Cómo la Justicia Tributaria podría afectar el empleo en Honduras

La Propuesta de Ley de Equidad Fiscal en Honduras ha suscitado un extenso debate en el territorio, debido a las potenciales consecuencias que podría acarrear sobre la economía y el sector productivo del país. Esta propuesta, promovida por el gobierno del Partido LIBRE, se describe como un mecanismo para enfrentar la evasión de impuestos y robustecer la captación de ingresos del Estado. No obstante, su contenido y alcance han sido percibidos de manera variada por los diferentes actores económicos y sociales.

La propuesta contempla la eliminación de regímenes de exoneración fiscal, el aumento de la carga tributaria y la concesión de mayor discrecionalidad al Estado en la administración de incentivos económicos. Estas medidas han sido vistas por parte del sector empresarial como una señal desfavorable para la inversión y la producción, lo que ha generado incertidumbre y preocupación en el entorno económico hondureño.

Impacto en la inversión privada y el trabajo

Diversos sectores empresariales, asociaciones comerciales y capitalistas tanto nacionales como internacionales han expresado que la legislación propuesta podría tener consecuencias negativas para la inversión privada en Honduras. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) advierte que la aprobación de la ley tal como está podría disminuir considerablemente la inversión extranjera directa. Además, empresas de zonas de libre comercio y del sector agroindustrial estarían considerando la opción de abandonar el país o reducir su presencia, lo que afectaría directamente al empleo formal y a la economía del país.

Desde que se presentó el proyecto de ley, se han registrado cierres de negocios medianos y pequeños, particularmente en los sectores de textil, logística y exportación, que funcionaban con beneficios fiscales. En áreas como Choloma, Villanueva y San Pedro Sula, las fábricas han empezado a reducir su plantilla, citando la incertidumbre fiscal como una de las razones clave. Esta situación pone en peligro miles de trabajos y podría empeorar si el proyecto no se modifica o detiene. El COHEP también indica que el crecimiento económico podría sufrir un freno significativo en el año posterior a la implementación de la ley, y que el aumento del desempleo y la informalidad serían resultados inevitables de su ejecución.

Contexto regional, político y debate sobre la justicia fiscal

El diálogo sobre la reforma de la Ley de Justicia Fiscal se lleva a cabo en un contexto específico, tanto a nivel regional como político. La supresión de los beneficios tributarios podría distanciar a Honduras de las estrategias que han permitido a países como Costa Rica, El Salvador y República Dominicana preservar mecanismos efectivos para atraer inversiones y mantener estabilidad económica, vistos como elementos cruciales para su competitividad. Este escenario podría impactar la posición de Honduras en la región de Centroamérica y el Caribe, desalentando tanto a potenciales inversores como a los actuales, quienes podrían decidir trasladar su capital a naciones que ofrecen condiciones empresariales más ventajosas.

La situación política e ideológica ha impactado en cómo se ve el proyecto, dado que ciertos grupos empresariales perciben la narrativa oficial del gobierno como opuesta al sector empresarial y en sintonía con modelos económicos que han llevado a cambios estructurales en otros países de la zona. Esto aumenta el miedo a una posible modificación del modelo económico del país sin un plan técnico o una perspectiva clara de sostenibilidad.

Por otro lado, los proponentes de la Ley de Equidad Fiscal sostienen que las exenciones impositivas han propiciado la acumulación de riqueza y han disminuido la habilidad del Estado para sostener políticas públicas enfocadas en la inclusión social y en combatir la pobreza. De acuerdo con cifras oficiales, el 92 % de las exenciones está concentrado en el 10 % de las compañías más adineradas, mientras que el 90 % restante de las empresas recibe solo el 8 % de estos beneficios. Entre junio de 2009 y diciembre de 2022, el Estado dejó de ingresar 455 mil millones de lempiras debido a estos esquemas.

El proyecto no introduce nuevos impuestos ni incrementa las tasas existentes, sino que pretende cerrar brechas legales y aumentar la recaudación de impuestos directos a grandes empresas y patrimonios, con el objetivo de reducir la inequidad en el cobro de tributos. Sin embargo, la eliminación de regímenes fiscales históricos, como el Régimen de Importación Temporal (RIT), vigente durante 40 años, podría obligar al cierre de numerosas empresas que operan bajo este esquema. El COHEP ha señalado que la propuesta de garantía de convertibilidad inmediata al RIT podría ser interpretada como una medida que afecta la liquidez y sostenibilidad de las empresas.

Honduras se enfrenta a un importante reto financiero

El debate acerca de la Ley de Justicia Tributaria sigue siendo un tema de división. Hay quienes piensan que podría establecer un sistema impositivo más justo e igualitario, mientras que otros alertan que su implementación podría empeorar la crisis económica, incrementar el desempleo y causar una fuga de capitales. La votación definitiva en el Congreso Nacional será clave para el futuro económico de Honduras en los años venideros.