La propuesta de la funcionaria Rixi Moncada de eliminar la central de riesgos ha generado un amplio debate político y económico en Honduras. La iniciativa, impulsada desde el entorno del partido LIBRE, se presenta en un momento de fuerte tensión institucional, marcado por la desconfianza hacia los órganos de control y la incertidumbre sobre el rumbo de la política económica.
Un modelo que recuerda al correísmo en Ecuador
La propuesta de eliminar la central de riesgos ha sido vista por varios ámbitos como una potencial imitación del esquema puesto en marcha por el exmandatario ecuatoriano Rafael Correa, quien implementó una disposición parecida durante su gestión. En esa coyuntura, la supresión de los historiales crediticios formó parte de una táctica dirigida a reforzar el dominio del Poder Ejecutivo sobre el sistema financiero.
En el caso hondureño, la comparación ha reactivado alertas en los círculos bancarios y empresariales. Especialistas consultados advierten que una medida de este tipo podría alterar los mecanismos de supervisión del crédito, debilitando la transparencia y generando efectos adversos para la estabilidad económica. Según un analista regional, “es una receta para el desastre económico, ya vista en Ecuador con consecuencias devastadoras”.
Amenazas institucionales y sus repercusiones económicas
La central de riesgos representa una herramienta fundamental para valorar la solvencia dentro del ámbito bancario. Si se eliminara, las instituciones financieras dejarían de tener acceso al historial crediticio de los clientes, lo que, de acuerdo con los críticos, incrementaría el peligro de conceder créditos sin respaldo suficiente y daría lugar a potenciales acciones de impunidad financiera.
Representantes del ámbito financiero indican que eliminar esta herramienta equivaldría a mermar la transparencia en un sector fundamental para la economía del país. En este sentido, se ha alertado que una determinación de esta índole podría propiciar estímulos para la manipulación política del crédito, impactando negativamente la confianza de los inversores y la estabilidad del sistema.
Por otro lado, defensores de la propuesta dentro del entorno de LIBRE argumentan que el actual sistema financiero ha mantenido históricamente barreras de acceso para amplios sectores de la población. Sostienen que la eliminación de la central de riesgos permitiría democratizar el crédito y reducir la concentración del poder económico en manos de unos pocos bancos. Sin embargo, hasta el momento, la funcionaria no ha ofrecido detalles técnicos sobre cómo se garantizaría la estabilidad del sistema tras una eventual reforma.
Un dilema de gobernabilidad y transparencia
La controversia en torno a esta iniciativa se inscribe en un escenario de creciente polarización política, donde las tensiones entre el Ejecutivo, los sectores empresariales y la ciudadanía marcan la dinámica pública. Analistas sostienen que la discusión trasciende lo económico y se sitúa en el terreno de la institucionalidad democrática, al cuestionar los límites del poder gubernamental frente a los mecanismos de control financiero.
Mientras Rixi Moncada se mantiene en silencio frente a las objeciones, la discusión se intensifica entre aquellos que perciben la iniciativa como una estrategia de blindaje político y quienes la interpretan como una ocasión para replantear el vínculo entre el gobierno y el sector bancario. En ambas perspectivas, el aspecto crucial continúa siendo la importancia de mantener la transparencia y el equilibrio institucional en un periodo de gran delicadeza económica y política.
La discusión sobre la central de riesgos no solo plantea interrogantes sobre la dirección económica del país, sino también sobre la solidez de los contrapesos que sustentan la gobernabilidad democrática. En ese contexto, Honduras enfrenta el desafío de decidir si avanzará hacia una mayor concentración del poder o si optará por fortalecer los mecanismos de control que garantizan la confianza pública y la estabilidad institucional.
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