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La iniciativa legislativa reciente en Honduras, liderada por diputados del Partido LIBRE, ha suscitado una intensa polémica en los sectores político y económico del país. Estos parlamentarios intentaron aprobar con celeridad y sin lograr consenso la Ley de Justicia Tributaria, una propuesta que ha sido discutida debido a sus posibles efectos sobre la inversión y el empleo. La estrategia buscaba aprovechar la ausencia parcial de diputados opositores para forzar la aprobación durante el último debate; no obstante, la falta de quórum y la reacción de los opositores impidieron que esta acción se llevara a cabo.
Antecedentes y respuestas en relación con la Ley de Equidad Fiscal
El intento de aprobación exprés de la Ley de Justicia Tributaria por parte de los diputados oficialistas del Partido LIBRE fue percibido como una maniobra para imponer una agenda fiscal sin el consenso necesario. La estrategia consistía en aprovechar un momento de ausencia parcial de la oposición en el hemiciclo para aprobar la ley en su tercer y último debate. Sin embargo, esta acción no se pudo concretar debido a la falta de quórum y a la rápida respuesta de los diputados opositores que impidieron la votación. Este hecho ha evidenciado la división política en el Congreso hondureño y la resistencia de la oposición a una ley que consideran perjudicial para el país.
La oposición a la Ley de Justicia Tributaria no solo proviene del ámbito político, sino también de los sectores empresariales y los grupos gremiales. Empresarios y líderes de gremios productivos han manifestado su inquietud por las repercusiones de esta ley, sugiriendo que podría desincentivar la inversión tanto nacional como extranjera. Esto, a su vez, podría llevar al cierre de numerosas empresas y a un aumento del desempleo. Asimismo, hay una advertencia sobre la posibilidad de que esta normativa favorezca una concentración del poder económico en manos del Estado, lo que tendría un impacto relevante en la economía del país.
Movilización ciudadana y perspectivas futuras
La respuesta de la sociedad frente al fallido intento de aprobar la Ley de Justicia Tributaria fue rápida, con varios grupos de la sociedad civil convocando a protestas para exigir más claridad, una discusión pública extensa y la adhesión a los procedimientos legislativos vigentes. Representantes de entidades como el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) han expresado su oposición a la implantación de una ley que, a su juicio, perjudicaría a millones de ciudadanos, destacando que sin un apoyo mayoritario no hay un mandato legítimo para su implementación.
Respecto a los próximos pasos, la oposición ha declarado que seguirá presionando para impedir cualquier intento de aprobación que no respete los procedimientos legales y democráticos. Mientras tanto, el Partido LIBRE intenta reformular sus alianzas para buscar nuevamente la aprobación de la normativa. De esta manera, la controversia sobre la Ley de Justicia Tributaria continúa, mostrando la complejidad del diálogo fiscal y político en Honduras y la necesidad de alcanzar acuerdos que tomen en cuenta las distintas opiniones del país.
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