamado a la comunidad a alzar la voz, unirse y resistir contra los criminales que pretendían sembrar miedo y división. Los desplazamientos de población en Chiapas no han aumentado en los últimos meses, con miles de personas abandonando sus hogares ante la escalada de violencia, creando una crisis humanitaria sin precedentes en la región.